La Comisión Europea (CE) decidió hoy llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que su legislación sobre asilo y retorno no cumple con la normativa europea, el último paso del procedimiento de infracción que Bruselas abrió a ese país en 2015 por este asunto.

"La Comisión considera que todavía no se han solucionado la mayoría de los problemas señalados y, por lo tanto, ha decidido ahora llevar a Hungría ante el TJUE, que es la última etapa del procedimiento de infracción", explicó la Comisión Europea en un comunicado.

Bruselas señala que las autoridades húngaras no dan a los migrantes "un acceso efectivo a los procedimientos de asilo" y critica también que los solicitantes de asilo sean retenidos "indefinidamente" en las zonas de tránsito sin respetar las garantías procesales que se aplican en estos casos.

El Ejecutivo comunitario inició este procedimiento de infracción contra Hungría en diciembre de 2015, a lo cuál siguió, en el proceso habitual que sigue Bruselas ante incumplimientos de las leyes europeas por parte de los Estados miembros, una carta de emplazamiento complementaria y posteriormente un dictamen motivado. Una vez analizada la respuesta del Gobierno húngaro a los requerimientos comunitarios, Bruselas no considera que la mayoría de sus preocupaciones hayan sido solucionadas.

Respecto a la ley húngara de asilo y retorno, Bruselas señala que el país solo acepta recibir solicitudes de asilo enviadas desde determinadas áreas de tránsito en sus fronteras exteriores, donde solo se permite el acceso a un limitado número de personas y tras "periodos de espera excesivamente largos".

"El procedimiento fronterizo que implementa Hungría no cumple la ley europea porque no respeta la duración máxima de cuatro semanas durante las que se puede retener a alguien en un centro de tránsito y no ofrece garantías especiales a solicitantes vulnerables", avisa la Comisión.

En cuanto a su normativa de retornos, la CE considera que la ley húngara no cumple las normas europeas porque no asegura que las decisiones de retorno se publiquen de forma individual e incluyan información sobre "compensaciones legales", por lo que pone en riesgo que los retornos se realicen sin las salvaguardias apropiadas.