Un tribunal militar de Bahrein condenó ayer a 20 médicos que habían curado las heridas de manifestantes víctimas de la represión militar con penas de cárcel de entre 5 y 15 años, acusándoles de haber participado en las protestas prodemocráticas contra la monarquía suní que sacuden este país del Pérsico.

La misma Corte sentenció a muerte a un manifestante acusado de haber asesinado a un policía y de participar en actos de protesta "ilegales con fines terroristas", según informó la agencia oficial BNA. Otro activista fue condenada a cadena perpetua por losmismos hechos.

Las penas desataron la ira de los grupos opositores chiíes y vuelven a evidenciar la escasa voluntad de diálogo de la monarquía suní, que aplastó ferozmente las revueltas en marzo con la colaboración de los países vecinos y ante la pasividad de Occidente. La represión de las Fuerzas de Seguridad causó 40 muertos y cientos de heridos, mientras que más de 1.500 personas fueron detenidas.

Los musulmanes chiíes representan el 70% de la población pero están discriminados de las decisiones de poder, en manos de los suníes que reinan en el país desde el siglo XVIII. Los opositores reclaman la instauración de una monarquía constitucional y un Parlamento representativo con capacidad legislativa. También piden la renuncia de un tío del rey Hamad bin Isa al Jalifa, que posee el récord mundial de ser el primer ministro que lleva más tiempo en su cargo, más de cuatro decenios.

De los 20 médicos condenados ayer, la gran mayoría son chiíes. Trece de ellos fueron sentenciados a 15 años de cárcel, mientras que dos recibieron penas de diez años y los cinco restantes, de cinco años.

Una pena de muerte y nueve cadenas perpetuas contra los manifestantes

La Corte castrense los halló culpables de ocupar un centro sanitario por la fuerza, poseer armas de fuego sin autorización, robar equipamientos médicos, intentar "dar un golpe de Estado" y negarse a atender a agentes del orden.

Los doctores trabajaban en el Hospital Salmaniya, que fue ocupado por las Fuerzas de Seguridad en marzo después de desalojar la vecina Plaza de la Perla, el epicentro de las protestas. Los médicos acusan a las autoridades de inventarse los cargos porque querían castigarlos por haber atendido a opositores heridos por la represión policial. Familiares de los doctores denunciaron en junio que los procesados fueron torturados para forzarles a hacer confesiones falsas.

"Estamos muy sorprendidos porque creíamos que los iban a considerar inocentes. Las sentencias de esta semana me hacen ser muy pesimista", lamentó el abogado de la defensa, Mohsen al Alawi.

Otro tribunal militar condenó el miércoles a cadena perpetua a ocho chiíes por manifestarse contra la monarquía.

El veredicto desata la ira de la oposición chií que impulsó las protestas en febrero

Un portavoz de la Autoridad de Asuntos Internacionales de Bahréin defendió la condena a los médicos: "Abusaron de sus poderes por motivaciones políticas. Nadie está por encima de la ley". Pero el ministro de Exteriores británico, William Hague, calificó el veredicto de "desproporcionado".

Bahréin es un archipiélago de apenas 727 kilómetros cuadrados en el que viven poco más de un millón de habitantes, la mitad extranjeros. Pese a su tamaño, es un país estratégico. Ubicado en el Pérsico, está unido por un puente con Arabia Saudí, el primer productor mundial de petróleo. Bahréin es un títere de Riad y fiel aliado de Estados Unidos, cuya Quinta Flota está basada allí, para proteger el flujo petrolero por el estrecho de Ormuz.

El Gobierno de Bahréin acusa a los opositores chiíes de promover la islamización del país con apoyo de Irán, teocracia chií enemiga de Arabia Saudí y EEUU. El pretexto de la estabilidad fue el que utilizó Bahrein al solicitar el despliegue en marzo de 1.500 tropas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), del que forma parte junto a otros a cinco países de la región. Los soldados del CCG aplastaron las revueltas a sangre y fuego.

La oposición chií ha reavivado las protestas en las últimas semanas, al constatar el fracaso de las promesas democráticas de la monarquía. "Volver a las calles es nuestra única oportunidad. No tenemos miedo y daremos nuestras vidas para acabar con la discriminación", asegura a Público Nabeel Rajab, el presidente del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin. "No esperamos ayuda extranjera. Bahréin no es Libia. Confiamos en nuestra propia gente para lograr justicia", dice desde Manama. La cuestión está en saber cuánto tiempo podrá Occidente mantenerse al margen si la represión se reanuda.