El exministro de Justicia, Sérgio Moro, abandonó hace poco menos de un mes la nave de Jair Bolsonaro tirando de la manta, entre acusaciones graves al presidente de coacción, prevaricación, obstrucción de la Justicia y corrupción pasiva privilegiada. Abierta la investigación, presentó pruebas documentales. Su as en la manga, en cambio, fue una que no pudo presentar pero que notificó que existía: el vídeo del consejo de ministros del miércoles 22 de abril, su última reunión ministerial. Todo Brasil está pendiente de este vídeo porque en él aparece el presidente reconociendo la intención de interferir en la Policía Federal para tener acceso a información privilegiada sobre operaciones en curso contra familiares y amigos.

A pesar de negar una y otra vez ante los medios de comunicación que en la reunión del vídeo, de aproximadamente dos horas de duración, hiciera mención a la Policía Federal, la transcripción oficial de parte de su intervención, aportada por la Abogacía General de la Unión, deja a Bolsonaro en bastantes apuros de cara al Supremo y a la Fiscalía General, y también frente a la opinión pública y al Congreso Nacional.

Visiblemente alterado, Bolsonaro protesta en la reunión: "Tengo a la PF [Policía Federal], que no me da informaciones". Admite que ha intentado "cambiar oficialmente gente de nuestra seguridad en Río de Janeiro", y no lo ha conseguido. "Eso se acabó". Según la transcripción del vídeo de la reunión, Bolsonaro avisa airadamente que no va a esperar a que "jodan a toda su familia", o a "algún amigo", solo por no poder cambiar a alguien de la estructura. "Voy a cambiarle. Si no puedo cambiarle, cambiaré a su jefe. Si no se puede cambiar al jefe, cambio al ministro. Y punto final. Aquí no estamos para bromas". Y remata recalcando sus intenciones: "Voy a interferir. No es amenaza, ni extrapolación por mi parte. Es una verdad". Bolsonaro cumplió con su palabra, y eso significó la salida del ministro de Justicia, de quien dependía la Policía Federal.

El juez relator en el Tribunal Supremo, Celso de Mello, ya ha visto y estudiado el vídeo. Un equipo de la Policía Federal se lo ha llevado este lunes en persona a su casa en São Paulo grabado en un pen drive. Todo hace indicar que, al menos, habrá liberación parcial del contenido de esta reunión ministerial clave. En ese punto coinciden las tres partes: tanto el Tribunal Supremo, como la Fiscalía General y la Abogacía General de la Unión: lo más interesante, lo que encuadra con esta investigación, sería la parte en la que Bolsonaro menciona aquello de lo que el exministro Moro le acusa. La defensa del Moro insiste, mientras tanto, en que el vídeo se haga público en su totalidad, desde el primer minuto hasta el último, para que todo comentario se analice en su debido contexto. Si deciden hacerlo público por partes, el proceso de edición retrasará unos días la publicación del material.

La oposición llega desde sus exaliados

La oposición a Bolsonaro, más que desde la izquierda, le está llegando desde exaliados desencantados o arrepentidos. Le sucede desde hace tiempo con el gobernador del estado de São Paulo, João Doria; le ha ocurrido con el exministro de justicia, Sérgio Moro, y ahora se suma otra sacudida, la del empresario y también político Paulo Marinho, fundamental en la logística electoral del actual presidente –se implicó tanto con Bolsonaro en la última campaña electoral para las elecciones presidenciales que llegó incluso a poner a su disposición el jardín de su casa como cuartel general–.

Eran otros tiempos. Marinho acaba de confesar, en una entrevista con el diario Folha de São Paulo, que, precisamente en medio de la campaña electoral que le llevó al poder en octubre de 2018, Bolsonaro y su clan recibieron filtraciones de la Policía Federal relacionadas con el comienzo de una operación sobre transacciones bancarias sospechosas en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, que impactaba contra el hijo mayor del presidente, Flávio, y su asesor más famoso, Fabrício Queiroz, íntimamente ligado a las milicias paramilitares de la zona oeste de Río de Janeiro. Según el exaliado de los Bolsonaro, entre la familia y sus contactos dentro de la Policía Federal, consiguieron retrasar el inicio de esa operación hasta que el candidato fuese consagrado como presidente electo. Exactamente el tipo de interferencia política que ahora le tiene en jaque.

Desconcertado por las denuncias del exministro Moro y su exaliado Marinho, y atrapado por la realidad de lo que se escucha en el vídeo de la reunión ministerial del 22 de abril, Bolsonaro intenta construir una narrativa contrarreloj, con la ayuda de sus más allegados: el presidente, según esta versión, se estaría refiriendo en ese encuentro a su insatisfacción con su seguridad personal y la de su familia en Río de Janeiro, y no a ninguna investigación en curso de la Policía Federal.

La narrativa nace muerta, pues las interferencias políticas han sido probadas ya también por mensajes privados del presidente al exministro Moro, y, sobre todo, por las decisiones que ha ido tomando Bolsonaro, todas ellas orientadas a contar en Río de Janeiro con un superintendente de la Policía Federal que manejara las investigaciones contra el clan Bolsonaro a gusto del presidente. Además de las investigaciones en las que están envueltos el hijo mayor de Bolsonaro y Fabrício Queiroz, hay por lo menos otras dos que incomodan al presidente: las investigaciones contra la maquinaria de noticias falsas en la campaña electoral, y la que concierne a la organización de las concentraciones golpistas y antidemocráticas en los últimos meses.

En la misma Explanada de los Tres Poderes (Brasilia), esperando noticias desde el Congreso Nacional, el denominado Centrão –amplio bloque de partidos de centro y centroderecha– huele la sangre. Tradicionalmente son los mantenedores o dinamitadores de gobiernos. Si el presidente quiere los apoyos que le faciliten llegar hasta el final del mandato, en 2022, tendrá que ceder –ya está comenzando a hacerlo– cargos fundamentales, decisivos, en los principales ministerios a estas siglas con hambre de poder. Y su precio va en aumento a medida que la crisis en el Ejecutivo de Bolsonaro se agranda.

De este calado es la crisis política que ha creado Bolsonaro mientras su país accede a la fase más crítica de la pandemia, con 271.628 casos confirmados de covid-19, y ya con 17.971 víctimas mortales –1.179 en las últimas 24 horas–.