Cinco motivos para aplazar la ejecución del mexicano condenado a muerte en Estados Unidos

Pese a las peticiones de, entre otros, instituciones públicas y entidades de derechos humanos, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos rechazó este miércoles el recurso de los abogados del preso mexicano Edgar Tamayo Arias.

La corte, con sede en Nueva Orleans, argumentó que el recurso, presentado el pasado día 20, llegó más allá de un "tiempo razonable" para ser analizado, por lo que "denegaron la moción" y su ejecución está prevista hoy para las 18:00 horas (00:00 GMT). Sus derechos como ciudadano extranjero en Estados Unidos y su leve discapacidad intelectual explican las peticiones para aplazar la ejecución, revisar el proceso judicial que le condenó a muerte e intentar conseguir que la pena se rebaje a cadena perpetua.

Tamayo fue condenado por el asesinato en 1994 de un agente policial en Houston (Texas), durante su traslado a la cárcel cuando había sido detenido por asalto. El caso ha generado miles de reacciones contrarias a la ejecución y ha tensado de nuevo en esta materia las relaciones entre México y Estados Unidos, lo que confiere al 'caso Tamayo' un carácter excepcional.

1. El derecho a contactar con el consulado mexicano no se aplicó. Tamayo, como ciudadano de nacionalidad mexicana, nunca fue informado de su derecho a contar con la ayuda legal de representantes del consulado de su país, según denuncia tanto su defensa como las autoridades de México. Este derecho está recogido en la Convención de Viena, en el apartado de relaciones consulares, y habría evitado que entonces su abogado fuera de oficio.

Se le suma la existencia del Fallo Avena: la Corte Internacional de Justicia ordenó en 2004 a Estados Unidos la revisión de los casos de mexicanos condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, como Tamayo, que podría convertirse este miércoles en el tercer mexicano ejecutado tras esa resolución. Según los abogados de Tamayo, con la ayuda legal del consulado, el mexicano habría esquivado la pena de muerte y habría sido condenado a cadena perpetua.

2. El condenado sufre una discapacidad mental. Durante su proceso judicial, el abogado de oficio no argumentó ninguna discapacidad mental ni pidió las pruebas de coeficiente intelectual para el procesado.

En 2008, un psicólogo diagnosticó a Tamayo una "discapacidad mental leve" que certificó una deficiencia mental y un daño cerebral que el mexicano sufre desde su adolescencia tras un accidente en un rodeo. En 2002, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la ejecución de reos con discapacidad mental, pero varios casos recientes reabrieron el debate, ya que cada estado determina a su manera si el preso cumple o no con los requisitos para ser considerado discapacitado.

3. El Estado de Texas desoye las peticiones. La defensa del mexicano acusa específicamente a la Junta de Perdones de Texas, encargada de las revisiones de estos casos, de negarse a dar acceso a los argumentos y las evidencias en los que el fiscal explica por qué se opone a la clemencia de Tamayo.

Las críticas al Estado también se dirigen al gobernador, Rick Perry, y al procurador general, Greg Abbott, para que cumplan con su promesa de 2008 de revisar el caso. En 2008, Rick Perry aseguró que Texas apoyaría una revisión de los casos de mexicanos sentenciados a muerte en los que hubiera una supuesta violación del artículo 36 de la Convención de Viena. Así lo manifestó en cartas a la entonces secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, y al Fiscal General de Estados Unidos, Michael Mukasey.

4. Instituciones, entidades y ciudadanos piden la revisión. Amnistía Internacional presentó el pasado 14 de enero 17.500 firmas contra la ejecución de Tamayo, recogidas en 57 países, principalmente en México, España, Estados Unidos, Chile y Argentina.

Las autoridades mexicanas también han tomado posiciones en este asunto y el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, denunció la semana pasada ante el organismo panamericano la actuación de Estados Unidos en el caso Tamayo. México basa su reclamación en la resolución de la Corte Internacional de Justicia y las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Estados Unidos entidades civiles, religiosas y legales que agrupan a la comunidad latina en el país también se opusieron a la ejecución.

5. La defensa admite la gravedad del asesinato. No se trata de una voluntad de absolver al condenado o negar su crimen, lo que pide la defensa a la Junta es una suspensión de 150 días de la ejecución o la conmutación de la sentencia de muerte por cadena perpetua.