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Cuba abre el grifo del crédito

La última de las reformas económicas del Gobierno de Raúl Castro ofrecerá capital a autónomos y campesinos

FERNANDO RAVSBERG

Los bancos cubanos comenzarán a dar crédito para el inicio o el desarrollo de negocios. En 500 sucursales se establecerá "una comisión de crédito, encargada de realizar el análisis de riesgo de cada solicitud". Este análisis es clave porque la ley cubana no permite a los bancos confiscar la vivienda del deudor. De hecho, son muchos los cubanos que han recibido préstamos para comprar su casa o electrodomésticos y nunca han pagado las cuotas.

El objetivo de estos créditos parece ser dotar de capital a los trabajadores autónomos y a los pequeños campesinos para que a largo plazo ocupen el espacio empresarial de Cuba. En la actualidad, la mayoría de los cubanos con capital son personas que se lucraron violando las leyes; algunos simples delincuentes y otros funcionarios corruptos. "La única forma de evitar que nos pase lo mismo que a la Unión Soviética es repartiendo el cake [pastel] entre los trabajadores", declaró a Público un economista de la Universidad de La Habana.

Esta es la última de las reformas adoptadas por Raúl Castro desde que asumió oficialmente la presidencia de Cuba, hace cuatro años. El pistoletazo de salida fue la reforma agraria, que quitó las parcelas improductivas a las granjas estatales que mantenían sin sembrar el 50% de las tierras cultivables, con un coste de 1.380 millones de euros en importación de alimentos. Esas fincas fueron luego entregadas a los pequeños campesinos, quienes producían el 70% de la comida con apenas el 20% de las tierras. Se otorgaron de forma gratuita 1,3 millones de hectáreas y la producción comenzó a crecer.

El pistoletazo de salida del cambio fue la reforma agraria de Raúl Castro

No obstante, el proyecto agrícola adolece aún de serios problemas. El primero es el peso de una burocracia enorme: sólo el Ministerio de Agricultura tiene 1,2 millones de empleados. Estos funcionarios han creado un sistema de distribución centralizado que provoca la merma e incluso la pérdida de cosechas, a la vez que han sido incapaces de garantizar al campesino las herramientas básicas para su trabajo. Y si no hay dónde comprarlas, ni siquiera los créditos solucionarán el problema.

Otra reforma trascendental fue la apertura del trabajo autónomo cuando el 90% de los ciudadanos eran empleados del Estado. En pocos meses, el número de trabajadores por cuenta propia pasó de 100.000 a más de 300.000, sin contar a los nuevos campesinos, que son otros 150.000. El trabajo autónomo debería absorber al medio millón de empleados estatales que serán despedidos en los próximos años. El Estado reducirá así el desembolso de salarios y aumentará la recaudación, dado que en Cuba los trabajadores estatales no pagan impuestos, pero los autónomos, sí.

Apenas elegido presidente, Raúl Castro comenzó a eliminar prohibiciones que, además de absurdas, eran anticonstitucionales, económicamente contraproducentes y socialmente dolorosas. Reabrió los hoteles a los cubanos, les autorizó el uso de teléfonos móviles y la compra de ordenadores. Inmediatamente aumentaron los ingresos gracias al dinero que los ciudadanos tenían bajo los colchones. Durante el 2010 los cubanos se convirtieron en el segundo grupo de turistas en los hoteles, tras los canadienses y por delante de los emigrantes que visitan el país.

Los cubanos ya pueden usar móviles y alojarse en hoteles de la isla

La apertura del mercado automovilístico y del inmobiliario moverá también dinero, del que el 4% irá a parar a las arcas del Estado. Estas transacciones se efectuaban antes en el mercado negro, con el consiguiente riesgo que ello implicaba para el ciudadano.

Tras un acuerdo con el Gobierno de España y con la Iglesia católica, La Habana liberó a los presos políticos. Se excarceló a más de un centenar de detenidos, entre ellos todos los adoptados por Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia. Tras las rejas queda un grupo de condenados por acciones violentas como poner bombas en hoteles o asesinar civiles que, a pesar de todo, se beneficiaron de un perdón gracias al cual se les conmutó la pena de muerte.

Los disidentes aseguran que aún hay presos políticos pero no se ponen de acuerdo en la cifra. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, nos explicó: "Consideramos que preso político es también quien se robe un barco para salir del país porque le está robando algo al Gobierno". Sin embargo, sus llamamientos no tienen demasiado eco. El Cardenal Jaime Ortega aseguró a la prensa extranjera que el asunto de los presos políticos "es ya un tema cerrado".

La Habana parece haber comprendido que los disidentes no son su enemigo más peligroso, sino la burocracia corrupta, convertida en el gran obstáculo de unas reformas que limitan su poder y ponen trabas a su expolio. Los burócratas son muy poderosos porque controlan operativamente toda la economía, incluso algunos ministerios.

El Gobierno da la batalla desde la recién creada Contraloría General de la República, cuya labor permitió descubrir fraudes millonarios en diversos sectores, así como en empresas extranjeras que operan en Cuba. Decenas de empresarios nacionales y extranjeros, incluyendo un ministro, ocupan ahora las celdas de los disidentes liberados.

El próximo año será clave para Cuba. La Asamblea del Partido Comunista a finales de enero deberá darle un marco ideológico, político y jurídico a las reformas. Se espera también que algunos miembros de la generación de la Sierra Maestra se retiren y que asciendan al poder dirigentes más jóvenes, llamados a sustituir dentro de pocos años al equipo de Raúl Castro.