Votar sí para decir no suena extraño, pero esto es Italia, quizá el único país de Europa en el que el Gobierno hace todo lo posible para torpedear un referéndum. Los italianos están llamados a las urnas hoy y mañana para decidir cuatro cosas simples, aunque los resultados se toman como una nueva prueba para el primer ministro, Silvio Berlusconi, y lo que puede ser la confirmación de que el varapalo de las municipales de mayo no ha sido sólo un espejismo.

La primera cosa en juego es si aceptarían la privatización del agua o si piensan que es mejor que siga siendo pública; la segunda, si su precio deben establecerlo las empresas que gestionan el servicio o no; la tercera, si quieren seguir o no sin centrales nucleares; y la cuarta, si creen que la ley es igual para todos como dice la Constitución, y por tanto consideran necesario derogar la Ley del Legítimo impedimento, que permite a Il Cavaliere ausentarse de los cuatro juicios que tiene abiertos alegando problemas de agenda.

El resultado puede ser la confirmación del varapalo de las municipales

Cuatro preguntas, cuatro papeletas, pero un millón de problemas por el camino que han estado a punto de impedir la celebración de la consulta.

El 8 de noviembre de 1987, un año después de la catástrofe de Chernóbil, los italianos vetaron el uso de la energía nuclear en un referéndum.

Hecho que para Berlusconi era secundario cuando en abril de 2008, al retomar el poder, colocó lo nuclear como uno de los principales objetivos de la legislatura. Mientras Claudio Scajola, el exministro de Desarrollo Económico, elaboraba un plan energético que girara en torno al átomo, Il Cavaliere firmaba un acuerdo para la construcción de cuatro centrales con el presidente francés, Nicolas Sarkozy.

El primer ministro alienta la abstención para evitar una moratoria nuclear

El partido Italia de los Valores de Antonio Di Pietro vio que el Gobierno iba en serio, así que empezó a promover el referéndum que fue oficializado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2010. En febrero de este año el Ejecutivo ya tenía ultimado el decreto ley que preveía dichas plantas y decidió convocar las elecciones municipales y la consulta en fechas separadas.

La razón es sencilla: en Italia, un referéndum es válido sólo si vota la mitad del electorado más una persona (más de 25 millones de ciudadanos), así que el Ejecutivo confiaba en que una vez más, los italianos remolonearan a la hora de acudir a las urnas.

Pero el 11 de marzo tembló el suelo en Japón y la catástrofe de Fukushima reactivó el debate. El Gobierno agudizó la imaginación y dos semanas más tarde presentó en el Parlamento el decreto con un cambio considerable. Había añadido una moratoria de un año a la energía nuclear con la que pensaba que podría paralizar el referéndum, como reconoció el propio Berlusconi.

Di Pietro volvió a recurrir al Supremo aunque la nueva legislación se aprobó el pasado 24 de mayo. Desde ese día el Ejecutivo, preocupado por el negocio nuclear y la inmunidad de Berlusconi, puso en marcha una operación para deslegitimar el voto.

Se necesita que la participación supere el 50% para que la consulta sea válida

Los ministros e Il Cavaliere, que no irá a votar, empezaron a promover la abstención, organizaron una campaña mediática para descalificar a los promotores de la consulta y fomentaron que los telediarios de la Rai dieran datos falsos, como la fecha de la votación.

El Supremo se pronunció a favor de su celebración el jueves de la semana pasada, pero como acababa de cambiar la ley obligó al Ministerio de Interior a reimprimir todas las papeletas. Un día después, fue el propio Gobierno el que recurrió al Constitucional, que finalmente, el pasado martes ratificó el referéndum.

El principal problema ahora es que los tres millones de italianos que residen en el extranjero y que estaban llamados a votar lo hicieron con las papeletas antiguas porque el plazo se cerró el 2 de junio.

Esto hace peligrar otra vez el quórum ya que si se les cuenta como electorado, pese a no haber tenido la oportunidad de votar correctamente, hará falta que en Italia voten tres millones de personas más para superar ese 50%. El 16 de este mes se tomará una decisión al respecto, aunque Di Pietro ya tiene preparado otro recurso.