El incendio en una fábrica de textiles en Bangladesh este sábado, que ha causado de momento más de una veintena de muertos, ha vuelto a poner el foco en las condiciones prácticamente de esclavitud en las que trabajan los empleados de este tipo de instalaciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ha traído a la memoria la mayor catástrofe de la historia de este sector, la del complejo Rana Plaza, en las afueras de la ciudad bangladeshí de Dacca, que se derrumbó en abril de 2013 acabando con la vida de más de 1.130 personas e hiriendo de diversa consideración a otras 2.500.

Bangladesh es uno de los mayores exportador textil del mundo. De hecho, es uno de los grandes motores de crecimiento del país asiático y suponen una quinta parte de su PIB. Según diversos informes, da trabajo a unos cuatro millones de personas, la mayoría de ellas mujeres. “La mano de obra de Bangladesh es una de las más baratas de la región, y gracias a esto, ha conseguido una posición ventajosa respecto a otras zonas en el mercado textil global y ha hecho que en Bangladesh esta industria haya experimentado un crecimiento espectacular en las últimas décadas”, explica la ONG Ropa Limpia.

Sucede algo similar en países de la zona, como India o Camboya. En todos ellos, las condiciones laborales de los trabajadores empleados en fábricas textiles son similares.

Los salarios difieren pero pocas veces superan los cien euros al mes. Los empleados del Plaza Rana que trabajaban fabricando productos para compañías como Primark cobraban unos 28 euros al mes. En India, un informe del Centre for Research on Multinational Corporations documentaba hace unos años cómo niñas y adolescentes trabajaban sin contrato más de 72 horas a la semana con un salario de 0,88 euros al día. Para colmo, sólo podrían disponer del dinero ganado una vez transcurridos entre tres y cinco años y lo emplearían en la dote matrimonial. Entre las firmas involucradas en este escándalo se encontraban: Inditex, El Corte Inglés, Cortefiel, Primark, Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap y C&A.

En Camboya, cuyo sector textil supone más del 80% de las exportaciones del país, los sindicatos han denunciado que los trabajadores –muchos de ellos menores- llegan a hacer 80 horas semanales por poco más de cien euros mensuales. La OIT ha hecho un seguimiento en los últimos años y habla de mejoras. En su último informe, el pasado junio, afirmaba que “hay varios puntos con niveles muy bajos de incumplimiento, incluyendo la normativa laboral básica”. Además, hace unos días, informaba de que los sindicatos están negociando una mejora de las condiciones salariales hasta los 180 dólares mensuales.

En Argentina y Brasil se destapó hace unos años cómo Inditex, la compañía en la que se integran Zara, Bershka o Stradivarius, utilizaba mano de obra esclava para confeccionar sus productos. Primero, el Gobierno brasileño destapó en 2011 decenas de talleres clandestinos y la compañía fundada por Amancio Ortega fue multada con 1,4 millones de euros. Entonces, se comprometió a hacer cambios estructurales… que al parecer no ha cumplido. El año pasado, amenazó con multarla con 7,5 millones de euros por diferentes irregularidades detectadas en sus empresas suministradoras y que, a juicio del Ministerio de Trabajo y Empleo, estarían incurriendo en prácticas que implican condiciones de trabajo degradante, según las informaciones hechas públicas por la ONG Reporter Brasil. En total, la auditoria detectó unas 433 irregularidades en las 67 empresas que trabajaban para el gigante de la moda, distribuidas por todo el país.

El seguimiento realizado por los responsables de Trabajo destacaba que desde julio de 2012 el número de empleados en las subcontratas de Zara que se vio afectado por alguna irregularidad fue de unos 7.000. Asimismo, se destacaba un incremento en los casos de accidentes laborales incluidos algunos especialmente graves como el accidente en el que un empleado perdió el antebrazo derecho y tres dedos de la mano izquierda por el uso de una maquinaria donde no se cumplían los criterios de seguridad exigidos. Igualmente, se habrían detectado diferentes fraudes en el tiempo de trabajo, incluyendo jornadas ilegales por más de 16 horas, así como el uso de menores en actividades insalubres.

A todo ello, Trabajo reprochaba a Zara que para evitar las acusaciones de utilización de trabajo esclavo haya incurrido en nuevas prácticas discriminatorias. En este sentido, consideraban que la multinacional, en un intento por lavar su imagen, optó por eliminar de su cadena productiva aquellos talleres que incluían inmigrantes, con independencia de que estos estuvieran vulnerando la ley o no.

En el caso argentino, se comprobó que en pequeñas fábricas de costura trabajaban y vivían explotados niños y adultos "bajo el sistema conocido como cama caliente" en jornadas laborales de "13 horas" que se extendían desde "las 07.00 horas de la mañana" hasta "las 22.00 ó 23.00, de lunes a viernes y sábados [hasta el] mediodía", de acuerdo a la denuncia presentada por la fundación La Alameda. El escrito hacía énfasis en las "condiciones de salubridad e higiene (...) absolutamente deficientes, a lo cual se debe sumar la carencia de una adecuada alimentación tanto para adultos como para los menores de edad que residen en el lugar".

La compañía que preside Pablo Isla, que también estaba involucrada en la catástrofe del Rana Plaza de 2013, tiene en Asia localizada la mayor parte de su producción por continentes: 836 proveedores y 2.252 fábricas declaradas, según su memoria de 2015. Defiende Inditex: “A lo largo de los últimos años hemos desarrollado una fructífera tarea en el seno de los clusters de producción que tiene su reflejo en los datos que revela nuestro Programa de Cumplimiento. Un porcentaje cercano al 95% de nuestros productos son producidos por fabricantes que obtienen los ratings más elevados en el procedimiento de auditoría social. A ello contribuye también la aplicación del Acuerdo Marco con Industriall Global Union, federación sindical con presencia mundial y que representa a más de 50 millones de trabajadores, así como la colaboración permanente en proyectos impulsados por la OIT o el diálogo continuo con entidades no gubernamentales”.

Mientras, Oxfam Intermón denunciaba el pasado año la situación extrema en la que producen ropa alrededor de 263.000 mujeres, que viven explotadas en las maquilas de Centroamérica. Según el informe, las personas que acuden a estos puestos de trabajo son en su mayoría mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años, con un nivel escolar bajo, madres con hijos a sus cargos que son cabezas de familias monoparentales y proceden de zonas rurales. "Se trata de un modelo de producción y organización del trabajo que se basa en la feminización de la precariedad y la vulnerabilidad de las mujeres para crecer", denuncia el informe. El salario mínimo mensual de las maquiladoras de Centroamérica se situaba entre 148 euros en Nicaragua y 300 euros en Guatemala, por debajo de lo legalmente establecido para otros sectores de actividad (un 18,6% menos). "Con esos salarios es imposible que una familia en estos países pueda adquirir la canasta básica de alimentos", según el informe.

La ONG Ropa Limpia también denunciaba hace dos años la situación en el este de Europa y en Turquía: “Los países postsocialistas funcionan como el taller de costura del patio trasero de las marcas y compañías de la Europa occidental. Turquía, siendo una de las gigantes textiles del mundo, tiene su propio patio trasero barato, es decir, la región de Anatolia oriental. Además, las empresas turcas del sector textil subcontratan a toda una región que incluye el norte de África y el Cáucaso meridional”.

Según la ONG, en todos los países existía una gran diferencia entre el salario mínimo legal y el salario digno mínimo estimado. “Esta diferencia es aún mayor en los países europeos que ofrecen mano de obra barata que en Asia. Los países que tienen los salarios mínimos legales más bajos (por debajo del 20%) respecto al salario digno mínimo estimado son Georgia, Bulgaria, Ucrania, Macedonia, Moldavia, Rumanía y la región de Anatolia Oriental de Turquía. Según datos de 2013, Bulgaria, Macedonia y Rumanía tienen salarios mínimos legales más bajos que China, y los de Moldavia y Ucrania son más bajos que los de Indonesia”.

El accidente de Rana Plaza, que llevó la publicidad y a los medios a las condiciones en las que se mueve la industria textil, sigue coleando tres años después. Según la ONG Ropa Limpia, se han realizado inspecciones iniciales en 1.589 fábricas y se han detectado 108.538 irregularidades. Las fábricas fueron calificadas de "alto riesgo" por el Inspector Jefe. “Lamentablemente, pese a la urgencia y escala de las reparaciones que deberían hacerse para solucionar los problemas identificados, el esfuerzo por parte de los dueños de las fábricas y las empresas a las que abastecen, ha sido muy limitado. Casi todas las fábricas acumulan retrasos en los plazos estipulados para realizar las reparaciones”, denuncia en un informe de abril de este año.

Únicamente siete fábricas han solventado todas las situaciones de riesgo identificadas en las primeras evaluaciones del equipo de inspección del Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios e Instalaciones de Sistemas contra Incendios. “En repetidas ocasiones hemos alertado sobre el hecho de que algo tan aparentemente simple y que potencialmente puede salvar muchas vidas como el disponer de puertas contra incendios adecuadas en las fábricas, aún no ha sido corregido en un número alarmante de fábricas”.

Además, la ONG denunciaba los escasos avances que ha habido para asegurar que los derechos fundamentales son respetados: “Las promesas del gobierno de Bangladesh de que modificaría la ley laboral para adecuarla a los estándares internacionales, han caído en saco roto. El anuncio de nuevas directrices para implementar la ley laboral se retrasó dos años y la represión hacia los sindicalistas se acrecienta”. Asegura también Ropa Limpia que “una de las noticias más aplaudida tras la catástrofe, el espectacular crecimiento de los sindicatos registrados en las fábricas el primer año tras el derrumbe del Rana Plaza, está siendo ahora puesta en tela de juicio: dos años después un tercio de estos sindicatos ha sido borrados del mapa ya sea por acoso y represión a sus miembros o por el cierre de las fábricas sindicalizadas”.

“La cultura de la impunidad que permite a los dueños de las fábricas amenazar e intimidar a los trabajadores sin que por ello haya consecuencias pervive y, en algunos casos, con la complicidad de la policía. Dolorosa prueba de ello y de la dejadez del gobierno, es el asesinato hace ahora cuatro años del sindicalista y compañero de la Campaña Ropa Limpia, Aminul Islam, que sigue sin resolverse y cuyos culpables siguen libres”, añade. Por si fuera poco, los señalados como responsables de aquella tragedia de Rana Plaza siguen sin ser juzgados debido a un proceso que amenaza con eternizarse.

Tras la publicación de este artículo, un portavoz de H&M se ha puesto en contacto con Público para aclarar que su empresa no producía en el centro Rana Plaza, donde se produjo el terrible accidente. Además, aclara, "no trabajamos con ese proveedor ya que se auditó en varias ocasiones y no cumplió los requisitos de seguridad que exigimos". La compañía ha hecho públicos estos requisitos en su página web.