El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) ya tiene fecha: abril de 2011. La trascendental convocatoria del órgano supremo del partido llega con una noticia que Raúl Castro había adelantado en sus discursos, pero que no por sabida mitigará el impacto en el bolsillo y en la memoria histórica de los cubanos: la eliminación de la cartilla de racionamiento alimentario, principal símbolo durante 50 años del paternalismo de la revolución castrista.

La hoja de ruta de la "actualización del modelo económico", hecha pública el lunes, apuesta por que "primará la planificación y no el mercado", ya que "sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución". Eso sí, Cuba ampliará el sector privado y promoverá la inversión extranjera, para lo cual intentarán borrar la fama de morosos internacionales "mediante el estricto cumplimiento de los compromisos".

Raúl Castro anunció que de inmediato se promoverá la "discusión masiva" de los documentos, contenidos en el llamado Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social. "Será el Congreso de toda la militancia y de todo el pueblo", enfatizó el presidente cubano, que dejó claro que la "batalla económica" constituye el "único tema".

El documento confirma las directrices comunicadas en las últimas semanas: mayor autonomía para empresas públicas tras 500.000 despidos, trabajo privado con asalariados, empresas mixtas, cooperativas, arrendadores de establecimientos, usufructuarios de tierras, sistema tributario que redistribuya ingresos, y lo que ayude a elevar la eficacia del trabajo.

La importancia de este congreso se mide tanto por las medidas que ya están sobre la mesa como por el tiempo de espera para su convocatoria: nueve años de retraso, provocado por las dificultades de supervivencia del modelo revolucionario. El V Congreso del PCC, celebrado en 1997, debería haber dado paso al nuevo cónclave en 2002. Castro insistió en que era necesario "estimular el debate y la sana discrepancia".

Los disidentes cubanos exigen que las "opiniones críticas" en el proceso previo no sean castigadas, como ya ocurrió en 1991, después de que la caída del Muro de Berlín comenzase a socavar la economía cubana.