La batalla en las favelas incendia Río

La sociedad carioca no olvidará por mucho tiempo las imágenes de decenas de narcotraficantes armados huyendo de la Vila Cruzeiro, que acababa de ser tomada por la policía, hacia el Complexo do Alemã, un conjunto de 15 favelas al norte de Río de Janeiro. Corrían a través de un camino en medio de la mata atlántica, el llamado infierno verde, para ocultarse en el complejo que sería cercado al día siguiente por la policía, con ayuda de 800 hombres enviados por el ejército.

Tanquetas blindadas, carros de combate y helicópteros constituyen la contundente respuesta del Estado a la oleada de violencia que vive Río desde hace una semana, y, desmedida o no, la acción estatal se ha ganado el apoyo de la prensa y de buena parte de la opinión pública.

El saldo provisional es de más de 50 muertos, 192 detenidos y un centenar de vehículos quemados; 21.000 policías y soldados en las calles. La ciudad está en estado de shock: escuelas cerradas, líneas de autobuses suspendidas, pánico en las calles. En las favelas de la zona norte, hace días que sus habitantes no pueden entrar ni salir. Y, según la propia policía militar, "las operaciones de incursión en las favelas continuarán y se intensificarán" en los próximos días. El Gobierno quiere dejar claro que tiene la situación bajo control mientras la prensa internacional comienza a cuestionar si la Ciudad Maravillosa está preparada para albergar el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad mantenían el cerco al Complexo do Alemã, preparados para entrar en cualquier momento. La policía recomendó a los vecinos no salir de sus casas y aseguró que se dará una oportunidad a los narcotraficantes para que se rindan.

La respuesta del Estado obedece a la última oleada de violencia callejera

Tras hacerse con el control de una veintena de favelas, tomar el Complexo do Alemã se percibe como una batalla decisiva. En los morros [cerros de Río], los vecinos ondeaban banderas blancas en petición de paz, temerosos de las consecuencias de la ocupación.

Temen los efectos colaterales de una guerra que, según las autoridades, se ha cobrado ya las vidas de cuatro inocentes. "Todo este circo que está creando la prensa es para sembrar el pánico y legitimar la carnicería que está por llegar", afirma Gizele Martins, vecina del Complexo de la Maré, también en la zona norte.

Hay motivos para ese miedo: cada año, más de mil personas mueren a manos de la policía 7.800 fallecidos entre 2003 y 2009 a causa de las mal llamadas "balas perdidas". Un portavoz del ejército aclaró ayer en rueda de prensa que usarán las armas "cuando sea necesario".

La represión policial y militar es la respuesta del Estado a la oleada de robos masivos y violencia callejera que, desde el pasado domingo, han protagonizado las facciones del narcotráfico, principalmente el Comando Vermelho.

Durante días, los delincuentes sembraron el pánico en el asfalto el término que se utiliza en Río de Janeiro en contraposición a la favela con los arrastões o robos masivos a los coches. Según el Gobierno de Río, esos ataques suponían una reacción de los delincuentes ante el éxito de las políticas de seguridad que se supone están amenazando su negocio, así como una protesta ante el traslado de varios presos a cárceles de otros estados del país. Las autoridades cariocas apuntan a que la ola violenta fue orquestada desde los presidios.

De los 50 muertos contabilizados hasta ahora, cuatro eran inocentes

Las Unidades de Policía Pacificadoras (UPP) no han acabado con el tráfico de drogas, pero sí han desarmado a las facciones en las 13 favelas donde se han implantado desde 2008.

El morro ha sido, efectivamente, pacificado y ocupado y la población ha recibido con alivio el fin de los tiroteos diarios. Sin embargo, estas unidades también han sido cuestionadas: en primer lugar, porque se han colocado, con pocas excepciones, al sur de la ciudad, la zona más rica y que concentrará las inversiones del proyecto olímpico.

Por otra parte, algunos vecinos han denunciado que la llamada policía comunitaria ha llevado la paz al precio de la represión, prohibiendo manifestaciones tan populares en la ciudad como los bailes funkies.