La derecha portuguesa cierra filas para evitar una crisis de Gobierno

El jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, ha respaldado la continuidad del actual Gobierno conservador tras el revés de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varias de las medidas de austeridad del presupuesto de este año. En un breve comunicado, el presidente portugués, que precisamente sometió al tribunal los presupuestos por dudar de su legalidad, manifestó que el Ejecutivo "dispone de condiciones para cumplir su mandato", rechazando así abrir una crisis de Gobierno. El primer ministro, Pedro Passos Coelho, comparecerá esta tarde ante los medios para dar más detalles al respecto.

La declaración de Cavaco, que pertenece al mismo Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) de Passos Coelho, se produjo tras celebrar una reunión de "urgencia" solicitada ayer por el jefe del Ejecutivo, al que acompañó el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar. Horas antes un portavoz del Gobierno había anunciado que la decisión del Tribunal Constitucional coloca en riesgo al país y su "credibilidad externa" y que Passos Coelho había pidió la audiencia con Cavaco para obtener "una rápida clarificación del Estado sobre relevantes aspectos puestos en causa por la sentencia".

En su breve comunicado tras la reunión, el jefe de Estado manifestó su empeño en que Portugal "honre los compromisos internacionales" y "sean alcanzados y preservados los consensos necesarios para salvaguarda el interés nacional". La advertencia del Gobierno sobre las consecuencias del fallo del Constitucional fue la primera reacción del Ejecutivo a la sentencia y fue realizada tras un Consejo de Ministros extraordinario que duró hoy más de tres horas.

El secretario de Estado del Consejo, Luís Marques Guedes, informó al término de la reunión que el Gobierno no concuerda pero "acata" la decisión del Constitucional y recalcó que tendrá consecuencias negativas. Además del efecto en los presupuestos de 2013 -en los que supone unos mil millones de euros- el fallo, señaló, cuestiona la credibilidad del país ante sus socios y acreedores internacionales y perjudica las negociaciones de Portugal para ampliar los plazos de devolución del rescate financiero que pidió hace un año.

El Gobierno no concuerda pero "acata" la decisión del Constitucional

Los ajustes presupuestarios invalidados por el Constitucional, que tomó una decisión similar en 2012, afectan a la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas así como el recorte de los subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).

Mientras el Gobierno se reunía en Lisboa, el mayor sindicato del país, la central comunista CGTP (Confederación General de Trabajadores de Portugal) iniciaba en Viana de Castelo, en el norte luso, otra medida de protesta contra la política de austeridad. El secretario general del sindicato, Arménio Carlos, pidió al jefe de Estado, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, que haga "un favor al país" y cambie al primer ministro.

La CGTP, como el resto de la oposición, considera desautorizado al Ejecutivo por el dictamen del Constitucional contra su política económica, emitido ayer y solicitado por el propio presidente luso, los partidos de izquierda y el Defensor del Pueblo. En el inicio de una "marcha contra el empobrecimiento" que recorrerá el país y llegará a Lisboa la próxima semana, Carlos llamo a la "lucha" contra la política del Ejecutivo y el "moribundo" Gobierno de Passos Coelho.

El primer ministro luso, que llegó al poder en las elecciones anticipadas que siguieron, en junio de 2011, al rescate financiero, ha recibido una lluvia de críticas y peticiones de dimisión cuando se cumplen dos años de la petición de ayuda a la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al agravamiento de las previsiones sobre desempleo y caída del PIB luso por tercer año consecutivo, se sumó el viernes la decisión del Constitucional de anular, con efectos al 1 de enero, cuatro de las medidas de austeridad del presupuesto de este año, que pueden suponer cerca de un punto porcentual del déficit público.

Los magistrados, que también consideraron inconstitucionales el año pasado otras medidas de los presupuestos de 2012, invalidaron la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).

A falta de confirmación oficial, los expertos calculan que el importe de esas medidas de ahorro puede comerse el margen que dieron el mes pasado la UE y el FMI a Portugal en su meta de déficit fiscal de este año, que suavizaron del 4,5 % al 5,5 % ante la falta de recuperación de la economía lusa. La decisión de los jueces podía haber tenido muchas peores consecuencias para los planes económicos del Ejecutivo si hubieran aceptado todas las reclamaciones sobre los presupuestos, que suponían más de cuatro mil millones de euros de ahorro público.

Con el fallo adverso del Constitucional, Passo Coelho cerró la semana más difícil en sus 22 meses al frente del Gobierno, en la que el principal partido de oposición, el socialista, le sometió a un voto de censura y pidió una "renegociación profunda" del rescate, tramitado por ese mismo partido antes de perder el poder. Apenas unas horas antes de la lectura de la sentencia, televisada en directo a todo el país en medio de una gran expectación, Passos Coelho vio dimitir al su ministro de confianza, Miguel Relvas, por irregularidades en su titulación universitaria.