Este artículo se publicó hace 4 años.
La crisis climática amenaza una tumba nuclear de EEUU en el Pacífico equivalente a 35 piscinas olímpicas
Estados Unidos detonó decenas de bombas nucleares en las Marshall entre 1946 y 1958, y acumuló los restos en el depósito de la isla Runit. El Gobierno de Trump presentará en seis meses un estudio sobre el mismo.
Manuel Ruiz Rico
Washington-
El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado elaborar en seis meses un informe sobre el estado de una tumba nuclear de las Islas Marshall, que almacena toneladas de residuos de las decenas de pruebas nucleares que el país norteamericano realizó entre 1946 y 1958. Dicho cementerio nuclear está cubierto por una cúpula de hormigón cuyo estado podría estar deteriorado, a lo que se une el riesgo extremo de que la crisis climática haga subir las aguas del océano y éstas alcancen los restos radiactivos.
El informe fue aprobado a finales de diciembre por la nueva Ley de Defensa Nacional, que el Congreso aprobó a primeros de ese mes y que entró en vigor tras ser firmada por el presidente Donald Trump el 20 de diciembre. Esta medida se introdujo como una enmienda de la congresista demócrata de Hawái y candidata a las primarias de ese partido, Tulsi Gabbard.
La tumba radiactiva en cuestión está ubicada en la isla Runit. Allí, Estados Unidos aprovechó el cráter dejado por una bomba nuclear para almacenar toneladas de residuos equivalentes a 35 piscinas olímpicas. Más tarde sellaron aquello con una cúpula de hormigón de 115 metros y a otra cosa.
Un estudio de la Universidad de Columbia de Nueva York publicado en julio del año pasado detectó niveles de radiación en algunas zonas de la isla de Enewetak y otras partes de las Islas Marshall que alcanzan los niveles encontrados cerca de Chernóbil y Fukushima.
El texto de la norma ordena al secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos (el equivalente al ministro de Energía), Dan Brouillete, que realice “no más tarde de 180 días tras la promulgación de esta ley […] un informe sobre el estado de la cúpula de Runit, en las Islas Marshall”. La ley involucra también a la Agencia de Protección Ambiental y a la Secretaría de Defensa en la elaboración del informe.
La norma detalla además los diez asuntos específicos que deben abordarse específicamente en el documento final, entre ellos, un plan detallado para retirar los materiales radiactivos de la cúpula y llevarlos a una localización más segura y estable, incluyendo un calendario de tiempos y costes; un plan para reparar la cúpula y asegurar que no exista ningún efecto nocivo para la población local, el medioambiente o las especies animales; la evaluación sobre los efectos en el medioambiente que la cúpula tiene actualmente y una proyección a cinco, diez y 20 años
También, el estudio de la seguridad alimentaria derivada de la recolección de productos alimentarios en zonas cercanas; un análisis de cómo la crisis climática y la subida del nivel del mar prevén afectar a la cúpula y la descripción de escenarios posibles si la cúpula es parcial o totalmente cubierta por el agua; y una descripción detallada de los efectos en la salud de los habitantes de las islas del Pacífico, incluyendo también a los residentes en Hawái, Fiyi y Samoa, debido a las pruebas nucleares realizadas en su día en la isla Runit. Por último, la ley establece que el informe se enviará al Congreso de Estados Unidos “de forma desclasificada y será hecho público inmediatamente”.
En el momento de las pruebas nucleares, las Islas Marshall eran un territorio creado por la ONU pero administrado por Estados Unidos. El país no logró su independencia hasta 1979. En 1988, un tribunal internacional independiente dictaminó que Estados Unidos debía compensar a las Islas Marshall con 2.300 millones de dólares, pero el Congreso y los tribunales norteamericanos rechazaron acatar dicha sentencia. De hecho, según una investigación de Los Ángeles Times, sólo fueron pagados cuatro millones de dólares.
Con todo, el acuerdo de libre asociación entre Estados Unidos y las Islas Marshall tiene que renegociarse de nuevo en 2023 y el informe ordenado por la nueva Ley de Defensa podría ser un sólido argumento para que el país del Pacífico reclame dichas cantidades compensatorias.
La congresista Tulsi Gabbard señaló en junio del año pasado, cuando presentó la enmienda, que “el gobierno de Estados Unidos es responsable de este depósito y debe asegurar la protección de las personas y del medioambiente de los residuos tóxicos almacenados ahí”.
“La cúpula Runit”, alertó Gabbard en un comunicado, “contiene 85.000 metros cúbicos de residuos radiactivos generados por las pruebas nucleares de Estados Unidos en la Guerra Fría y la gente de las Marshall está gravemente preocupada por la integridad de la cúpula y el impacto que eso tendría en su país y el medioambiente”.
Un mes antes de eso, en mayo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, denunció en una visita a Fiyi el legado de las pruebas nucleares de la Guerra Fría que suponen los residuos nucleares en las Marshall. “El Pacífico fue víctima en el pasado de ello, todos lo sabemos”, dijo, y alertó de que “las consecuencias de todo ello han sido dramáticas para la salud y el envenenamiento de las aguas en algunas zonas”.
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