En la sede en Londres del lobby nuclear, hay enmarcada una portada de The Independent de 2004. El tema central es un artículo del intelectual ecologista James Lovelock: 'Sólo la energía nuclear puede detener el calentamiento del planeta'. Seis años después, ese mensaje es en cierto modo la política oficial del país.

Reino Unido ya tiene preparados los planes para la construcción de otras ocho centrales nucleares de nueva generación que irán sustituyendo a las que vean terminada su vida útil. Pero hay más. Lo que el ministro de Energía, Chris Huhne, ha anunciado hace unos días es un nuevo sistema energético con dos objetivos: reducir en un 80% la emisión de gases de efecto invernadero para 2050 y asegurar el suministro de energía. Lo primero parece una misión imposible y lo segundo no es tan fácil como parece.

La era de la energía barata ha terminado, dice el Gobierno

'La era de la energía barata ha terminado', dice Peter McDonald, del Ministerio de Energía, cuando le preguntan sobre cómo repercutirá la reforma en la factura que pagarán los ciudadanos. Algunos cálculos extraoficiales indican que esa factura aumentará en 500 libras anuales en la próxima década. Ahora los consumidores pagan una media de 1.157 libras (1.370 euros).

El Gobierno dice que ese pronóstico es ridículo. Al mismo tiempo, sostiene que el aumento sería mayor sin cambios. Resulta sospechoso que digan que la factura subirá de forma significativa hasta 2030 y que luego debería descender. ¿Lo hace alguna vez?

Es cierto que el país está ante una encrucijada. El carbón es el pasado y la producción de gas y petróleo en el Mar del Norte no deja de descender. Reino Unido ya es importador neto de petróleo. La nuclear llegó a representar el 30% de la producción energética. El cierre de centrales la ha dejado en el 18%.

El gran problema sigue siendo el coste y los residuos

El viento corre ahora a favor en el país de la energía nuclear. 'La oposición ha sufrido un colapso al estar en un 19% en los sondeos. Llegó a estar cerca del 60% en los noventa', explica John McNamara, del lobby nuclear. 'El 70% apoya combinar nuclear y renovables'.

La población ha ido cambiando de opinión al recibir el mensaje de que a partir de 2015 el consumo no está garantizado. Para los políticos, el despertar se produjo en 2006. 'Blair cambió de opinión cuando Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania. Se vio que Gazprom era una instrumento de la política exterior rusa, y nosotros no podemos permitir eso', dice el parlamentario conservador Lord Jenkin.

Los políticos se decidieron cuando Rusia cortó el gas a Ucrania

El consenso parece general, pero hay dudas sobre el coste. El Gobierno promete que no habrá fondos públicos en la construcción de nuevas centrales, pero al mismo tiempo dice que la nuclear tendrá acceso a las subvenciones disponibles para todas las energías que no emitan CO2 a la atmósfera.

Los emplazamientos de las nuevas centrales están elegidos. ¿Pero qué ocurrirá con los residuos? Los políticos dicen que no se repetirá el error anterior, 'cuando no se tuvo en cuenta el coste del desmantelamiento y el tratamiento de los residuos', según Jenkin.

Ahora las empresas deberán asumir este coste. Habrá un almacén geológico, para el que ya hay tres candidatos, aunque en realidad habrá más residuos guardados en las centrales que allí. Es el coste de la independencia energética.