Asociaciones saharauis amplían la querella por genocidio a excargos marroquíes

Asociaciones en apoyo al pueblo saharaui han ampliado una querella criminal, interpuesta ante la Audiencia Nacional en 2006 contra ex altos cargos marroquíes supuestamente involucrados en la desaparición y asesinato de saharauis en 1976, con un informe pericial sobre el hallazgo de fosas comunes en Samra.

La asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), con el apoyo de la Consejo General de la Abogacía Española, ha presentado esta semana el informe Mehiris: La esperanza posible, que ha servido de base para ampliar la querella por genocidio de hace siete años y documentar el hallazgo de dos fosas comunes en Samra. En ellas se encontraron ocho cadáveres de ciudadanos saharauis (seis adultos y dos menores) y documentación como dos DNI españoles.

En 2006, varias asociaciones en apoyo del pueblo saharaui interpusieron ante la Audiencia Nacional una querella por secuestro, tortura y asesinato contra altos mandos militares del ejército de Marruecos por la desaparición de 542 personas desde 1975, bastantes de ellas con nacionalidad española. Según la denuncia, a partir de ese año, cuando España se retiró del Sahara, Marruecos ocupó el territorio "mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años", y el Ejército marroquí llevó a cabo "el secuestro, encarcelamiento y desaparición" de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad española, entre 1975 y 1980.

La ampliación de la querella se basa en un estudio de la asociación Pro Derechos Humanos España 

Y esta tesis es la que quiere corroborar el informe de la exhumación de las fosas que, además de ampliar con base documental la querella, pretende aportar pruebas fehacientes sobre la identidad de las ocho personas asesinadas. Carnés de identidad, restos óseos agujereados por proyectiles de fusil militar, exámenes de ADN que establecen correspondencia con familiares o diversos objetos identificativos, son algunas de las pruebas custodiadas por el equipo forense del País Vasco que llevó a cabo la exhumación, según los requerimientos legales.

El abogado de la acusación por genocidio de la Apdhe, Manuel Ollé, explicó en la presentación del informe que el Ministerio Fiscal "está pendiente" de evaluarlo y añadió que el equipo que dirige tiene indicios sobre la existencia de otras tres fosas entre Amgala y Mehiris, región de Samra.

El informe se llevó a cabo tras la petición de la asociación de familiares y desaparecidos Afapredesa, quienes demandaban una investigación en dicha zona del Sáhara Occidental, en la que desaparecieron numerosas personas en febrero 1976. Ollé afirmó que, pese a que las peticiones para que se ejecuten las comisiones rogatorias con Marruecos (comunicación oficial que un juez o tribunal dirige a una autoridad judicial extranjera) no han prosperado, la querella "sigue avanzando con pruebas documentales" como la exhumación de las dos fosas, que aseguran que ha servido para corroborar los testimonios de familiares y ciudadanos saharauis.

Acusó al Gobierno de Marruecos de "encubrir un genocidio" y de ser "responsables de los mismos", en alusión a un informe emitido por las autoridades militares del país que indicaba que algunos saharauis habían sido enterrados en esa zona tras morir "por causas naturales" al cumplir un arresto legal, que se produjo por hechos que Marruecos consideraba como delitos.

A la espera de "alguna" comunicación

El antropólogo y perito Francisco Etxebarría, que dirige la investigación y ha participado en exhumaciones de fosas de la Guerra Civil, afirmó que aún queda "oficializar" el informe, que incluye la prueba técnica forense y denuncia las violaciones de tratados internacionales y de derechos humanos, entre otras cuestiones. Etxebarría aseguró que aún siguen "a la espera" de alguna "comunicación" por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que se reunieran hace un mes con la representante para el Magreb del Departamento. Indicó que Exteriores solo les requirió dos fotografías de "mayor calidad" de los carnés identificativos citados. El antropólogo pidió al Gobierno español que entregue "la información a las autoridades competentes" y solicite a Marruecos que colabore tanto en la investigación como en los procesos judiciales, ya que las pruebas, a su juicio, "son contundentes".

Pero no sólo por los cientos de saharauis con nacionalidad española que fueron torturados y asesinados desde finales de los 70 hasta principios de los 80, prosiguió el antropólogo, sino también por los abusos, violaciones y vejaciones contra el pueblo saharaui por parte de las fuerzas militares marroquíes.