Un hospital infantil de la provincia de Logar, al sur de Kabul, se convirtió este viernes en el escenario de una de las peores masacres de los últimos tiempos en Afganistán. Un suicida explotó el camión que conducía a las puertas del hospital de Azra y lo hizo saltar por los aires. La potente explosión, que destrozó también el edificio oficial anexo, mató al menos a 30 personas, en su mayoría mujeres y niños e hirió a decenas más, muchas de gravedad, según el portavoz provincial, Din Mohamad Darwish.

'La cifra de muertos, entre los que hay sobre todo mujeres y niños, aumentará porque muchos heridos están en estado grave', afirmó Darwish, que añadió que aún continúa la búsqueda de víctimas entre los escombros.

La OTAN atribuye el ataque a los talibanes, pero ellos lo niegan

'Este acto inhumano no tiene precedentes en nuestro país', señaló en un comunicado el Ministerio de Sanidad afgano. Es el peor ataque contra un centro hospitalario desde la caída del régimen talibán, en 2001. El presidente, Hamid Karzai, señaló que el atentado era una acción de 'los bárbaros e ignorantes enemigos de Afganistán'.

Pese a la cercanía de Azra con Kabul, menos de 60 kilómetros, el Gobierno de Karzai no tiene ningún control sobre esta población. Su cercanía a la frontera afgana la ha convertido en un lugar de tránsito para traficantes e insurgentes, destaca la BBC.

El Gobierno afgano y la OTAN atribuyeron la acción a los talibanes, pero éstos negaron la autoría del ataque. 'Nosotros no atentamos contra hospitales. Condenamos este ataque que ha matado a decenas de civiles inocentes', afirmó el portavoz talibán, Zabiulá Muyahid.

Pese a la cercanía de Azra con Kabul, la población escapa al control del Gobierno

'Para nosotros está claro que es un ataque realizado por invasores extranjeros que acusan a los talibanes con el objetivo de facilitar el traspaso de la seguridad del país a las fuerzas afganas', declaró Muyahid a Efe.

Fuentes del espionaje afgano consultadas por Reuters dudaban que el hospital fuese el objetivo del ataque, ya que, según explicaron a Reuters, el suicida detonó la carga cuando la Policía intentó detener su vehículo.

En menos de 24 horas han muerto más de 40 civiles en Afganistán

Con las víctimas de esta matanza ya son más de 40 los civiles muertos en las últimas 24 horas en el país. Este viernes por la tarde, un ataque acabó con la vida de al menos nueve civiles, entre ellos una niña, cuando una bicicleta bomba estalló frente a un puesto de helados en el distrito de Khanabad, en la norteña provincia de Kunduz.

Según algunos lugareños citados por la agencia local AIP, la explosión tuvo lugar en una plaza habitualmente ocupada por miembros de la Policía afgana. Aún así, los talibanes también negaron estar relacionados con el ataque.

Mientras los socios de la OTAN preparan la retirada de sus primeras tropas y el traspaso de la seguridad de las regiones más pacíficas a las fuerzas afganas, la violencia está alcanzando máximos históricos para esta época del año. Además, organizaciones como International Crisis Group (ICG) advierten que paralelamente al aumento de la inseguridad, se está disparando también la corrupción.

Según un avance del último informe de ICG, que se publicará la próxima semana, la violencia y los miles de millones de dólares entregados a las autoridades afganas como ayuda internacional al desarrollo, han creado extrañas alianzas entre empresarios e insurgentes. Como consecuencia, señalan, 'la economía está cada vez más controlada por una oligarquía criminal de empresarios con buenos contactos políticos', concluye el documento, que se centra en las áreas rurales de Ghazni, Wardak, Logar y la periferia de Kabul.

La corrupción está presente en el Gobierno de Karzai y en la mayoría de provincias afganas, pero las autoridades centrales no actúan salvo en casos excepcionales. También son conscientes los diplomáticos occidentales, como lo demuestran los cables filtrados por Wikileaks. En uno de ellos, el exembajador estadounidense en Kabul, Francis Rocciardone, afirmaba: 'El Gobierno de Ghazni es una empresa criminal disfrazada de administración pública'.

Entre otros delitos, el gobernador provincial de Ghazni, Usman Usmani, contrató a insurgentes a los que ordenaba cometer ataques para distraer la atención de las fuerzas de seguridad y permitir así que sus camiones, cargados de cromita, burlasen los controles.