El Gobierno de Chipre tendrá dos años más, hasta 2018, de plazo para reducir su déficit tal y como le exige la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) a cambio del préstamo de 10.000 millones de euros, que, según lo pactado, devolverá en 22 años a un interés de entre el 2,5% y el 2,7%. Los primeros pagos se efectuarán dentro de 10 años, esto es, en 2023. Según informó hoy el portavoz del Gobierno, Jristos Stylianidis, al término de la negociación sobre las condiciones del rescate de la llamada troika, Nicosia ha ganado tiempo para la aplicación del Memorando de Entendimiento, como se denomina el acuerdo que impone las condiciones al rescate.

Con esta ampliación de dos años sobre el calendario inicial, la adaptación resultará más fácil y las medidas se distribuirán en cinco años en vez de tres, lo que a su vez mitigará la presión, recalcó Stylianidis. El memorando establece además un periodo de amortización del préstamo de los 10.000 millones de euros de 22 años, a empezar a pagar dentro de diez, y a un interés que oscilará entre el 2,5 % y el 2,7 %. Ya ayer, el portavoz del Ejecutivo anunció que se había logrado ganar un año en el objetivo de consolidación presupuestaria, y en lugar de 2016, Chipre podrá obtener en 2017 un superávit primario (que excluye el pago de intereses de la deuda) del 4%.

También se ha ganado tiempo, dos años, en el calendario de privatizaciones de empresas públicas y semipúblicas, hasta 2018.

Nicosia ha logrado arrancar igualmente un compromiso sobre el recorte de trabajadores públicos, y en lugar de 5.000 de los casi 52.000 empleados públicos que tiene Chipre, deberá despedir a 4.500 hasta finales de 2016.

"La conclusión del acuerdo con la troika debería haber ocurrido mucho antes, en condiciones políticas y económicas mucho mejores. A pesar del retraso, la situación a partir de ahora se normalizará, y se creará el entorno necesario para poner en marcha la economía", explicó Stylianidis. La firma del acuerdo coincide con la decisión del Gobierno de levantar parte de las restricciones al flujo de capital, de instituir la comisión encargada de depurar responsabilidades en torno a la crisis y de la dimisión del ministro de Finanzas, Mijalis Sarris.

Lo que más debió de interesar a los ciudadanos fue el anuncio del Ministerio de Finanzas de que a partir de hoy se alivian algunas de las medidas impuestas la semana pasada para evitar la fuga de capitales. Lo principal del nuevo decreto aprobado hoy es que a partir de ahora se permite a particulares efectuar pagos por cheque de hasta 9.000 euros mensuales por individuo y banco. Se mantiene, en cambio, el límite de 300 euros para la retirada diaria en efectivo. También se decidió aumentar de 5.000 a 25.000 euros el permiso de abono por cheque a las empresas; cantidades superiores a 25.000 e inferiores a 200.000, estarán sujetas a la aprobación por parte del Banco Central de Chipre.

Apenas unas horas después de aprobarse este decreto y de que juraran sus cargos los tres exmagistrados que componen la comisión que investigará el entramado y posiblemente escándalo bancario en torno a la crisis, el ministro de Finanzas, Mijalis Sarris, anunciaba su dimisión. Sarris había estado en las últimas semanas (solo lleva algo más de un mes en el cargo) en el punto de mira de las críticas por su mala gestión de la crisis y por la falta de coordinación con el Banco Central de Chipre, cuyo gobernador, Panikos Dimitraidis, también está en la cuerda floja.

Pero Sarris dimitió por otro asunto: en 2012 fue durante ocho meses presidente de la junta administrativa del Laiki Bank, en proceso de liquidación y uno de los focos principales de las tareas de la comisión de investigación. El ministro explicó que presentaba su dimisión para facilitar el trabajo de la comisión, habida cuenta del cargo que desempeñó en el citado banco.

El presidente, Nikos Anastasiadis, informó de que aceptaba la renuncia, pues se producía en un momento en que las negociaciones con la troika han concluido, y además "con éxito" para el Gobierno, que ha conseguido mejorar algunas de las condiciones del preacuerdo cerrado en noviembre pasado por el Ejecutivo anterior.