El autor del atentado contra el Café Argana de Marrakech, que causó 17 muertos el pasado 28 de abril, ha sido condenado a muerte por el Tribunal de Primera Instancia de Salé (ciudad vecina de Rabat). Adel Othmani, de 26 años, pasa a engrosar la lista de los 103 condenados a muerte que quedan en las cárceles marroquíes, aunque es improbable que sea ejecutado, pues la última ejecución en el país data de 1993.

Otro de los acusados, Hakim Dah, para quien el fiscal pedía igualmente la pena de muerte, fue condenado a la cadena perpetua, mientras que los otros siete imputados recibieron condenas de entre dos y cuatro años de cárcel. Nada más pronunciarse el veredicto, los familiares de las víctimas se subieron sobre los bancos donde estaban sentado y comenzaron a gritar "Alahu Akbar" (Alá es grande), mientras que la hermana de Othmani sufrió un ataque de nervios.

Si bien ha habido en los últimos años 18 condenas a muerte (con la de hoy), se pensaba que tal vez los tribunales no la aplicarían en esta ocasión. Los propios familiares de las víctimas habían pedido expresamente que no se aplicara la condena de pena capital.

El juicio a Othmani había sido visto como un "termómetro" sobre el clima de reforma democrático

La Coalición marroquí contra la pena de muerte (CMCPM) denunció recientemente que la aprobación de la Ley Anterrorista en 2005 supuso un empeoramento de la situación, pues al amparo de esta ley ha habido ya 18 condenas a muerte por delitos relacionados con el terrorismo, todos ellos de signo islamista. Además, también delitos comunes como la violación y asesinato de menores también han sido castigados con la pena capital, y se han registrado dos sonadas condenas a muerte a sus autores en los últimos años.

Salvo dos mujeres entre los condenados a la pena máxima, el resto son hombres y se encuentran en el "corredor de la muerte" de la Prisión de Kenitra (40 kilómetros al norte de Rabat), donde las asociaciones de derechos humanos no reciben permiso para visitarlos desde 2007, pese a sus múltiples tentativas.

La CMCPM, apoyada por varios organismos marroquíes pro derechos humanos, así como Amnistía Internacional, ha emprendido una campaña para sensibilizar a los partidos políticos marroquíes y que incluyan la abolición de la pena capital entre sus programas electorales ante los comicios del 25 de noviembre.

El juicio a Othmani había sido visto como un "termómetro" sobre el clima de reforma democrático pregonado por el Palacio y el Gobierno marroquí tras la aprobación de la última Constitución, en particular en lo referente a los avances a los derechos humanos.