No es la primera vez que Bolsonaro es acusado de obstrucción a la Justicia, pero esta vez marcará un antes y un después. El ministro de justicia y seguridad pública, el exjuez Sérgio Moro, el favorito de gran parte de los seguidores del presidente –lideró la operación anticorrupción Lava Jato, y condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva–, dimitió ayer del Ejecutivo brasileño. Lo hizo, además, culpando al presidente de graves delitos, que dejan a la deriva al equipo de gobierno.

Moro abandona la nave traicionado por la sustitución ordenada por Bolsonaro en la dirección general de la Policía Federal, y por los intentos de obstrucción a la Justicia del presidente, "preocupado por las investigaciones en curso en el Tribunal Supremo", según el exjuez. Bolsonaro quiere al frente de la Policía Federal, tal y como explicó Moro, "a una persona de contacto personal suyo, al que pueda llamar, para recibir informaciones, informes de inteligencia". Ese, señaló Moro, "no es el papel de la Policía Federal. Las informaciones tienen que ser preservadas".

El Tribunal Supremo investiga, ahora mismo, las campañas de noticias falsas que propulsaron la candidatura de Bolsonaro, y la organización y financiación de manifestaciones golpistas, en las que el presidente ha participado. El líder ultraderechista busca tener acceso privilegiado a informaciones bajo secreto de sumario. Moro reconoció que ni en las gestiones anteriores [del Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva y Dilma Rousseff], en el auge de la Operación Lava Jato, hubo tal injerencia política.

Denunció Moro, para echar más leña al fuego, que Bolsonaro había mentido en el Diario Oficial de la Unión, donde convertía la destitución del director general de la Policía Federal en dimisión por petición propia. En esta publicación figuraba, además, la firma electrónica de Sérgio Moro, que nada sabía de esta decisión final.

Jair Bolsonaro compareció en público seis horas después, rodeado de su equipo de ministros, para definir las palabras de Moro como "acusaciones infundadas", y sus insinuaciones como "no verdaderas". Dijo estar decepcionado y sorprendido por la actitud del ya exministro: "Una cosa es admirar a una persona, y otra cosa es convivir con ella". 

Desde el Ministerio Público Federal, el fiscal general de la República, Augusto Aras, ha solicitado inmediatamente al Tribunal Supremo la apertura de una investigación sobre las duras acusaciones de Moro. Si Bolsonaro hizo lo que Moro dice que hizo, se acumulan, según el documento publicado por el Fiscal, espinosas violaciones como "falsedad ideológica, coacción, prevaricación, obstrucción de la Justicia y corrupción pasiva privilegiada". Quiere el Fiscal General que se revele si el presidente de la República intervino en los mencionados actos ilícitos, o si, por el contrario, ha sido diana de denuncias calumniosas. Se sugiere la convocatoria de Moro para declaración y presentación de las documentación pertinente.

Bolsonaro parece dispuesto a ir cumpliendo uno por uno con todos los delitos de responsabilidad expuestos en la ley 1079/50 –Ley del juicio político–. "Proceder de modo incompatible con la dignidad, honra y el decoro del cargo" y "provocar animosidad entre las clases armadas o contra ellas, o de ellas contra las instituciones civiles" ya formaban parte de su currículo. 

La duda metódica de la oposición, liderada por el Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, no es fácil de destrabar: que siga la lluvia de peticiones de juicio político, hasta que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, acepte a trámite alguno de ellos, o dejar que Bolsonaro siga cometiendo errores hasta las elecciones de 2022, y ahorrarse así el trago de ver al general Hamilton Mourão –vicepresidente–, y al resto del ala militar, encargarse oficialmente de la nación durante un par de años.

Al comienzo de su pronunciamiento de despedida, el exministro Moro pidió disculpas por verse obligado a resolver este asunto en medio de la pandemia. Bolsonaro no ha tenido ningún reparo en malgastar dos jornadas completas hablando de este tema. En estas cuarenta y ocho horas se han sumado 764 nuevas víctimas mortales a la lista de la covid-19 (la suma total es de 3.670), con 53.000 casos confirmados –sin contar que la subnotificación, para ambos baremos, continúa siendo inquietante–. Y la peor noticia es que ni los gobernadores más restrictivos han logrado disminuir lo suficiente la movilidad de la población en las grandes capitales.

El continuo ascenso del General Braga Netto

Con la retirada del que fuera uno de los superministros de Bolsonaro, es de destacar la escalada paulatina del general Walter Braga Netto. Durante los últimos meses, el excomandante del Comando Militar Leste, ha pasado de interventor federal de la seguridad pública del estado de Río de Janeiro (2018) a la jefatura del Estado Mayor del Ejército, para poco más tarde ser requerido en el Gobierno Federal. A mediados de febrero, Jair Bolsonaro le presentó como nuevo ministro de la Casa Civil, militarizando más si cabe su Ejecutivo.

No tardó mucho Braga Netto en hacerse con las riendas del ala militar del Gobierno Federal: a finales de marzo fue nombrado líder del equipo de combate a la pandemia, para ir restándole protagonismo a Luiz Henrique Mandetta, el ministro de sanidad cesado por Bolsonaro hace unos días.

Ahora, por si no fuera poco, el general Braga Netto ha pasado por encima del otro superministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, el gurú económico de la ultraderecha, y dirige también el plan de reconstrucción económica para salir de esta recesión. El programa Pró-Brasil, presentado esta semana, engloba, además de al área financiera, al ministerio de infraestructuras y al de desarrollo regional. Las medidas neoliberales de Guedes, desaparecido en combate hace semanas, quedaron obsoletas en cuanto la tragedia fue tomando la dimensión presagiada. No contaron con él ni para la rueda de prensa del lanzamiento del programa. La iniciativa privada que tanto persigue Guedes, malherida con el impacto de la covid-19, poco podrá aportar en el recorrido que tiene por delante Brasil. El impulso de reaceleración deberá salir directamente desde el Estado, y queda bajo el control del ala militar.

Otrora gran baluarte del Ejecutivo de Bolsonaro, el ministro de economía camina por la cuerda floja, colocado en segundo plano y sin poder echar mano de la firmeza con la que comenzó la legislatura. Ya no la tiene. Su perseguida reforma de la seguridad social, gran objetivo de esta legislatura, salió adelante, sí, pero con condiciones mucho más suaves que las que él había ideado. El Congreso Nacional levantó más barreras de las esperadas en algunos puntos referidos a las pensiones. Su relación con la Cámara de Diputados y el Senado Federal es, actualmente, prácticamente nula. Casi como la de Bolsonaro.