Censurar, intimidar, arrestar y asesinar: la muerte de la libertad de prensa en Israel en cuatro actos

La paradoja del árbol plantea el siguiente dilema: si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? La pregunta propone estudiar la interdependencia entre la conciencia humana y la realidad. El ruido del árbol que cae cuenta una historia: explica su tamaño, su entorno físico y su contexto. El silencio no niega la caída, pero nos priva de su comprensión. Por eso, muchos regímenes tienden a acallar las voces de quienes cuentan las historias que le son incómodas. Sin ellas, es más difícil comprender en profundidad la realidad. En el caso de Gaza y Cisjordania, cada vez son menos las voces que pueden compartir sus historias: Israel las ha sepultado bajo las bombas tras más de dos años de genocidio.

Los últimos asesinatos registrados fueron los de Hossam Al Masri, Mariam Abu Daqqa, Moaz Abu Taha, Mohamad Salama y Ahmed Abu Aziz. Todos ellos trabajaban para medios como Reuters, Associated Press o Al Jazeera, además de para la prensa local. El 25 de agosto, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el hospital Nasser (Jan Yunis), acudieron a informar y ayudar a los supervivientes. Minutos después, otro misil impactaba en el mismo lugar causando su muerte y la de una decena de sanitarios, voluntarios y heridos. Pocos días antes había sido asesinado el cámara de Palestine TV, Khaled al Madhoun y, a mediados de agosto, otro ataque selectivo acabó con la vida de Anas al Sharif (Al Jazeera) y otros cinco periodistas.

Desde que comenzó el genocidio, han sido asesinados entre 194 y 240 periodistas palestinos, según la fuente utilizada.

Los ataques intencionados a periodistas, en tanto que civiles, están tipificados como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma. Cuando asociaciones internacionales que defienden la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) o el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), acusan públicamente al Gobierno israelí de contravenir la legislación internacional, Tel Aviv se defiende con dos fórmulas. A veces, califica los ataques como un error militar y difunde que está llevando a cabo investigaciones internas para esclarecer los hechos. Así ha ocurrido en el caso de los cinco periodistas asesinados en el hospital Nasser. En otras ocasiones, acusa a los periodistas asesinados de tener vinculaciones con Hamás, como hizo con Anas Al Sharif y sus seis colegas de profesión. Dicha acusación no ha podido ser verificada de forma independiente.

Ninguna de estas dos estrategias ha disuadido a periodistas, medios de comunicación y organizaciones de prensa de todo el mundo de denunciar la matanza de los trabajadores de la comunicación palestinos. Este lunes 1 de septiembre, RSF y la plataforma Avaaz han lanzado una iniciativa coordinada con medios y organizaciones de todo el mundo para exigir a Israel el fin de la masacre de periodistas en Gaza y el acceso de prensa extranjera en la Franja, bajo el lema "Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte". A ella se ha sumado Público, así como otros medios españoles como TVE, la Sexta, la agencia EFE, El Salto Diario, infoLibre, EiTB, elDiario.es o El País, además de todas las cabeceras de Prensa Ibérica y Heraldo de Aragón.

La situación en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza pone en jaque el derecho a la información y a la libertad de prensa "en todo el mundo", explicaba en conversaciones con Público el jefe de sección de Oriente Medio de RSF, Jonathan Dagher. El Gobierno de Israel degrada la libertad de prensa en varios actos: promoviendo la censura y la autocensura entre sus propios ciudadanos, extorsionando a los periodistas, propagando información que no es verificable, arrestando y, finalmente, asesinando a los trabajadores de la información palestinos. A día de hoy, independientemente de la fuente que se utilice, Palestina es el lugar más mortífero para los periodistas de la historia reciente.

Primer acto: Censura

Desde la fundación en 1948 del Estado de Israel, los medios que operan en el país están obligados a remitir a la Oficina del Censor cualquier información relacionada con la "seguridad nacional". Desde abril de este año, la persona que dirige esta institución, de carácter militar, es el coronel  Netanel Kula, elegido por el ministro de Defensa, Israel Katz de entre las opciones dispuestas por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

La censura militar israelí, herencia de los reglamentos del Mandato Británico, se ha recrudecido o flexibilizado en función de los conflictos armados vigentes en cada momento. Estos han sido intermitentes pero habituales debido a que la creación de Israel solo fue posible gracias al desplazamiento de una población autóctona que nunca ha renunciado a su territorio y que ha contado con el apoyo puntual de los países árabes vecinos. Así, si a partir de los noventa varias reformas limitaron la autoridad del censor, redujeron su área de trabajo a situaciones de peligro "tangible" de "seguridad nacional" y otorgaron a los medios la posibilidad de apelar la censura ante la justicia, en momentos de asedio a Gaza, como ocurrió en 2014, la censura se hacía más palpable. De hecho, llegó a afectar al trabajo de medios internacionales como The New York Times. 

Según reveló el periódico Haaretz en noviembre de 2023, el anterior censor jefe, Kobi Mandelblit, había recibido presiones del primer ministro para amordazar a los medios de comunicación sin razones de seguridad que lo justificaran. Debido a la censura, 1.635 artículos fueron prohibidos en 2024, mientras que otros 6.265 tuvieron que modificarse. Estas cifras son las más altas recogidas por el periódico israelí +972 Magazine desde que inició la recopilación de datos en 2011. Dicha situación ha recortado la libertad de prensa en el país, como demuestra su caída en el ranking elaborado por RSF del puesto 97 que ocupaba en mayo de 2023, al 115 que detenta en la actualidad.

En Gaza, la libertad de prensa también se ha visto reducida a mínimos históricos. Palestina ocupa hoy el puesto 163 de 180. La razón que esgrime RSF es el bloqueo total impuesto por el ejército de Israel al enclave. La censura a medios árabes en Israel ha sido todavía más radical que sus propios periódicos. Muestra de ello es que, poco después del 7 de octubre, Tel Aviv prohibió a Al Jazeera desarrollar su trabajo en su territorio.

Segundo acto: Extorsión

Un año antes de que Anas Al Sharif fuera asesinado, participó en el informe del instituto de medios de Al Jazeera titulado Fuimos los únicos que cubrimos la guerra. En él aseguraba que a finales de 2023 recibió varias amenazas de muerte para que abandonara el norte de la Franja y dejara de informar de lo que allí sucedía. La amenaza se cumplió parcialmente cuando, al ignorar estas exigencias, su padre fue asesinado. En el mismo informe, otros tres informadores reportaron que habían recibido presiones similares contra ellos y contra sus familias para que dejaran de hacer su trabajo.

Poco después, el CPJ alertó de que las informaciones que el Gobierno israelí estaba vertiendo sobre la supuesta vinculación de Al Sharif con Hamás podrían ser el preludio de su asesinato. Así fue. El pasado 11 de agosto el reportero de Al Jazeera conocido como "la voz de Gaza" fue asesinado junto a otros seis periodistas. Israel asumió la autoría del ataque.

Pero los militares israelíes no son los únicos que extorsionan a los periodistas para que moderen sus informaciones. Un periodista gazatí con el que pudo hablar este periódico -y cuya identidad permanece en el anonimato para evitar perjudicar a su entorno- se negó a dar detalles sobre la situación de debilitamiento de Hamás en la Franja de Gaza cuando fue preguntado por esta cuestión. Alegó que hablar del grupo armado podría traer complicaciones a los miembros de su familia que aún sobrevivía en la Franja de Gaza. Dado que Israel ha impedido la entrada de prensa internacional en Gaza, resulta difícil profundizar en historias como estas.

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Tercer acto: Arresto

En Cisjordania, la violencia de militares y colonos israelíes no ha parado de crecer desde el 7-O. Además de los miles de civiles asesinados y la anexión formal –aunque ilegal– de Israel de nuevos territorios palestinos, actualmente las prisiones militares israelíes encierran a unos 10.400 árabes. Alrededor de 500 fueron encarcelados tras el 7 de octubre, según los datos de Addameer. Esta conocida organización apoya a los palestinos encarcelados por Israel y lleva años colaborando con Amnistía Internacional o Human Right Watch para elaborar informes s la precaria situación de los presos palestinos en las cárceles israelíes. Recientemente, EEUU ha impuesto sanciones contra esta organización, lo que ha dificultado que continúen desarrollando su trabajo. De acuerdo al Sindicato de Periodistas Palestinos, 50 de ellos son informadores.

De los 54 periodistas palestinos encarcelados por Israel entre el 7-O y diciembre de 2024, 44 no tenían cargos en el momento del arresto

A finales de 2024, la cifra de periodistas encarcelados en Israel difundida por el CPJ era algo superior: de unos 54 profesionales. Este número recogía los arrestos que habían tenido lugar entre el 7 de octubre de 2023 y diciembre de 2024. Los datos batían los propios récords de Israel y lo colocaban en el pódium de países con más periodistas encarcelados junto a China y Myanmar. Los 54 periodistas encarcelados por Israel hasta entonces por Tel Aviv eran palestinos. De ellos, 44 carecían de cargos en el momento de su detención, mientras que otros 10 fueron acusados de ser contrarios al Estado de Israel.

Actualmente, el RSF ofrece cifras menores sobre el total de periodistas encarcelados en Israel: un total de 23. Las detenciones arbitrarias de palestinos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel son una forma de represión habitual en Cisjordania. Varios organismos internacionales, como Amnistía Internacional o la propia Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) llevan años denunciando las escasas garantías procesales que ofrecen los tribunales militares israelíes a la población palestina.

Pese a los hechos, el Gobierno del ultraderechista Benjamín Netanyahu defiende una y otra vez que "valora el trabajo de los periodistas". Así lo afirmó su Oficina de prensa en un comunicado en el que lamentaba el "trágico accidente" que había supuesto el asesinato de varios periodistas en el ataque selectivo al hospital de Nasser el pasado 25 de agosto. En paralelo, su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Givir, diputado de Poder Judío, afirmó en noviembre de 2023 que hablar de eliminar a Hamás "también incluye a quienes cantan, apoyan o reparten caramelos: todos son terroristas". Esta narrativa es previa a la situación actual. Ya en 2018, el entonces ministro de Defensa de Netanyahu, Avigdor Lieberman (Likud) aseguró que "no existen inocentes en la Franja de Gaza".

El antropólogo Pierre Clastres explicó a mediados del siglo XX que, en un genocidio, el grupo humano dominante percibe al opuesto como "absolutamente malo". Por eso, "se les extermina". Esta opinión se aplica a toda la población dominada, que es tratada de forma homogénea, como si fuera una sola cosa. Estas ideas han llevado a la deshumanización de los palestinos por parte del Gobierno israelí y de una parte importante de su ciudadanía. Según la organización estadounidense Genocide Watch, que monitoriza el exterminio de poblaciones alrededor del mundo, Israel ya habría incurrido en los diez procesos que dan lugar a un genocidio.

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Cuarto acto: Asesinato

Nunca antes un conflicto armado había acumulado un número tan elevado de periodistas asesinados. Lo que diferencia este caso de otras guerras es la alevosía y la rapidez con la que estas muertes se han sucedido. Según el registro del CPJ, desde el 7 de octubre hasta el 25 de agosto han fallecido 193 periodistas palestinos y uno israelí. La mayoría de ellos fueron asesinados en la Franja de Gaza y, de momento, sus muertes han quedado de impunes o parcialmente impunes.

En otros conflictos importantes de la historia reciente, como la invasión de Irak o la guerra en Afganistán, tuvieron que pasar años para que se alcanzaran esta cifra. Tanto el Comité para la Protección de Periodistas como RSF distinguen entre muertes en misiones peligrosas, por fuego cruzado y asesinatos selectivos. Es decir, llevados a cabo contra periodistas por el hecho de desarrollar dicha profesión. También en este sentido, la Franja de Gaza bate un triste récord, con al menos 56 asesinatos selectivos desde el 7 de octubre. La dificultad para conocer los pormenores del resto de las muertes –debido a la imposibilidad de entrar en la Franja de Gaza–, da un margen de duda respecto a la intencionalidad del resto muertes. Por ello, el Sindicato de Periodistas Palestinos eleva la cifra de informadores muertos a 240 y los considera a todos "mártires".

"Los periodistas no mueren, los matan, no están en la cárcel, los regímenes los han encerrado; no han desaparecido, los han secuestrado", recordó el director general de RSF, Thibaut Bruttin, tras la publicación del Balance anual de 2024. "Estos crímenes, a menudo orquestados por gobiernos o grupos armados, son un agravio al derecho internacional y, con demasiada frecuencia, quedan impunes".

Para combatir esta situación RSF y el CPJ han remitido varios informes a la Corte Penal Internacional, que investiga por genocidio y otros crímenes de guerra al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su anterior ministro de defensa, Yoav Gallat. Además, RSF ha solicitado en diversas ocasiones una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para obligar a Israel a deponer las armas.

La campaña impulsada impulsada ahora por la ONG en defensa de la libertad de prensa y la plataforma Avaaz, busca llamar la atención sobre estos hechos, pedir la protección y evacuación urgente de los periodistas y exigir el acceso independiente de la prensa internacional al enclave palestino.