La corrupción de Ben Alí llega a la Justicia francesa

Las ONG francesas de lucha contra la corrupción y contra la opacidad financiera no se fían de las promesas del Gobierno francés, que ayer insistió en que va a hacer todo lo posible para bloquear los haberes del clan Ben Alí. Por eso, anunciaron que han presentado una querella para obligar a que un juez independiente tome cartas en el asunto y dé con los 5.000 millones de dólares que se supone que la familia del dictador tiene ocultos y colocados casi todos en Francia, gracias a la complicidad de intermediarios financieros y a décadas de pasividad del Gobierno de París.

El abogado William Bourdon anunció ayer que la querella francesa fue presentada ante la fiscalía de París en nombre de tres ONG, Transparencia Internacional, Sherpa y Comisión Árabe de Derechos Humanos. Van a utilizar la táctica ya empleada hace unos meses contra las familias de tres dictadores o ex dictadores del África subsahariana, entre ellos los Obiang de Guinea Ecuatorial.

La esposa del tirano huyó de Túnez con 1,5 toneladas de oro en lingotes

Se trata de proporcionar al juez los indicios de que el volumen de un patrimonio y de unas cuentas bancarias en Francia, por no tener común medida con los ingresos declarados de un autócrata y de su clan, sólo pueden ser "bienes mal adquiridos", figura penal que remite a posibles "malversaciones de fondos públicos". Esos datos obligan a nombrar un juez instructor que puede tomar medidas cautelares rápidamente para que la policía judicial pueda investigar.

En el caso de la familia Ben Alí, la delegada general de Sherpa, Maude Perdriel, explicó ayer a Público que "no hemos podido de momento efectuar una estimación precisa". Se sabe ya que el clan posee un palacio en París que por sí solo vale 37 millones de euros. Fuentes que colaboraron en la elaboración de la querella apuntan como válida la estimación de Forbes de unos "5.000 millones de dólares que Ben Alí habría colocado en buena parte en Francia, bajo diversas fórmulas y haberes, y se trata de una estimación mínima".

Para la redacción de la querella, ha sido capital el informe que publica hoy el programa Global Financial Integrity, un think tank de EEUU, sobre Flujos ilícitos de capitales desde los países en desarrollo: 2000-2009. Basándose en el estudio de las balanzas de pagos, de las reservas de divisas y de los juegos contables en el seno de multinacionales presentes en Túnez, el informe certifica que más de 1.160 millones de dólares han salido ilegalmente cada año del país entre 2000 y 2008, lo que representa unos 10.000 millones de dólares en total. Para los expertos estadounidenses, en Túnez, el dinero negro es el resultado, no de señores de la guerra acoplados a ejecutivos internacionales, sino de "actividades financieras ilegales y de la corrupción oficial del Gobierno".

La revista 'Forbes' estima "el mínimo" oculto en 5.000 millones de dólares

"El objetivo de nuestra acción es que la policía judicial pueda investigar, que el juez pueda arrojar luz, y que un día esos bienes públicos sean devueltos al pueblo tunecino. No pedimos más que la aplicación de lo que está escrito en la Convención de la ONU contra la Corrupción", explicó a Público el presidente de Transparencia Internacional Francia, Daniel Lebègue.

Las ONG francesas pisan sobre terreno jurídicamente firme. Durante tres años, el Gobierno frenó la precedente querella por "bienes mal adquiridos". Pero desde hace unos meses hay jurisprudencia de la Corte de Casación, que sentó el principio de la aceptación a trámite de esas denuncias. "Ahora hace falta que otros países cooperen, especialmente varios de Oriente Próximo y Suiza, por lo que se están preparando varias querellas más, y una de juristas tunecinos ya está en marcha en Berna", subraya Lebègue.

El Ejecutivo francés multiplicó ayer una estampida de señales para demostrar que él también participa en la caza Ben Alí. Fuentes del Elíseo filtraron la información aún no confirmada de que la esposa del tirano se llevó 1,5 toneladas de oro en lingotes del Banco Central de Túnez, por un valor estimado de 45 millones de euros.

La ministra de Economía, Christine Lagarde, anunció que había ordenado cursar instrucción a los bancos de vigilar las cuentas que pertenecen a clientes "que ejercieron funciones políticas, jurisdiccionales o administrativas relacionadas con Túnez". Lagarde habló de la posibilidad de bloquear durante 48 horas las operaciones sospechosas. No obstante, no ordenó congelar haberes.

El portavoz del Gobierno, François Baroin, dijo que París se pone "a la disposición de las autoridades tunecinas" para examinar el porvenir de los bienes inmobiliarios del clan Ben Alí.