Los cambios que producirá la muerte de Videla en los juicios de Argentina

El dictador Jorge Rafael Videla falleció el pasado 17 de mayo cuando cumplía una condena a reclusión perpetua que unificaba tres sentencias anteriores: dos penas a prisión de por vida y una condena más de 50 años de cárcel.

El represor estaba además imputado en diez causas. Una de ellas era la del Plan Cóndor, elevada a juicio oral desde 2007, que investiga el pacto de represión de las dictaduras del Cono Sur entre la década de 1970 y 1980. De los 106 casos que comprenden este proceso, 44 ya no podrán ser juzgados al ser Videla el único que estaba procesado.

"Ahora tenemos que examinar qué va a ocurrir con ellos" explica a Público el fiscal de la causa del Plan Cóndor, Pablo Ouviña. "Videla ya no puede ser imputado, pero tenemos que probar la existencia del Plan en sí mismo, a lo que pueden ayudar estos casos, y además tenemos que establecer la responsabilidad de los demás imputados en la Operación Cóndor".

Ouviña admite el impacto que supone la pérdida de Videla en la causa. "Tuvo un papel fundamental por ser Jefe del Ejército, integrante de la Junta Militar [que dio el golpe de Estado en 1976], y quien asumiera la primera magistratura de Argentina, que es el poder ejecutivo", enumera el fiscal. "La Operación Cóndor tenía varias cabezas. Las principales eran los responsables de los destinos de los países en ese momento determinado, porque formaban parte de una integración regional con motivos ilícitos: Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay, y Videla y los demás integrantes de la Junta Militar en Argentina"

Sin Videla, el juicio prosigue igual para sus otros 22 imputados, y desde este martes comienzan a desfilar los testigos, que son entre 500 y 700, tras haber culminado la etapa de indagatoria.

Entre los represores ha existido un pacto de silencio, no obstante, que ha dificultado esta fase del juicio. La última vez en que Videla tuvo que prestar declaración indagatoria, tres días antes de morir, se negó a ser indagado y se limitó a comentar que era un "preso político" y que la Justicia estaba "vaciada de derecho".

"Se demostró cómo las personas que aparecían como testigos callaban para favorecer a los imputados"

"En el Juicio a las Juntas [en 1985], se demostró cómo las personas que aparecían como testigos callaban para favorecer a los imputados", reflexiona Ouviña. "Nadie quiso nunca hablar, salvo muy pocos en declaraciones periodísticas, y luego trataron de desdecirse cuando fueron sometidos a proceso".

Por eso el fiscal ha anunciado que utilizará para la causa las declaraciones que Videla dio a los medios de comunicación. "En su momento, Videla comenzó a hablar con periodistas y comenzó a reconocer muy poquitas cosas", explica. "Otras ni las mencionó y se las llevó a la tumba".

Es difícil suponer que con la muerte de Videla, el resto de los imputados decida romper el pacto de silencio. No están arrepentidos, y ese silencio es el recurso que les sirve a los represores para negar los crímenes que cometieron y para perpetuar la desaparición de personas. "Sólo podría resquebrajarse ese código desde adentro, pero es poco probable", presume Ouviña, "porque las personas son perseguidas penalmente y ahora lo que también quieren es tratar de obtener su propio beneficio".

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa como querellante en la causa del Plan Cóndor, son más duros a la hora de calibrar los efectos que tendrá la muerte de Videla en los juicios de lesa humanidad. "Lo que sucede tras morir un imputado es que se lo sobresee por muerte", explica la socióloga Lorena Balardini. Ninguna de las causas en las que Videla estaba procesado será suspendida por haber otros acusados, salvo los famosos 44 casos del juicio del Plan Cóndor en los que el único imputado era Videla. Entre ellos estaba el de la desaparición de una persona en Brasil, lo que podía servir para demostrar la conexión entre las dictaduras de la región.

Otra de las consecuencias ligadas al fallecimiento de Videla es que ya no se podrá sentar jurisprudencia en los juicios con sentencia al dictador que quedaron sin confirmar. Videla se murió con sólo una condena en firme, la sentencia a perpetua del Juicio a las Juntas que la Corte Suprema ratificó en 2012. Pero el represor también fue sentenciado a la misma pena por el fusilamiento de 31 presos políticos en Córdoba (centro del país) en un dictamen que llegó a ser confirmado sólo por una segunda instancia, la Cámara de Casación Penal. Y también recibió condena en otro juicio por los delitos de secuestro y sustracción de identidad a menores de edad, pero esta sentencia nunca fue confirmada por un tribunal superior.

En esas causas Videla ha sido absuelto por muerte. "Además se podía haber sentado jurisprudencia en otros procesos que lo imputaban en los hechos previos al golpe de Estado y en sus efectos posteriores; en la expulsión de campesinos de sus tierras o incluso en delitos sexuales", aduce Balardini.

No obstante, la investigadora del CELS asegura que Videla sigue siendo culpable por la sustracción de niños o por los asesinatos de Córdoba. "Una cosa es el proceso penal, y otra, el efecto social y su reconstrucción", celebra. "Lo que hay que ver es cómo hacemos para avanzar y que no vuelva a pasar que un alto jerarca se muera antes de que se confirme la sentencia".