La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció la "suspensión" de su polémica propuesta de ley de extradición, que ha generado una oposición masiva en las calles durante la última semana y el rechazo general de la sociedad hongkonesa.

Lam aclaró en una rueda de prensa que la segunda lectura del proyecto, que podría permitir a China acceder a "fugitivos" en territorio hongkonés, queda "suspendida" hasta nuevo aviso, pero no estableció ningún plazo concreto para retomarla.

La jefa del Ejecutivo aseguró que su objetivo original era tapar un vacío legal para "evitar que Hong Kong se convirtiera en un paraíso para los criminales", un propósito que "no ha cambiado".

"Hemos creado un gran conflicto y mucha gente está decepcionada y triste. Yo también estoy triste y me siento arrepentida por desatar este conflicto. Aceptamos las críticas con sinceridad y humildad, y mejoraremos. El Gobierno escuchará abiertamente las opiniones sobre el proyecto legislativo. Nos comunicaremos con la sociedad, explicaremos más y escucharemos más", dijo Lam.

La decisión se produce tras reunirse con miembros de su Consejo, en vísperas de una nueva manifestación convocada para mañana domingo y después de que varios partidarios de la normativa pidiesen ayer la suspensión del proyecto.

La marcha del domingo, que los organizadores aún no han cancelado, da seguimiento a las protestas del miércoles, cuando miles de personas se echaron a las calles para pedir la cancelación del texto, aunque entonces sólo consiguieron el aplazamiento de su segunda lectura en el Legislativo.

La policía dispersó entonces las manifestaciones en la sede parlamentaria mediante la fuerza -usaron gas lacrimógeno y pelotas de goma- dejando 81 heridos (dos de ellos, de gravedad), y 11 detenidos, según las fuerzas de seguridad locales.

Propuesta en febrero y con una votación final que en principio se había previsto para el 20 de junio, la ley permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- ni supervisión legislativa.

Sin embargo, el proyecto se ha topado con la oposición de un amplio espectro social, de estudiantes a empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.

Aunque el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal, los opositores temen que con la nueva ley activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.