China: El coloso asiático se movilizó mucho y rápido

El 12 de mayo de 2008, un terremoto de 7,9 grados devastó la provincia de Sichuán, en el suroeste de China, dejando 70.000 muertos o desaparecidos, 370.000 heridos y millo-nes de personas sin hogar.

Sin embargo, la catástrofe de Sichuan es incomparable a la de Haití. En primer lugar, porque el Gobierno chino, centralizado y autoritario, fue capaz de responder con rapidez y movilizar el mismo día del terremoto a 50.000 soldados.

La ayuda llegó rápido a las áreas urbanas, pero el rescate fue más difícil en las zonas montañosas cercanas al epicentro, aisladas por los desprendimientos de tierra y la destrucción de las vías de comunicación.

En segundo lugar, China no es un país pobre sino una potencia emergente, a punto de pasar a ser la segunda economía del planeta. Gracias al crecimiento apabullante de su economía en los últimos años, Pekín ha sido capaz de destinar recursos a la recuperación de Sichuán "con un coste equivalente a la reconstrucción de Suecia o Londres", según la Cruz Roja Internacional.

El Gobierno chino anunció en 2008 un plan de reconstrucción a tres años, con financiación pública y privada, de 1,7 billones de yuanes (unos 170.000 millones de euros). El 90% de los proyectos de reconstrucción ejecutados por los gobiernos locales y ONG estarán terminados antes de finalizar el año, incluyendo la construcción de 240.000 nuevas viviendas y 2.900 escuelas.

"Tenemos electricidad y agua, pero seguimos durmiendo en tiendas", dice An Meli, a quien le han prometido que las nuevas viviendas estarán listas en mayo.

El terremoto dejó en evidencia consecuencias del desarrollo económico desenfrenado de los últimos años, como la mala calidad de la construcción. Se han dictado normas más estrictas para las nuevas edificaciones.

Pekín admitió la semana pasada que, según auditorías oficiales, se han malversado 24 millones de euros del fondo de reconstrucción, debido a la mala gestión.

Las autoridades también han tratado de silenciar a los miles de padres que perdieron a sus hijos bajo los escombros de las más de 3.300 escuelas públicas que se derrum-baron durante el temblor. Los padres fueron forzados a aceptar una indemnización a cambio de no denunciar a las autoridades.