El Tribunal de Nápoles que ha reexaminado el supuesto caso de chantajes a Silvio Berlusconi sostiene que el primer ministro italiano no sólo no fue víctima de ninguna extorsión por parte del empresario Gianpaolo Tarantini y del periodista Valter Lavitola sino que, además, violó el artículo 377 bis del Código Penal al pagarle al primero 800.000 euros para condicionar su testimonio ante los fiscales de Bari que estaban investigando el caso Escort, la red de prostitución que el empresario creó para proporcionar chicas a Il Cavaliere entre 2008 y 2009.

Esta es la conclusión del informe de 30 páginas presentado el pasado lunes por las magistradas Angela Paolelli, Rossella Marro y Barbara Mendia, quienes decretaron la puesta en libertad de Tarantini. Según el documento, las grandes cantidades de dinero pagadas por el premier y la modalidad "poco transparente" de los pagos, sumado a que "Berlusconi era totalmente consciente de que las mujeres que le llevaba Tarantini eran prostitutas" (como revelan los pinchazos telefónicos), son pruebas suficientes para pensar que el dinero no era una ayuda económica, como sostiene Il Cavaliere, sino una manera de comprar el testimonio de Tarantini por miedo a un nuevo escándalo.

Si Berlusconi acaba imputado o no lo decidirá la Fiscalía de Bari, que este martes obtuvo la competencia del caso porque fue allí donde Tarantini falseó sus testimonios. La investigación original la realizó la Fiscalía de Nápoles, pero luego la jueza Amalia Primavera dio la competencia a Roma. El pasado viernes, los fiscales napolitanos recurrieron esa decisión e incluyeron en su reclamación el supuesto delito de Berlusconi confirmado por el tribunal.