Panamá está sumida en una crisis social probablemente sin precedentes en la era democrática. Desde hace dos semanas, sindicatos de la construcción, organizaciones indígenas, productores agropecuarios, gremios docentes y de salud, transportistas, pescadores y más elementos sociales han organizado cierres de calles en todo el país y concentraciones frente a las instituciones públicas.

Los motivos inmediatos del descontento son los mismos que en el resto del continente y del mundo: el aumento del precio del petróleo y la inflación que ha generado sobre los bienes de primera necesidad. El pliegue de peticiones va del más coyuntural (precio de la gasolina, de la cesta de la compra básica y de los medicamentos) al más estructural (seguro de desempleo, reforma fiscal…).

La crisis actual difícilmente podría ser una sorpresa. Los últimos meses habían dado amplias señales sobre el descontento ciudadano. En octubre de 2019, estudiantes de universidades privadas y públicas y miembros de los movimientos feminista y LGBT panameños se movilizaron durante semanas en contra de unas reformas constitucionales que, aunque necesarias, no cumplían con el objetivo al que las encuestas de opinión pública apuntaban: defender a los pobres.

Pasada una pandemia que trajo consigo una de las peores recesiones del mundo al país (-17,9%), se reanudaron focos de descontento, por motivos tan variados como la precaria situación de la caja del seguro social, el desempleo o una impopular reforma electoral.

Las propuestas de diálogo por parte del Gobierno y las medidas paliativas a la inflación no parecen haber sido suficientes para calmar el enfado. Los grupos organizados están determinados a seguir con los bloqueos, mientras sube el nivel de tensión en la población y las fuerzas públicas. Y esto es porque, más allá del precio de la gasolina, el país está sumido en cinco crisis.

La crisis de la desigualdad

Panamá ha sido uno de los países que más ha crecido en el mundo en las últimas décadas. En medio de las enormes protestas actuales, el Gobierno anunció con orgullo que Panamá ya se consideraba como un país de renta alta. Sin embargo, esto no esconde una enorme desigualdad, la tercera más importante del continente. El 10% más rico obtiene el 37,3% del ingreso nacional, es decir, casi 13 veces más que el 40% más pobre.

La masa salarial en la producción de riqueza ha disminuido del 50 % del PIB a menos de 30 % en 20 años. Sin embargo, las diferencias de patrimonio son aún más agudas. En 2013, 115 multimillonarios sumaban 16.000 millones de dólares.

La pandemia ha empeorado esta situación de desigualdad. EL 49,5 % de las personas declaran que sus ingresos disminuyeron durante la pandemia (datos de la encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos, 2021) y la mayoría de las personas que han encontrado un empleo en los últimos meses lo han hecho en el sector informal.

Agregado a eso, la situación inflacionista actual pone en especial dificultad a quienes tienen apenas lo justo para sobrevivir. Además, estudios previos han demostrado que en Panamá, los deciles más pobres están impactados por una inflación mayor, en razón del lugar central que tienen los alimentos en su presupuesto, el cual es también el rubro más sujeto a la inflación.

Panamá no es un país que ignore su desigualdad. Según datos del Latinobarómetro, el 75,3% de las panameñas y los panameños declara que el reparto de ingresos es "injusto" o "muy injusto" y el 82,7% considera que el país está gobernado por "unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio".

La crisis de representatividad y de confianza

Existen graves problemas de confianza en las instituciones panameñas. La Asamblea Nacional suma 84,2% de desconfianza, el Gobierno el 77,2%, el poder judicial un 75,9% y los partidos políticos el 87,5%. Sin embargo, no solo las instituciones públicas enfrentan este problema. La confianza interpersonal es prácticamente inexistente (el 74,2% piensa que la gente "nunca o pocas veces es confiable"). Con la pandemia, todas las instituciones tanto públicas como privadas han perdido la confianza de la ciudadanía. Esto explica en cierta medida la dificultad de coordinación que ha podido existir entre los distintos grupos movilizados.

Vale la pena decir una palabra sobre la Iglesia Católica, a la que el presidente del país, Laurentino Cortizo, invitó como mediadora en el conflicto actual. La institución religiosa es, efectivamente, como el mandatario subrayó, la que goza de mayor confianza en la población (un 70,6% dice confiar en ella). Sin embargo, este fotograma oculta la película completa: entre el inicio de los años 1990, cuando la Iglesia Católica mediaba en todos los pactos y diálogos en los que se diseñó el proyecto económico y político del país, y la actualidad, la Iglesia Católica ha perdido 20 puntos porcentuales de confianza.

Por un lado, existen hoy sectores de la sociedad que abogan por una mayor separación entre la Iglesia y el Estado, y, por otro lado, las personas que tienen menor acceso a bienes y servicios, con quienes el Estado está buscando dialogar con la mediación de la Iglesia, son precisamente los que dicen tener menos confianza en la Iglesia. Esto explica el fracaso del diálogo convocado por el presidente Laurentino Cortizo con la mediación de la Iglesia, lo que nos lleva a la tercera crisis.

La crisis de los sistemas de negociación colectiva

Desde la transición a la democracia, Panamá se ha caracterizado por multiplicar los diálogos, mesas y pactos para sentar las bases políticas y económicas del país. Estos mecanismos reflejaban una cultura política que valora el consenso, pero también instituciones democráticas muy débiles que no lograban canalizar estas conversaciones. Se han caracterizado por colocar el sector privado en el centro de las políticas, y buscar el crecimiento económico gracias a las clásicas recetas liberales de los años 1990.

Sin embargo, estos mecanismos han logrado convencer cada vez menos a la población de su utilidad. En 2021, los trabajadores organizados se levantaron de la mesa de diálogo dedicada a la caja del seguro social. El pacto del bicentenario, una plataforma en línea que agrupaba propuestas ciudadanas, no logró convencer de su utilidad y las mesas de negociación actuales no han encontrado más éxito. La crisis de confianza que mencionamos anteriormente no es ajena a esta situación, como tampoco lo está la sensación de los grupos movilizados de un diálogo de "yo con yo", donde están en contubernio poderes políticos y poderes económicos, y donde los sectores populares están invitados para avalar decisiones que ya fueron tomadas sin ellos.

La crisis de honradez

El país también enfrenta una profunda crisis de moralidad. Dos expresidentes están siendo procesados en el caso Odebrecht. Durante la pandemia, el ministerio público abrió procesos por no menos de 18 casos de corrupción relacionados con la gestión de la pandemia, estalló un escándalo relacionado con graves abusos en el sistema de protección de la infancia, renunciaron una serie de altos funcionarios sin mediar ninguna explicación a la ciudadanía, las planillas gubernamentales fueron sistemáticamente cuestionadas por responder a intereses clientelares, etc. El BID estima el malgasto del sistema público en un 3,8% del PIB, sobre todo relacionado con compras públicas.

Sin embargo, la crisis de honradez no solo está relacionada con el sector público. En septiembre de 2021, la Unión Europea decidió mantener a Panamá en la lista negra de los países que "no cooperan en materia fiscal". Según el director general de ingresos, la evasión fiscal representa otro 4 % del PIB.

Se calcula que en 10 años fueron evadidos al fisco cerca de 35 mil millones de dólares, teniendo en cuenta solo el impuesto sobre las personas jurídicas. Esta crisis de moralidad en el sector público y privado, sumado a una política liberal de disminución paulatina de la tasa de imposición, ha llevado a la quinta crisis, la de los recursos públicos.

La crisis de recursos públicos

Además de la corrupción y de la evasión fiscal, la elusión fiscal (maniobras legales para pagar menos o no pagar impuestos) y las políticas de exenciones de impuestos también han contribuido a disminuir las capacidades estatales para ejecutar políticas públicas. Las exenciones de impuestos sobre todo tipo de bienes y actividades como construcciones nuevas, transferencias de acciones, yates, etc. son muestra de ello.

En 2020, la tasa de recaudación era apenas del 13,7% del PIB (contra el 22,9% en promedio en América Latina), habiendo disminuido más de 3,5 puntos desde inicios de la década de 1990. El crecimiento económico solía compensar esta disminución paulatina, pero la actual crisis económica ha hecho retroceder la recaudación impositiva de casi 5 años.

En este contexto, se aprobó en junio una ley otorgando créditos fiscales a proyectos turísticos de lujo por más de 400 millones de dólares, lo que ha generado un fuerte descontento en la opinión pública y en el sector del turismo. La derogación de esta ley forma parte de las peticiones de uno de los principales sindicatos actualmente movilizados en el país.

La situación es compleja y, teniendo en cuenta sus limitaciones presupuestarias, el Gobierno tiene poco margen de maniobra para negociar con los que protestan. Hasta el momento, las negociaciones se han centrado sobre un subsidio a la gasolina, que sería pagado con recortes al funcionamiento estatal, en particular con un recorte del 10% del funcionariado. Sin embargo, parece que parte de las organizaciones están buscando reformas más estructurales que puedan dar respuestas de mayor alcance a las cinco crisis que hemos descrito.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation