En las últimas semanas dos decisiones han acercado Barack Obama al voto latino. El pasado 15 de junio el presidente estadounidense anunciaba una medida provisional para evitar la deportación de los jóvenes ilegales, y diez días más tarde el Tribunal Supremo, en un veredicto bastante ambiguo, respaldaba parte de la demanda interpuesta por Washington contra la ley de Arizona que criminaliza la presencia de indocumentados. Ambas decisiones podrían movilizar al electorado hispano escasamente entusiasmado con una Casa Blanca que ha incumplido sus promesas de reforma migratoria.

Cada cuatro años, con motivo de las presidenciales, se habla del poder del voto latino aunque este nunca acaba de materializarse. Los hispanos son una realidad muy presente. Primera minoría de Estados Unidos -50,5 millones de personas, 16% de la población- su peso no para de aumentar. El año pasado uno de cuatro niños nacidos en el país era latino.

Sin embargo los hispanos están subrepresentados en la vida política. Sólo 6,6 millones votaron en las legislativas de 2010, debido en parte al descontento por la política de deportaciones llevada a cabo por el gobierno de Obama (que ha expulsado casi un millón de ilegales desde el 2008, 30% más que George Bush en su segundo mandato). Aún así los latinos siguen siendo mayoritariamente demócratas. Según un reciente sondeo del Pew Hispanic Center, 68% de los hispanos votaría por Obama y 23% por Mitt Romney que propone a los ilegales “auto deportarse”. Datos de anteriores presidenciales apuntan a que ningún candidato ha llegado a la Casa Blanca sin al menos el 40% del voto hispano.

Pero los conservadores siguen albergando esperanzas. En 2010, Nevada eligió a su primer gobernador latino, Brian Sandoval, Nuevo México a su primera gobernadora hispana, Susana Martínez, y Florida a la joven promesa cubano americana, el senador Marco Rubio….todos republicanos.

La medida electoralista de Obama va a cambiar la vida de algo más de un millón de jóvenes indocumentados, los llamados "dreamers" porque militan a favor del Dream Act.

El anuncio también reconoce que Washington de momento no está en condiciones de abordar el tema de los once millones de ilegales que viven en Estados Unidos y de sus hijos que son, por su cultura e idioma, totalmente estadounidenses. El Dream Act (Development, Relief and Education for Alien Minors) lleva diez años estancado en el Congreso desde que se presentó en 2001. Ofrecía la ciudadanía a los jóvenes indocumentados que hayan pasado por la universidad o el ejército. La ley fue rechazada por tan sólo cinco votos en diciembre de 2010.

El decreto presidencial Obama, si bien hace vislumbrar una luz de esperanza a los sin papeles, es provisional (sólo vale para dos años renovables) y crea una subcategoría de "ilegales legales" sin derecho a convertirse en estadounidenses ni ampliar sus nuevas prerrogativas a sus padres. Pero para los "dreamers" es un gran paso adelante.

"Obama ha reaccionado porque nos hemos movilizado", dice Natalia Aristizábal de la organización Make the Road New York, que ayuda a los inmigrantes. Contrariamente a sus padres, los "dreamers" no han dudado en organizar manifestaciones, llamar a los congresistas de sus distritos, incluso ir a verles a Washington. "La primera vez que fui al Capitolio pensé que me iban a detener", recuerda Antonio Alarcón, un indocumentado de 17 años que hace unos meses denunció en las páginas de The New York Times, las condiciones de vida de los sin papeles.

La decisión del Tribunal Supremo el pasado 25 de junio ha dejado un balance algo más ambiguo pero también supone una pequeña victoria para Obama.

La Corte anuló tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona aunque mantuvo la que permite a la policía pedir 'los papeles' de indocumentados “sospechosos”, un punto que Obama calificó de preocupante "Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha solo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley en contra de los derechos civiles de los estadounidenses", dijo el presidente.

Arizona no es un caso aislado: cinco estados han aprobado leyes parecidas (Utah, Indiana, Alabama, Georgia y Carolina del Sur) y otros 24 lo están considerando. "Estamos en la tormenta perfecta del reflejo anti migratorio, una crisis con una tasa de desempleo superior a 5% y una parálisis política en Washington", subraya Marcelo Suárez-Orozco. Profesor de Ciencias Sociales y Antropología en la Universidad de Nueva York (NYU).

Lo cierto es que la realidad migratoria de Estados Unidos está cambiando. Desde mediados de este años las estadísticas muestran que los blancos ya no aseguran el relevo demográfico. Las minorías étnicas representan 50,4% del total de los nacimientos, por primera vez en la historia del país. Frente a una población blanca envejecida, los latinos están "en pleno periodo de fertilidad", según las cifras del Pew Hispanic Center. 

"Es una nueva situación que va a redibujar el contrato social entre generaciones que no se parecen", subraya Suárez-Orozco. Un cambio histórico, resalta William Frey, demógrafo de la Brookings Institution, "que muestra el paso de una cultura de "baby boomers" blancos a la realidad multiétnica en la que nos estamos convirtiendo". Una realidad que tendrá repercusiones políticas más allá de las presidenciales de este año.