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La Corona británica, salpicada en el caso Epstein, pelea por que el hijo de la reina no declare en la investigación

Desde 1649 ningún monarca inglés ha sido llamado a juicio; entonces, Carlos I fue juzgado por alta traición y decapitado. En 2002, la "amnesia" de Isabel II absolvió a Paul Burrell, mayordomo de Diana, de cargos de robo. Ahora, el príncipe Andrés y el Departamento de Justicia norteamericano están enzarzados en las condiciones para su participación en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein

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Cuatro jóvenes frente a los juzgados de Nueva York con imágenes de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. / AFP - STEPHANIE KEITH

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La última vez que un monarca inglés -todavía no era británico- fue convocado a juicio, el calendario marcaba el año 1649. Carlos I fue juzgado por alta traición y decapitado. Al cabo de 353 años, en 2002, se planteó de nuevo la inmunidad del monarca a ser juzgado o, más fácil todavía, a comparecer como testigo en un juicio. La comparecencia, sí o no, provocó una crisis constitucional. ¿Estaba Isabel II por encima de la ley o a la misma altura del resto de los ciudadanos? Nadie lo sabía. En Reino Unido, ella personifica el cumplimiento de la ley a tenor de que los juicios se presentan con el enunciado de "Regina vs Fulanito de Tal" (Regente contra Acusado). La crisis constitucional de 2002 afloró con motivo del juicio a Paul Burrell, mayordomo de Diana, acusado de robar 310 objetos de la princesa.

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El mayordomo adujo en el banquillo de los acusados que, en una conversación privada con la reina, le había informado de que él poseía y guardaba los objetos por razones de seguridad. ¿Había que convocar a Isabel II –representante de la ley– de testigo para confirmar las palabras de Paul Burrell? De repente, tras varias semanas de juicio, ella refrescó la memoria y se acordó de la confesión del mayordomo; quedó absuelto automáticamente de los cargos de robo el 1 de noviembre (día de almas) de 2002. La "amnesia" más oportuna de la historia británica. Así calificaron los que dudaron de la acometida memoria de Isabel II. Lo que sí quedó libre de duda fue que sólo el monarca tiene "inmunidad soberana" en Reino Unido. El privilegio judicial no se aplica a ningún otro miembro de la familia que representa la institución monárquica; ni tampoco a cargos públicos del Gobierno.

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Estos días vuelve a salir a relucir la inmunidad judicial de la realeza a raíz de la convocatoria al príncipe Andrés para que testifique en el caso del traficante de menores para abuso sexual, Jeffrey Epstein, en EEUU. La inmunidad no alcanza a los hijos del monarca, aunque se le pide "colaboración voluntaria" en la investigación sobre Epstein, fallecido mientras estaba en la cárcel. El hijo de la reina dio una entrevista a la BBC el pasado mes de noviembre que resultó un desastre publicitario por la recurrente amnesia en la que caía. A diferencia de su madre: no había forma de refrescar la memoria. Sobre una foto de él con una de las víctimas, la estadounidense Virginia Roberts, de 17 años, trasladada a Londres donde se tomó la imagen, el duque de York no se acordaba de nada. Sólo reconocía que el hombre de la foto era él. "Tiendo a ser demasiado honorable", apostilló.

En la entrevista a la BBC dijo que estaba dispuesto a "colaborar con la Justicia si los asesores legales lo dicen". Y en éstas está: sus asesores legales, de momento, le dicen que no testifique. Para eso les paga. La Fiscalía norteamericana y los abogados de las víctimas le han pedido, de nuevo esta semana, que colabore en la investigación. La firma de abogados Blackfords LLP ha publicado un comunicado en el que dice: "Nuestro cliente, lejos de comportarse por encima de la ley, como sugieren los medios en EEUU, está siendo tratado de forma muy inferior a la que se espera sea tratado cualquier otro ciudadano". Los abogados del príncipe añaden que éste se ha ofrecido hasta en tres ocasiones para cooperar en la investigación sobre Epstein, acusado de abusos sexuales a menores.

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En medio de la Fiscalía de Nueva York, que requiere un interrogatorio sin condiciones previas, y el príncipe Andrés, están sus asesores legales, con la abogada, Clare Montgomery, a la cabeza. Desde Londres ofrecen un testimonio escrito en lugar de interrogatorio cara a cara; exigen también acordar el cuestionario de preguntas que se le podrían hacer al duque; él las contestaría por escrito. Lo que tiene enzarzados a las partes son las condiciones de la colaboración. Mientras se arrastra el litigio, la espada de Damocles pende sobre el príncipe Andrés; glorificado por su participación en la guerra de las Malvinas; ahora, despreciado por sus vínculos a un pedófilo. Un hábito frecuente en la relación de los británicos con su Familia Real: colocarlos en un pedestal para apedrearlos. La reina, sin embargo, se salva.

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