Una operación del Ejército brasileño en lo alto de una de las favelas del Complexo da Penha, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro, durante la madrugada del 20 de agosto de 2018, finalizó con más de una veintena de detenidos. De esta manera abrupta terminaron las últimas fiestas del fin de semana en los barrios más reprimidos de Río. Lo que sucedió a partir de entonces con por lo menos siete de aquellos detenidos se ha transformado en el mayor escándalo en democracia de las Fuerzas Armadas de Brasil.

Las detenciones –bajo acusación de relación con el tráfico de drogas e intento de homicidio, por participar en un tiroteo contra el Ejército– tuvieron lugar en el marco de la intervención federal en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro, decretada por el Ejecutivo de Michel Temer en 2018. El Gobierno brasileño consideró, en aquel entonces, que la administración estatal de Río era incapaz de mantener el orden en su capital y sus municipios. El Comando Militar do Leste se encargó de la secretaría de seguridad pública durante diez meses. Y funcionaba bajo sus propias reglas.

"Tras el arresto, los hombres deberían haber sido trasladados hasta la audiencia de custodia, pero no fue eso lo que ocurrió: los llevaron hasta el cuartel", subraya André Castro, de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro. Creadas en 2015 para garantizar la presentación de los detenidos ante un juez en menos de 24h, las audiencias de custodia son sesiones donde se analiza la legalidad de la detención y su procedimiento, y la conveniencia o no de prisión provisional. La mayoría de los casos de maltrato policial suelen salir a la luz en ese instante. Sin embargo, por alguna razón, el Ejército tardó dos días en presentar a los detenidos. Los defensores públicos, presentes siempre en estas sesiones, hicieron saltar todas las alarmas: los castigos militares habían causado estragos en siete de los arrestados.

La Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro ha peleado desde entonces por la realización de informes periciales independientes, y a finales del año pasado publicaba un comunicado  informando que, tras muchos meses de espera, los siete estudios que habían conseguido encargar al Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto –del Departamento General de la Policía Técnico-Científica– corroboraban la veracidad de las denuncias de tortura. Se trata de "los primeros informes periciales expedidos en Brasil que se han basado en el Protocolo de Estambul". Adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), "el procedimiento dispone, entre otras medidas, que las personas sometidas a tortura se entrevisten con médicos, psicólogos y forenses".

Gracias a los informes oficiales del Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro ha logrado la absolución de los jóvenes en la acusación de tráfico de drogas: "La jueza dejó constancia de que no había evidencias suficientes para relacionarles con eso", puntualiza para este periódico André Castro. Tampoco participaron los detenidos en ningún tiroteo, acusación en manos de la Justicia Militar –al ser el supuesto ataque hacia militares– que les mantiene en prisión preventiva en uno de los módulos del centro penitenciario estatal de Benfica –zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro–.

Los informes periciales oficiales incluían, a su vez, algo que no se recuerda desde la época de la dictadura militar (1964-1985): las torturas, que suelen producirse en los lugares de detención o en el traslado hasta las dependencias policiales, se situaban en esta ocasión dentro de una sede militar. Buena parte de la investigación se centra en ese rincón del cual los soldados hablaban abiertamente: "Les decían a los detenidos que iban a conocer la Sala Roja", comenta André Castro.

Localización y datos sobre la Sala Roja de la Tortura

La denominada "Sala Roja" de la tortura del Ejército brasileño está situada en las dependencias de uno de los cuarteles de la 1ª División del Ejército brasileño, en la Villa Militar de Deodoro (Río de Janeiro). Esta División forma parte de la cadena de mano del Comando Militar do Leste, junto con la Primera y la Cuarta Región Militar, la Brigada Paracaidista y el grupo de ingeniería, entre otros.

Según los relatos de los detenidos, el espacio en cuestión corresponde a una estancia rectangular, sin ventanas, de paredes rojas, puerta roja y techo de yeso. Todos los que pasaron por allí coinciden en los notables restos de sangre en el suelo. Entre tres y cinco militares ejecutaban al unísono los malos tratos. Llevaban la cara tapada, o con una capucha o con pasamontañas. Uno de ellos tomaba datos y enseñaba fotos con un ordenador portátil –una de las declaraciones menciona también un ordenador de sobremesa–.

Los arrestados iban pasando uno por uno por la Sala Roja tras permanecer durante horas en un patio exterior. El tiempo que cada uno de los jóvenes pasó dentro de ese cuarto fue una sucesión de vejaciones difícilmente olvidables: patadas, puñetazos, gases lacrimógenos en los ojos, bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarles, golpes con maderas, latigazos con cables, intentos de abuso sexual, electrochoques, fusiles en la cabeza, además de tortura psicológica de muy diversa naturaleza.

El objetivo de estos métodos de tortura no era otro que obtener informaciones sobre los jefes de los comandos de traficantes de drogas en las favelas del Complexo da Penha. Ninguna información obtuvieron los militares, ya que ni uno solo de los detenidos forma parte de la estructura de los grupos que dominan esas colinas.

La respuesta del Ejército Brasileño

El diario Público ha contactado con estamentos militares para conocer su versión ante la creciente polémica que han levantado los informes periciales oficiales en el caso de la Sala Roja durante las últimas semanas. Desde la 1ª División del Ejército brasileño, en cuyas instalaciones sucedieron los hechos, redirigieron las explicaciones hasta el Comando Militar do Leste. Desde el Comando Militar do Leste indicaron que "la Investigación Policial Militar (IPM), instaurada para realizar averiguaciones sobre este episodio, ha sido entregada al Ministerio Público Militar (MPM). De este modo, no comentamos decisiones o procedimientos adoptados por la Justicia Militar".

El Ministerio Público Militar, la parte acusadora, es el encargado de organizar la información acerca de la acusación a los jóvenes detenidos de intento de homicidio a miembros de las Fuerzas Armadas –la inculpación, sin pruebas, de participar en un tiroteo en el momento de su detención– y en sus manos también está toda la información recabada hasta ahora sobre los métodos de tortura empleados en la Sala Roja.

Dentro de la estructura de la Justicia Militar, el fiscal encargado del caso es Mário André da Silva Porto, de la 4ª Procuraduría de Justicia Militar de Río de Janeiro. Allí aseguran que el caso continúa "bajo investigación", y que han solicitado diligencias que aún están pendientes. "El Ministerio Público Militar no tiene una posición cerrada sobre este caso. Solo podremos manifestarnos cuando la Investigación Policial Militar quede concluida", ha declarado Da Silva Porto.