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Bruselas tendrá que dar explicaciones por escrito sobre sus negociaciones secretas del pacto TiSA

IU presenta en la Eurocámara una batería de preguntas a la Comisión Europea sobre los peligros del acuerdo para la seguridad alimentaria, medioambiental y farmacéutica, y sobre el peso de tres paraísos fiscales y de las multinacionales en las negociaciones, celebradas de espaldas a la ciudadanía.

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La europarlamentaria Marina Albiol durante una sesión plenaria, en febrero. Archivo del PE.

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MADRID.- La tendencia de la Comisión Europea a negociar acuerdos comerciales de espaldas a la ciudadanía le ha jugado una nueva mala pasada esta semana. Si el Europarlamento suspendía la votación del informe de posición de la cámara sobre el TTIP de este mismo miércoles (y también el debate al respecto) al no haber logrado un acuerdo entre los partidos que conforman la Gran Coalición (socialistas, conservadores y liberales), Izquierda Unida aprovechaba para pedir cuentas a la Comisión sobre las negociaciones de otro acuerdo secreto, el TiSA, sobre las que ha dado cuentas este diario desvelando en exclusiva en España la última filtración de Wikileaks al respecto del tratado de servicios.

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"¿Considera la Comisión que tienen legitimidad democrática para ser parte de estas negociaciones sin haberse debatido antes en ninguna institución electa por sufragio universal?", cuestionan los eurodiputados del grupo de la Izquierda Unitaria Europea Marina Albiol, Javier Couso, Paloma López, Lidia Senra (AGEe) y Ángela Vallina, subrayando las "enormes consecuencias" que tendrá el acuerdo sobre los habitantes del Viejo Continente. 

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IU: "El TiSA pretende eliminar la capacidad de los Estados de regular sobre determinados elementos del sector servicios"

IU recuerda que según la Comisión Stiglitz de Naciones Unidas "la falta de regulación financiera ha sido la causa de la crisis global que tan nefastas consecuencias ha tenido para la economía y el empleo en el conjunto de la UE". Por ello alerta de los riesgos de eliminar "el derecho democrático de los estados a regular su propia economía", algo que defienden los tres paraísos fiscales que participan en las negociaciones, y que chocaría frontalmente contra el paquete de transparencia fiscal presentado por la Comisión, que oficialmente defiende seguir una línea de actuación totalmente distinta.

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