En una iniciativa sin precedentes en Argentina, 12 ciudadanos de este país han presentado en la ciudad de Córdoba (centro del país) una querella por "genocidio" contra las cinco máximas autoridades de Israel tras la última ofensiva militar israelí contra Gaza, denominado por Tel Aviv como Barrera Protectora o Margen Protector, que ha devastado la Franja y matado a centenares de civiles.

Los denunciantes piden que se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por parte del primer ministro, Benjamin Netanyahu; de su ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman; del ministro de Defensa, Moshe Yaalon; del jefe del Ejército, el general Benny Gantz, y también del vicepresidente del Parlamento israelí, Moshe Feiglin.

"Hacía tres días que se había firmado el último alto el fuego cuando interpusimos la denuncia", explica a Público quien encabeza esta demanda, Sergio Ortiz, presidente de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos, y dirigente del Partido de la Liberación. "Pero eso no exime a Israel por los 2.140 palestinos asesinados, incluidos 570 niños, por las más de 11.000 personas que dejó heridas, más la destrucción material que causó en los 50 días de este genocidio".

A diferencia de España, y gracias a un artículo consagrado en su Constitución, Argentina puede instruir causas basadas en el principio de Justicia Universal por el que puede juzgar cualquier delito de lesa humanidad con independencia de dónde o cuándo haya sido cometido, al ser imprescriptible.

"La denuncia no es contra todos los israelíes, sino contra cinco cabecillas y el Estado de Israel""La denuncia no es contra todos los israelíes, ni contra los judíos", aclara Torres. "Aunque sabemos que hay más responsables, nos enfocamos en cinco cabecillas. Reaccionamos contra el Estado de Israel en general".

Los argentinos se centran en quienes concentran el poder político y militar de Israel. "Netanyahu tomó las decisiones políticas fundamentales. Como es veterano, no es ésta la primera agresión que realiza. Es un sucesor de Ariel Sharón, uno de los halcones", explica el querellante. "El canciller Lieberman es un neonazi que propuso tirar la bomba atómica sobre Gaza. Su homólogo en Defensa, Yaalon, es responsable porque desde su cartera se llevó a cabo la invasión. Por las mismas razones está incluido el jefe del Ejército, Gantz. Y el vicepresidente del Parlamento, Feiglin, es el ideólogo del plan de exterminio. Es el que alentó lo que hizo Israel, y el que propone destruir todo, ocupar todo, y echar a los palestinos al desierto del Sinaí".

La denuncia ya está en manos de Enrique Senestrari, de la Fiscalía Federal nº1 de Córdoba, quien se negó por el momento a dar declaraciones. "El fiscal recibió la documentación y cuatro de nosotros tuvimos una reunión con él", añadió el querellante. "Nos escuchó atentamente y afirmó que estudiaría la denuncia desde el punto de vista procesal para ver si había razones para su intervención. Pero admitió que políticamente coincidía en que eran crímenes alevosos de lesa humanidad y que no había manera de justificar eso. Salimos conformes".

La demanda tiene por carátula "Fórmula Denuncia por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra autoridades del Estado de Israel por crímenes contra la población palestina en la Franja de Gaza". Los argumentos para pedir la incriminación de Israel se exponen a lo largo de 10 páginas, a las que se incorpora un anexo de documentación e informes que ocupan otras 20 páginas.

En la denuncia a la que accedió este diario, los argentinos recuerdan cómo las autoridades israelíes comenzaron desde el 8 de julio a bombardear por aire y mar la Franja de Gaza, un pequeño territorio de 362 kilómetros cuadrados que tiene una de las densidades demográficas más altas del mundo al albergar 1,8 millones de habitantes. El 17 de julio, 86.000 reservistas invadieron el territorio mientras toneladas de bombas seguían cayendo.

"Según las autoridades de Gaza, las ONG y fuentes de la ONU, que también ha sido atacada en el lugar, casi el 80 % de los muertos y víctimas son civiles; muchas mujeres, niños y ancianos", expusieron los denunciantes. " Entre los agresores, fueron abatidos 64 de sus soldados en Gaza y sólo 4 civiles en Israel".

"Fueron atacados seis refugios y escuelas de la ONU, pese a estar bajo el pabellón que se respeta hasta en los más encarnizados combates del mundo"

El texto prosigue: "A esa contabilidad del horror hay que agregar que 17.200 viviendas y edificios han sido derribados por las bombas y misiles, más otras 38.000 viviendas severamente dañadas. Ni siquiera han respetado los edificios pertenecientes a las Naciones Unidas y su agencia para la protección de los palestinos (Unrwa). Seis de sus escuelas y refugios fueron atacados, pese a estar bajo ese pabellón internacional que se respeta en los más encarnizados combates alrededor del mundo".

Las conclusiones son determinantes: "Claro que lo de Gaza es un genocidio", afirman. "Ni la ONU tiene protección. Entre 250.000 y hasta 450.000 personas, según los distintos momentos de la barbarie, han debido irse de sus casas. Si no fueron asesinados o heridos en el camino, en el regreso a sus domicilios habrán contemplado espantados que ya no existen. Sólo son un montón de escombros, debajo de los cuales aún buscan familiares y vecinos asesinados por las bombas. Más de 100.000 personas se quedaron sin hogar".

Los denunciantes provienen del mundo de la cultura, de organismos de derechos humanos y del Comité de Solidaridad con Palestina. En la demanda recuerdan la investigación en curso contra los crímenes del franquismo a cargo de la jueza argentina María Servini de Cubría. También citan al fiscal español Carlos Castresana y al juez Baltasar Garzón por promover en España la causa contra los crímenes de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), gracias a la cual sigue preso el marino Adolfo Scilingo por participar en la práctica de exterminio conocida como "vuelos de la muerte".

El 4 de agosto, el presidente uruguayo José Mujica se atrevió a denunciar públicamente el "genocidio" que estaba cometiendo Israel. Desde Argentina, este grupo de querellantes reclama ahora las consecuencias judiciales de ese crimen: la imputación de la cúpula israelí con la consiguiente captura internacional correspondiente de Interpol, y que el Estado de Israel sea sancionado, obligado a resarcir a las familias afectadas, y pague los 4.500 millones de euros que según la ONU se necesitan para reconstruir Gaza, hoy destruida.