Censura a la prensa y mano dura en El Salvador: así funciona el estado de emergencia bajo el Gobierno de Bukele

A partir de los 72 homicidios ocurridos en El Salvador entre el 25 y el 26 de marzo, la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para prohibir que los medios de comunicación reproduzcan mensajes de las pandillas y limitó por un mes las garantías constitucionales de los ciudadanos con la aprobación de un estado de excepción que ha desencadenado en la captura de miles de salvadoreños.

Repunte de asesinatos

El repunte de asesinatos ocurre en medio del silencio del oficialismo ante investigaciones periodísticas que revelan que el Gobierno Nayib Bukele mantiene negociaciones con pandillas. Negociaciones que también hicieron los recientes dos Gobiernos de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el partido Alianza Republicana Nacionalista, representado por la derecha salvadoreña.

El 4 de abril, la Asamblea Legislativa, afín a Bukele, modificó el Código Penal para aumentar las penas de los miembros de pandillas y también para establecer penas entre 10 y 15 años para quienes "faciliten o fabriquen" textos o material visual que transmitan mensajes sobre pandillas. Estas penas también aplican para los medios de comunicación escritos, digitales, radiales o televisivos que, al reproducir estos mensajes, generen "zozobra y pánico".

Ataques y espionaje a la prensa

Las reformas para los medios han sido calificadas de ambiguas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y por el gremio periodístico, porque al hablar de "zozobra y pánico" los periodistas se preguntan qué informar y qué no cuando ocurra un hecho relacionado con pandillas. En el país centroamericano son tres las pandillas principales: la MS-13, la 18 Revolucionaria y la 18 Sureña.

"¿El problema es mío, por contar qué es lo que está pasando o el problema real es de los gobernantes o funcionarios públicos que traicionaron a su electorado y pactaron con criminales? Yo creo que el problema es lo segundo, pero las reformas van encaminadas a criminalizar lo primero", cuestiona César Fagoaga, presidente de la APES y editor de la Revista Factum, un medio que cuenta la violencia de las pandillas y la corrupción en El Salvador, y por eso ha sido atacado constantemente por el Gobierno.

En sus 20 años de carrera, Fagoaga señala que en el periodismo salvadoreño nunca habían existido limitaciones como las de ahora. En la gestión de Bukele, iniciada en junio de 2019, los periodistas tienen bloqueada la información pública y funcionarios de todo rango tienen prohibido dar declaraciones a los medios.

Ataques a periodistas

Desde ese año, además, el Centro de Monitoreo de la APES reporta un incremento de ataques contra periodistas. Hay, a la fecha, cinco en el exilio y Fagoaga no duda que lo que se viene son periodistas encarcelados. La narrativa de que la prensa es enemiga del Gobierno, según el presidente de la APES, también ha calado en la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional ha sido coaptada por el oficialismo.

"Cada día es más abrumador el hecho de sentirte periodista en este país", expresa Julia Gavarrete, periodista del periódico digital El Faro, un reconocido medio de investigación de la región y quien reveló la negociación de la gestión de Bukele con las pandillas.

Durante 17 meses, entre 2020 y 2021, Gavarrete y otros 21 miembros de este periódico fueron intervenidos por el software de espionaje Pegasus, de acuerdo con un análisis realizado a sus teléfonos por organizaciones internacionales expertas en seguridad digital. También fueron víctimas de espionaje una decena de periodistas de otros medios de comunicación. Las conclusiones de los peritajes apuntan a que quien estuvo tras del espionaje fue el Gobierno salvadoreño. Previo a enterarse de la intervención en sus comunicaciones, en julio de 2020, a Gavarrete le hurtaron el ordenador de su casa, algo que tampoco considera aislado de su labor periodística.

Las recientes reformas al Código Penal buscan amordazar a los medios, a la opinión pública y a la academia sobre el análisis de la violencia en El Salvador, dice la investigadora y especialista en seguridad pública, Jeannette Aguilar. Con ellas, continúa, se anticipa la censura a los medios de comunicación sobre cualquier información que surja dentro de las pandillas y así los periodistas no puedan seguir hablando sobre las negociaciones del Gobierno con estos grupos ni sobre su incapacidad para resolver la inseguridad.

Aguilar, una de las voces más críticas del actual Gobierno, fue demandada por difamación a inicios de este año por la diputada oficialista Marcela Pineda, tras retomar un tuit de un supuesto desvío de dinero por parte de la funcionaria e insertar una frase del expresidente uruguayo Pepe Mujica que aludía a la corrupción. La jueza no aceptó la demanda y, dos días después de su resolución, fue removida de su cargo.

11.000 detenciones

Mientras el trabajo de la prensa está condicionado, con el estado de excepción aprobado el 27 de marzo, hasta el viernes, la Policía reportaba 11.500 capturas. Aunque entre los capturados hay pandilleros, a todos los detenidos directamente se les vincula con estos grupos, pero cada día en redes sociales hay denuncias de detenciones ilegales, como el caso de cuatro trabajadores de una cafetería que fueron retenidos durante 12 horas y liberados el sábado por presión de la sociedad civil.

Bukele, sus diputados y funcionarios celebran las redadas en redes sociales bajo el hashtag #GuerraContraPandillas. "Tal y como lo advertimos: esta vez, no saldrán libres. Tal vez en 30 años… a los que no se les compruebe más delitos que el de pertenecer a la pandilla. Seguimos… #GuerraContraPandillas," tuiteó Bukele este jueves al anunciar 954 nuevas capturas.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ha documentado 25 detenciones ilegales, en su mayoría, de jóvenes que viven en zonas pobres y asediadas por pandillas, dice Arnau Baulenas, coordinador jurídico de este instituto.

Baulenas cuestiona el estado de excepción, porque dice que la Fiscalía General de la República (FGR), quien tiene el monopolio de la investigación en El Salvador y que también está coaptada por Bukele, no necesitaba de la suspensión de garantías constitucionales para proceder a capturas de pandilleros, ya que se supone que sabe quiénes son y dónde están.

En tanto, a Dennis Muñoz, un abogado con experiencia en la defensa de personas capturadas ilegalmente, le preocupa que estas medidas del gobierno no sean excepción, sino una norma. "El Salvador ha retrocedido, ha involucionado en el derecho penal y procesal penal", sostiene.

Página 12 buscó una entrevista con un vocero de la Presidencia, pero al cierre de esta nota y como suele pasar cuando se pide una postura oficial al Gobierno, el equipo de comunicaciones de Bukele no atendió la solicitud.

Bajo este contexto, los periodistas salvadoreños discuten cómo no autocensurarse en un país donde el Ejecutivo de Bukele ya controla la Asamblea Legislativa con la bancada del partido Nuevas Ideas, la FGR y la Sala de lo Constitucional. "No hay Estado de derecho ni garantías," denuncia Fagoaga. "Lo que queda es el periodismo en general e independiente, que no está plegado al oficialismo".