Este artículo se publicó hace 16 años.
Los bachilleres ponen en jaque el plan de Sarkozy
La protesta estudiantil dificulta el recorte presidencial de los servicios públicos
El grito manifestante que temen todos los gobiernos franceses estalló esta semana en las calles de París. "¡Darcos, si tú supieras por dónde nos metemos tu reforma!" Lo temen porque, cuando resuena en las gargantas de los jóvenes manifestantes, suele ser demasiado tarde para pararlos. Y es exactamente lo que le está ocurriendo al ministro de Educación, Xavier Darcos, que tiene entre manos un proyecto de supresión de casi 11.200 puestos de profesores.
A la tercera semana de creciente agitación estudiantil contra "la reforma", el ministro Darcos tuvo que resignarse ayer a entablar el diálogo con los sindicatos de estudiantes de secundaria. Después de haber hecho oídos sordos a la protesta que busca frenar el proyectado recorte de plantillas de liceos y colegios, la calle le envió una señal inequívoca el jueves. Casi 100.000 bachilleres se manifestaron, unos 25.000 de ellos en París.
De 10 liceos ocupados por los estudiantes el 7 de abril, se pasó a la cifra de más de 80 el jueves pasado en toda Francia. Los choques con la Policía empezaron a ser frecuentes en los liceos profesionales de las barriadas populares de la capital, donde los bachilleres de extrarradio siguen siendo punta de lanza del movimiento iniciado por ellos hace tres semanas.
La protesta ahora se extiende y se consolida. Para el martes próximo, los sindicatos estudiantiles han convocado otra jornada de manifestaciones y ocupaciones de centros educativos. Esta vez, con apoyo de varios sindicatos de maestros y de una federación de padres de alumnos.
Darcos no pudo más que aceptar reunirse ayer con los estudiantes. Para librarse al peligroso y alambicado ejercicio que conocen bien todos los gobernantes de este país acostumbrado a revueltas estudiantiles victoriosas, como la que dejó paticojo a Dominique de Villepin en 2006.
El ministro prometió que va a "volver a hablar de este tema" con los estudiantes el próximo miércoles. Al mismo tiempo, no pudo dar marcha atrás en la brutal supresión de puestos.
Y es que ese recorte está grabado en letras de marmol en la política de "contigo, pan y cebolla" a que ha quedado reducida la ambiciosa reforma de Nicolas Sarkozy.
Confrontado a una peligrosa subida de los déficits y del endeudamiento público, a un fracaso encubierto en su reforma de los regímenes de jubilación y al escaso resultado de las medidas de relanzamiento económico que debían restaurar la confianza, al presidente que debe asumir la cabeza de la Unión Europea el 1 de julio sólo le queda una palanca: recortar gasto público y suprimir empleo público, aunque sea a costa de desorganizar servicios públicos.
El problema, para Sarkozy, es que, si bien es relativamente fácil volver a la opinión pública contra los funcionarios de Justicia que protestan por la supresión de puestos y el cierre de tribunales, mucho más difícil es lograr que los ciudadanos pongan cara de perro a los bachilleres. Son los hijos de la Francia profunda que Sarkozy dice defender quienes se manifestarán el próximo martes.
La ‘Sarkonomía’ no funciona para todosSegún un análisis de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional francesa, la ley sobre horas extra, medida estelar de Sarkozy para “aumentar el poder adquisitivo”, sólo habrá aportado 10 euros de aumento al mes de media a los asalariados.
Esa ley, que desfiscaliza y libera de cotizaciones las horas extra, costó a las arcas del Estado más de 4.000 millones de euros, que hay que sumar a los 9.000 millones de euros que el erario público dejó de percibir a causa de las desgravaciones para las rentas más altas, aprobadas el verano pasado.
Aprobada con toda urgencia la semana pasada, el Revisión General de Políticas Públicas (RGPP) pretende suprimir empleos públicos para ahorrar entre 7.000 y 30.000 millones de euros, según las diferentes versiones de los ministros. Sarkozy se niega a llamarlo “plan de rigor” y sus ministros han recibido la orden de promocionarla como una “reforma cualitativa del Estado”.
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