MADRID.- Bruselas tardó dos años en dar respuesta a quienes clamaban contra los polémicos tribunales de arbitraje privados en el TTIP, pero la solución del Ejecutivo comunitario sigue blindando a las multinacionales y permitiendo que demanden a los estados por cifras millonarias ante árbitros, y no ante las justicias nacionales. Podrán hacerlo en base a las pérdidas que les reporten los cambios normativos dictados por los respectivos gobiernos, pero también en función de sus “expectativas de ganancias”, por lo que seguirán teniendo poder para influir sobre los reguladores.

Un estudio de varias organizaciones civiles que verá la luz este martes y al que Público ha tenido acceso en primicia documenta cómo las promesas de cambio de la Comisión Europea quedan en agua de borrajas, con un modelo de blindaje corporativo que sigue dando ventajas a las corporaciones, y que ni siquiera ha recibido aún el visto bueno de EEUU, imprescindible para que el mecanismo conocido como ICS (Investor Court System), defendido a capa y espada por la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, sustituya al denostado ISDS (Investor State Dispute Settlement) la versión tradicional de este sistema.

El informe El ICS puesto a prueba, firmado por la investigadora del Transnational Institute Cecilia Olivet, analiza cinco conocidos casos de demandas de empresas a distintos países por valor de hasta 15.000 millones de dólares, para concluir que los casos cubiertos por el ISDS también podrían seguir impartiéndose con la implementación del polémico ICS, rechazado por cientos de organizaciones sociales y partidos políticos. “La propuesta de ICS presenta mejoras básicas de los procedimientos, pero las mismas no solucionan los fallos fundamentales del anterior sistema”, asegura Olivet a este diario.

“El ICS es antidemocrático, peligroso, injusto y unilateral. No debemos caer en la trampa que supone la propuesta de la Comisión Europea”, reza el informe. Los casos escogidos evidencian la asimetría de estos sistemas: desde la disputa de Lone Pine con Canadá por su moratoria del fracking, a la demanda de una compensación de 15.000 millones de dólares del Gobierno de EEUU a TransCanada por vetar la construcción de un oleoducto, a pesar de que la corporación sólo había invertido 2.400 millones en el proyecto.

El estudio lleva el sello del Transational Institute, pero también lo rubrican Amigos de la Tierra en Europa (Friends of the Earth Europe) ; el Observatorio Corporativo Europeo (Corporate Europe Observatory); el Forum Umwelt und Entwicklung y el Centro Canadiense de Políticas Alternativas (Canadian Center for Policy Alternatives)

El informe analiza los recovecos de un modelo en el que ha sido cuidadosamente destacado el llamado “derecho a regular” de los estados. Y este es precisamente uno de los términos más utilizados en los nuevos tratados en los que participa la UE, entre ellos el TiSA (pacto para liberalizar servicios entre 50 países) y el CETA (acuerdo comercial con Canadá). Según el análisis de Olivet el concepto se encuentra “pobremente definido”: el ICS acota “el derecho a regular” a los “objetivos legítimos para impulsar políticas públicas”, pero la protección de este derecho “claramente fracasa en proteger el interés público frente a las exigencias de las corporaciones”.

El texto denuncia también el recurso a otros “conceptos vagos y amplios” completamente abiertos a la interpretación, como “arbitrariedad manifiesta” o “trato justo equitativo”, que sirven a las corporaciones para poner a los estados contra las cuerdas.

Son los árbitros quienes tienen la última palabra al respecto; árbitros que con el nuevo modelo deben tener formación de juristas, pero que no ejercen en base a las jurisprudencias de los estados, y que tampoco tienen vetado el acceso a este sistema de resolución de disputas aunque hayan trabajado como defensores de empresas en litigios similares durante años.

Se da la circunstancia de que estos árbitros no cuentan con un salario fijo, sino que cobran en base al número de procesos arbitrados, por lo que el informe alerta de que lo provechoso que resultaría para ellos favorecer que el número de casos siga creciendo, como es tendencia. Como informó este diario en primicia, España fue el país más demandado ante árbitros privados a través de sistemas de blindaje de inversiones en 2015, alcanzando la cifra récord de 15 disputas.

Según el texto del CEO, sólo el 8% de las corporaciones estadounidenses que operan en EEUU están hoy cubiertas por los distintos acuerdos bilaterales que incluyen mecanismos de blindaje de inversiones, por lo que si esta cifra sube hasta el 100%, como ocurriría con la aprobación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, por sus siglas en inglés), el número de casos previsiblemente se dispararía aún más.

El rechazo de más de un 97% de los 150.000 europeos que en noviembre de 2014 participaron en una consulta sobre el ISDS forzó a la Comisión a mover ficha. Casi un año después, en septiembre de 2015, Malmström presentaba su versión mejorada del ISDS, que sí incorpora la opción de apelar ante los laudos de estos árbitros, pero que en esencia se construye sobre los cimientos del viejo sistema.

“La intención de la Comisión Europea nunca fue acotar los derechos de los inversores. Por el contrario, esta nueva propuesta es un ejercicio de maquillaje y relaciones públicas. Con meros cambios cosméticos y declarativos, la Comisión ha logrado mantener intactos los derechos de los inversores, y al mismo tiempo ha re-legitimado un sistema altamente desacreditado”, apostilla Olivet.

“Los cinco casos estudiados prueban que el derecho a regular puede ser fácilmente discutido, que es posible argumentar que las medidas del Gobierno no eran necesarias”, señala el análisis de Olivet. Baste el caso de Philip Morris contra Uruguay, en el que el gigante tabaquero pide 25 millones de euros a este país desde 2010 por implantar políticas para prevenir la adicción a los cigarrillos. La ley aprobada por el Gobierno de Tabaré Vázquez exigió que todas las cajetillas presentaran advertencias sobre los nocivos efectos del tabaco en un 80% de su superficie, algo que la corporación considera “arbitrario”, ya que en su opinión también podrían cumplirse sus objetivos de disuasión con advertencias algo más discretas.

Entre los litigios estudiados aparecen también la demanda de TransCanada a EEUU por no aprobar la construcción del oleoducto Keystone XL –que según la empresa no afectaría al cambio climático-; la demanda de Lone Pine a Canadá a través de una sociedad pantalla por su moratoria cautelar del fracking; la disputa de Vattenfall contra Alemania por las normas ambientales sobre el uso del agua impuestas por Hamburgo y el caso de Bilcon contra Canadá, demandada cuando le impidió construir una gran cantera en una zona costera ecológicamente sensible.

“Al analizar estos casos de demandas inversor-Estado emblemáticas a la luz de la letra pequeña del texto sobre protección de inversiones, emerge claramente que estos ataques a medidas de salud pública y de protección del medio ambiente podrían repetirse - y prosperar – en el marco del Sistema de Tribunal de Inversiones”, alerta Olivet.