El cemento aplasta Pinheirinho

En la mañana del domingo 22 de enero, 1.800 agentes de la Policía Militar entraban en Pinheirinho armados con bombas de gas pimienta, gases lacrimógenos, balas de goma y helicópteros con un objetivo firme: expulsar a los más de 6.000 vecinos, unas 1.600 familias, que vivían en este barrio de São José dos Campos, en el estado de São Paulo. El poblado, surgido de una ocupación hace ocho años, había sufrido ya varios intentos de expulsión, pero nunca con tanta virulencia.

Era una tragedia anunciada, pero cogió por sorpresa a sus habitantes: apenas dos días antes, habían llegado a un acuerdo para suspender durante 15 días la orden de desalojo. Dormían por fin tranquilos después de una larga negociación. Pero, de un día para otro, contrariando otra decisión judicial y el nuevo acuerdo, la jueza Márcia Mathey Loureiro decidió ordenar de nuevo que los echasen.

Pinheirinho es un terreno suculento: está cerca de un parque tecnológico y de un lujoso residencial

La Policía bloqueó los accesos al barrio y cortó la luz y el agua. La mayor parte de los moradores, sin tener adónde ir, optó por resistir, aunque fuese una guerra muy desequilibrada: material bélico contra palos y piedras. Hubo decenas de heridos y, probablemente, también varios muertos, como ha denunciado el responsable local de la influyente Orden de Abogados de Brasil (OAB), Aristeu César Pinto Neto. Las autoridades reconocieron que 34 personas fueron detenidas, entre ellas militantes del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), pero se niegan a aportar datos de heridos y han prohibido a los hospitales dar información. Los movimientos sociales ya han iniciado sus propias investigaciones.

Las Fuerzas de Seguridad prohibieron la entrada de la prensa (excep-tuando la TV Globo) y se incautaron de los teléfonos móviles de los vecinos para evitar que registrasen lo que pasó en aquellos días de estado de excepción. Aún así, las redes sociales y la prensa alternativa no tardaron en difundir imágenes en las que los agentes reprimían con brutalidad a niños, ancianos, mujeres. Reflejaban un escenario de guerra en el que la Policía arremetía con brutalidad contra ciudadanos indefensos sin un lugar adonde ir. En la ciudad de São Paulo, miles de personas respondieron con manifestaciones de apoyo a la resistencia de Pinheirinho.

Algunos diputados criticaron también la truculenta acción militar con la que, como otras veces, el Gobierno del Estado de São Paulo (del derechista PSDB, partido opositor al oficialista PT) responde a complejos problemas que tienen su raíz en la desigualdad social. Brasil es un país con un déficit habitacional estimado en seis millones de viviendas donde, sin embargo, habría unos cinco millones de casas vacías.

El Gobierno de São Paulo responde con violencia policial a un problema de desigualdad social

En Pinheirinho, como tantas otras veces en favelas y periferias de todo el país, la expulsión llegaba antes que la solución a la falta de viviendas. El gobernador paulista, Geraldo Alckmin, ha anunciado que ofrecerá una ayuda para el alquiler de 500 reales mensuales a 1.100 familias y que se priorizará la construcción de 5.000 viviendas en la región. Pero ¿qué pasará mientras tanto con estas familias? Por el momento, se hacinan en refugios públicos donde, en ocasiones, mil personas llegan a compartir dos baños.

"Si la acción no fue ilegal, fue al menos ilegítima", aseguró el diputado Iván Valente, que siguió de cerca las negociaciones previas con los vecinos. En su opinión, la Justicia, como la política, se replegó ante los intereses de la especulación inmobiliaria. El suelo sobre el que se asentó Pinheirinho ha pasado a ser objeto de deseo del lobby de la construcción por dos motivos: su cercanía a un polígono industrial de alta tecnología y a los edificios residenciales de lujo de la ciudad vecina de Jacareí.

El dueño del solar suma delitos de cuello blanco y no paga el impuesto de bienes inmuebles

El terreno pertenece a Selecta, una empresa en quiebra propiedad del polémico empresario Naji Nahas. Un libanés naturalizado brasileño que acumula causas con la Justicia por evasión de impuestos, especulación con alimentos, lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco.

El pasado diciembre, la deuda acumulada por la empresa por el impago del impuesto sobre bienes inmuebles (IPTU) superaba los 15 millones de reales, unos 6,5 millones de euros. Parte del movimiento de lucha por la vivienda pide que sea expropiado por el Estado para la construcción de casas populares.

Las ocupaciones se suceden tanto en las ciudades como en el campo a lo largo y ancho del vastísimo territorio brasileño. Pues, como reza el célebre eslogan de los movimientos sociales, "mientras la vivienda sea un privilegio, la ocupación será un derecho".

En Brasil, las potentes asociaciones en defensa del derecho a la vivienda digna (agrupadas en el Movimento Nacional de Luta pela Moradia) encuentran en las ocupaciones su principal forma de lucha en el mundo rural y en el urbano. El movimiento escoge terrenos vacíos, que no están siendo utilizados y que según la ley pueden ser expropiados por el Estado para cumplir con la función social del suelo que defiende la Constitución.

Favelas y ocupaciones viven de espaldas al Estado, que mira para otro lado mientras se asienten allí donde no molestan. Cuando el territorio sobre el que se levanta el poblado se vuelve objeto de la especulación inmobiliaria, los resortes del Estado se activan para expulsar a la población pobre. El proceso es tan antiguo como las propias favelas, pero se viene haciendo más crudo ante la proximidad del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Así como por la ascensión económica de Brasil y, especialmente, de la ciudad que concentra esa riqueza, São Paulo, donde la especulación inmobiliaria cabalga ya a ritmos que recuerdan a los de la España de hace unos años.

Cada día, la realidad brasileña aporta nuevos y lamentables ejemplos. La Policía emprendió en enero una represiva operación en Cracolândia, como se llama desde hace años a las manzanas del centro de São Paulo que fueron convirtiéndose en el refugio de marginales y consumidores de crack (devastadora droga hecha a base de pasta de cocaína que, por su bajo precio, se ha convertido en sinónimo de pobreza y exclusión).

Con vistas al proyecto de revitalización del barrio de Luz, las Fuerzas de Seguridad entraron dispuestas a causar "dolor y sufrimiento", en palabras del Gobierno paulista. La cruel acción policial, avalada por la prensa conservadora, se inició antes de crear el prometido centro de atención a toxicómanos. Por lo que, además de los abusos y maltratos, la diáspora de drogodependientes dificultó aún más el trabajo de los asistentes sociales.