@CdelCastilloM

MADRID.- "Como empleada de un Ayuntamiento durante dos décadas, Ana Garrido tenía uno de los trabajos más seguros que se pueden encontrar en España. Pero, después de que intentara destapar la corrupción oculta en las adjudicaciones de contratos del consistorio, su vida descendió a lo que ella describe como mis siete años de calvario". Así comienza el reportaje que el The New York Times publicó en su edición dominical del pasado 15 de mayo, titulado "Destapar la corrupción es un esfuerzo arriesgado en España". 

El prestigioso periódico estadounidense, ganador del Premio Pulitzer en 108 ocasiones, toma así a Garrido, ex empleada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), como ejemplo para explicar la senda que se ven obligados a recorres aquellos ciudadanos que deciden denunciar los casos de corrupción en España. "Ese camino la llevó de ser acosada por sus jefes y colegas en Boadilla, a la depresión y la baja por enfermedad, desempleo, e incluso a recibir amenazas de muerte", relata el medio estadounidense. 

España es parte del "puñado de naciones europeas sin leyes que amparen a los whistleblowers (denunciantes o filtradores)", recoge el diario estadounidense

Como señala el Times citando un informe de Transparencia Internacional, España es parte del "puñado de naciones europeas sin leyes que amparen a los whistleblowers (denunciantes o filtradores)", al contrario que países como EEUU, Reino Unido, Francia, Bélgica o Irlanda, que desde el 2010 han impulsado leyes para proteger a aquellos que revelan irregularidades o casos de corrupción, un problema particularmente acuciante en España: "Más de 200 casos han salpicado a todos los partidos políticos mayoritarios desde 2008", recalca el periódico.

"Muchos creen que la falta de legislación en este sentido ha contribuido a la cultura de la impunidad y ha hecho del sistema de gobierno de España uno de los más corruptos de Europa", recoge el Times en su información. 

A la cárcel por denunciar

Desde que denunció, Garrido se ha enfrentado a varias represalias, algunas en forma de denuncias ante los juzgados. En este momento se encuentra imputada por "infidelidad en la custodia de documentos" del Ayuntamiento de Boadilla, como facturas o diligencias, "de carácter reservado, dado su naturaleza", recoge la denuncia de la concejal de Hacienda, Comercio y Economía y la cuarta teniente alcalde del municipio, ante la Guardia Civil.

Sin embargo, hay otros denunciantes que se enfrentan incluso a penas de cárcel por su revelación de actos ilícitos. Es el caso de Roberto Macías, acusado del "robo de archivos digitales" que ayudaron a descubrir el fraude sistemático de las ayudas al empleo provenientes de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía por parte de la federación de UGT en la comunidad autónoma. Casi dos millones de euros que terminaron convertidos en cenas con barra libre en la Feria de Abril y diversos regalos para la cúpula del sindicato.

Ahora, UGT pide cuatro años de cárcel para Macías y 60.000 euros por el "daño moral" que sus revelaciones han producido al sindicato. "El sistema español está diseñado para perseguir, más que para proteger, a aquellos que denuncian la corrupción", denuncia ante el Times Pedro Arancón, presidente de la Plataforma por la Honestidad, asociación ciudadana que intenta ofrecer apoyo a los filtradores y de la que forman parte tanto Ana Garrido como Roberto Macías, así como otros denunciantes como el ex teniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura.

Invitados a la Comisión Anticorrupción del Congreso

La Plataforma por la Honestidad impulsa la Ley Integral para la protección de los denunciantes de corrupción, que asemeje la protección que reciban aquellos que den el paso de denunciar a la que ampara a las víctimas de violencia de género: opinan que medidas como asegurar su puesto de trabajo, asistencia jurídica gratuita o la creación de un Observatorio de la Corrupción plenamente independiente ayudarían a que "las denuncias se multipliquen", y no dependan solo de "personas valientes como Ana Garrido o Luis Gonzalo Segura", defiende la Plataforma.

"La implicación en esta materia no entiende de signos políticos. Se trata de un punto verde que debe unir a todos los partidos", defienden los activistas, que se han reunido con representantes de todos los partidos con representación en el Congreso en esta efímera XI legislatura, a excepción del PP. La convocatoria de elecciones para el 26-J ha impedido que la ley de protección a los denunciantes comience a ser desarrollada, pero los activistas han recibido diferentes compromisos de los partidos, como la promesa de incluirla de ésta en sus nuevos programas electorales o la invitación a participar en la Comisión Anticorrupción del Congreso.