El Gobierno italiano se veía presionado este lunes para disolver el grupo neofascista Forza Nuova, implicado en las violentas protestas del fin de semana contra la iniciativa del Gobierno de hacer obligatorio el pase verde, un certificado de vacunación de covid-19 que será obligatorio para todos los trabajadores.

Desde su fundación en 1997, Forza Nuova ha sido acusada repetidamente de utilizar la violencia contra los inmigrantes y la Policía. Junto con el grupo CasaPound, es la principal organización neofascista que sigue activa en Italia.

Un total de 12 personas, entre ellas el líder de Forza Nuova, Roberto Fiore, fueron detenidas y 38 policías resultaron heridos en los enfrentamientos del sábado por la noche, cuando miles de manifestantes salieron a las calles de Roma. Un grupo irrumpió en la sede del sindicato CGIL.

A partir del 15 de octubre, los trabajadores tendrán que mostrar un certificado digital o en papel de "pase verde" que demuestre que han recibido al menos una dosis de la vacuna, que han dado negativo en un test del virus o que se han recuperado recientemente del mismo.

Italia es el primer país de Europa que hace obligatoria esta certificación de vacunas para acelerar la vacunación y acabar con las infecciones por coronavirus. El lunes, el Partido Democrático (PD), de centro-izquierda, presentó una moción en el Parlamento en la que pide al Gobierno del primer ministro Mario Draghi que disuelva Forza Nuova y todos los movimientos políticos de inspiración neofascista. "Esperamos que todas las fuerzas políticas genuinamente democráticas la firmen... Ha llegado el momento de poner fin a las ambigüedades sobre el fascismo", dijo el PD en un comunicado.

Tras reunirse con Draghi en la sede del sindicato, el líder de la CGIL, Maurizio Landini, dijo que el Gobierno se había comprometido a discutir la disolución de Forza Nuova en los próximos días, sin dar más detalles. "El primer ministro ha expresado la solidaridad del Gobierno y el compromiso de todas las instituciones para evitar el regreso de un pasado que no queremos", dijo Landini.

Ataque a un hospital

El sábado, decenas de alborotadores atacaron también la unidad de urgencias del hospital Policlínico Umberto I de Roma, donde uno de ellos estaba ingresado para recibir tratamiento, obligando a los trabajadores sanitarios a atrincherarse en el interior.

Los desórdenes fueron ampliamente condenados, incluso por Matteo Salvini y Giorgia Meloni, líderes de los partidos derechistas Liga y Hermanos de Italia, a quienes los partidos de izquierda suelen acusar de no distanciarse lo suficiente de los extremistas. La Liga ha dicho que la violencia no puede justificarse, pero ha pedido la dimisión de la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, una tecnócrata sin afiliación a ningún partido, por considerar que se ha mostrado incapaz de gestionar los desórdenes. Los fiscales de Roma han abierto dos investigaciones distintas sobre los disturbios contra la vacunación en la capital, según informan medios de comunicación italianos.