El tinte autoritario de Jair Bolsonaro ha cambiado de fase durante las últimas semanas, ahora se encuentra en un nivel superior, con la impunidad que le otorga el hecho de mantener su estilo sin que nadie se lo impida durante los últimos treinta años, incluyendo la presente etapa presidencial.

Preguntado este domingo por un periodista de O Globo sobre su implicación en el caso de lavado de dinero que mantiene en prisión domiciliar a su amigo Fabrício Queiroz y a la esposa de este, ambos relacionados con milicias paramilitares, Bolsonaro eligió, en lugar de responder, amenazar al reportero con "llenarle la boca de hostias".

Fuera de las fronteras puede llamar la atención, pero no en Brasil. "Bolsonaro viene demostrando carecer de preparación emocional para rendir cuentas ante la sociedad por medio de la prensa, una responsabilidad de todo mandatario en las democracias saludables", dice el comunicado conjunto publicado por la Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación (ABRAJI), Artigo 19, Conectas Direitos Humanos, la Orden de Abogados de Brasil y Repórteres sem Fronteiras.

El nuevo altercado surge sobre las ascuas del penúltimo incendio en la política brasileña. El gobierno Bolsonaro sigue la pista y los movimientos de 579 funcionarios públicos –la mayoría relacionados con las fuerzas de seguridad, y un ramillete de profesores e investigadores– a través de un dosier interno elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La lista de los señalados por el Ejecutivo parte sobre todo de las firmas del manifiesto "Policías antifascistas en defensa de la democracia popular", y varios de sus actos contra la gestión de Bolsonaro.

Se trata del segundo dosier interno de estas características que sale a la luz en los últimos tiempos en Brasil. En junio se filtró el elaborado a medias entre el del diputado estatal Douglas Garcia, de la Asamblea Legislativa de São Paulo, y el diputado federal Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente. Aquella lista, que incluía otros mil nombres relacionados con movimientos de izquierda, fue a parar a manos de la Policía Federal y de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia.

Este tipo de documentos, bajo el manejo del denominado "Gabinete del odio", ayudan a radicalizar más si cabe la convivencia en un país polarizado, confundido y cada vez más agresivo.

El Tribunal Supremo frena de nuevo los planes del Ejecutivo

El Tribunal Supremo ha vuelto a servir de contrapeso democrático ante la inclinación al despotismo del gobierno Bolsonaro. Este intercambio de golpes se puede considerar ya todo un clásico en el año y ocho meses que el líder ultraderechista lleva al frente de la República. La más alta Corte de Brasil, respondiendo a una acción por incumplimiento de precepto fundamental articulada por el partido Rede Sustentabilidade y centrada en el dosier secreto del Ministerio de Justicia, condenó sin medias tintas el "grave desvío de finalidad" que significaba un comportamiento de tal calado por parte del Ejecutivo.

Una medida cautelar dictada por el Supremo ha suspendido cualquier acto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública "que tenga por objetivo producir o compartir informaciones sobre la vida personal, las elecciones personales y políticas y las prácticas cívicas" de ciudadanos "identificados como integrantes del movimiento político antifascista, o que ejerzan su derecho político de expresarse, reunirse y asociarse".

Entre los magistrados más explícitos en sus votos estuvieron Edson Fachin y Rosa Weber. El primero recordó que "la administración pública no tiene, ni puede tener, el pretendido derecho de listar enemigos del régimen" y que "solo en gobiernos autoritarios se pueden plantear estas circunstancias". La jueza Weber, por su parte, resaltó que estas acciones del Ejecutivo –"el poder arbitrario, sin el freno de las leyes, ejercido en el interés del gobernante y contra los intereses de los gobernados, el miedo como principio de acción"– traducen "las marcas registradas de la tiranía".

Mientras tanto, crece la popularidad de Bolsonaro

Se da la circunstancia de que Bolsonaro pisa el acelerador en un momento en que, aunque resulte contradictorio, la pandemia que ya deja más de 3.600.000 casos y más de 115.000 muertos ha reforzado su popularidad entre la población. En la última encuesta del instituto Datafolha crece la aprobación a su gestión –sube del 33% al 37%–, colocándose en el nivel más alto desde el inicio del mandato.

Una de las claves para esta remontada de Bolsonaro de cara a la opinión pública es la disminución del rechazo entre la población de la región noreste, la más pobre de Brasil, y en general entre los segmentos con menos recursos de la sociedad brasileña. El auxilio emergencial aprobado por el Congreso Nacional tras la presión y los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, al final del camino llega a las cuentas bancarias de los ciudadanos bajo la firma del Gobierno Federal, y eso está relanzando la imagen del presidente. Noreste es la única región donde el Partido de los Trabajadores pudo plantar cara a Bolsonaro en las elecciones presidenciales 2018.

El mantenimiento de este auxilio emergencial durante más meses es precisamente el principal tira y afloja entre Bolsonaro y su ministro de economía, Paulo Guedes, preocupado por el techo de gasto público. El presidente se ha dado cuenta de que necesita amortizar este inesperado aumento de popularidad para ir colocándose en buena posición para intentar la reelección en 2022, en unos comicios que se antojan eléctricos. El ministro Guedes, por su lado, busca implementar en todo lo posible su plan neoliberal, recortando en todo lo posible el gasto de la administración.