La misión internacional Justicia para Berta Cáceres, de visita estos días en Honduras para solicitar una investigación internacional e independiente en el asesinato de la líder indígena lenca, ha expresado "serias preocupaciones" por la escasa información y transparencia, las "versiones contradictorias" y la "nula predisposición" del Estado hondureño para esclarecer de forma independiente el crimen.

Los integrantes de la delegación, formada por más de una decena de miembros de partidos políticos, organizaciones sociales, ambientales y judiciales de varios países, mantuvieron el jueves una reunión con la Fiscalía del país centroamericano en la que confirmaron que la investigación oficial se está orientando hacia las propios miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Berta formaba parte, en un intento por desvincular es caso de motivaciones políticas o ideológicas y darle carácter de "crimen pasional".

"La Fiscalía nos trasmitió que es posible que la semana que viene se anuncien resultados sorprendentes derivados de la investigación. Esto nos ha dejado una enorme intranquilidad. Da la sensación de que están buscando una cabeza de turco", dice desde Honduras el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, en comunicación telefónica con este periódico, que denuncia la "alarmante" inestabilidad institucional en la que vive el país desde el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno electo de Manuel Zelaya en 2009.

"Todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso hondureño, que son parlamentarios de diferentes partidos políticos nos reconocieron que no había independencia judicial en el país. Todos. Nadie se atrevió a contradecir esa afirmación. El diputado Jari Dixon, exfiscal en el país durante 14 años, reconoció que no sería la primera vez que el Gobierno fabrica pruebas en un caso", señala Urbán.

La delegación internacional preguntó a la Fiscalía sobre la supuesta colaboración del FBI en la investigación, tal y como el Gobierno ha difundido en los medios de comunicación locales. Sin embargo, el Ministerio Público terminó reconociendo en la reunión que no existe tal colaboración, sino que se trata de exmiembros del cuerpo de la policía federal estadounidense que ahora trabajan como asesores del Estado. Los miembros de la delegación van a reunirse con la embajada de EEUU en las próximas horas para esclarecer este asunto.

Según el eurodiputado de Podemos, el resto de embajadas con las que se han reunido, sobre todo de países de la Unión Europea, han mostrado su predisposición a que se ponga en marcha una comisión independiente para esclarecer los hechos, y han señalado que si el Gobierno de Honduras adujera no poder hacerlo por motivos económicos, "eso no sería un problema".

"El Gobierno está intentando quitarse la presión internacional de encima, pero en realidad no existe ninguna voluntad política de llevar a cabo una investigación internacional ni dar salida al caso de Gustavo", único testigo del asesinato de Berta Cáceres, que sigue retenido porque las autoridades hondureñas le impiden abandonar el país. La misión, a través de un comunicado, manifestó la "urgencia" de que el Estado, a través del Poder Judicial, asuma el compromiso de resolver "inmediatamente" los recursos de amparo y hábeas corpus presentados a favor de Castro, "como respuesta a la medida impuesta de manera ilegal que le prohíbe salir del país" y ha pedido que se garantice su seguridad, así como a de los miembros de la familia de Berta Cáceres y del COPINH.

Además, Miguel Urbán ha denunciado "la responsabilidad, por omisión, de la Unión Europa y del Gobierno español en el crimen contra Berta Cáceres". Urbán ha planteado la urgencia de que la UE actúe "ante la violación de diversos artículos del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica" y pidió que se revise si Honduras está imcumpliendo "de manera reiterada y sistemática" las cláusulas de respeto a los Derechos Humanos incluidas en los fondos y convenios de cooperación y Ayuda Oficial al Desarrollo de la Unión Europea que se destinan a proyectos en ese país.

La delegación internacional, a la que también pertenece el diputado por Podemos en Aragón, Pedro Arrojo, la argentina fundadora de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, o la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, Mirna Perla, así como varios activistas de diversos países latinoamericanos, estará en Honduras hasta el 20 de marzo. La delegación espera poder concertar una reunión con el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en las próximas horas.