Otra dimisión agrava la crisis política en Brasil

Es el cuarto ministro que cae desde que Dilma Rousseff asumió la presidencia de Brasil el pasado enero. Ayer renunció el titular de Agricultura, Wagner Rossi, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal socio del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.

La mandataria divulgó una nota en la que lamentaba su salida y condenaba que este no haya disfrutado de la presunción de inocencia, mientras el PMDB decidía en apenas unas horas a su sucesor: Mendes Ribeiro, próximo también a Michel Temer, vicepresidente y líder del PMDB.

Rossi ha negado las acusaciones hasta el final

La tensión en el Ministerio duraba ya semanas. La dimisión llegó cuando la Policía Federal abrió una investigación sobre las supuestas irregularidades que la prensa ha venido ventilando y que abarcan desde aceptación de sobornos a manipulación de las licitaciones públicas, pasando por sobrefacturaciones en la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab). Rossi negó las acusaciones hasta el final: "Todo es falso, todo fue rebatido con documentos que la prensa ignoró", afirmó en su carta de renuncia.

Lo cierto es que la prensa ha atizado los escándalos con virulencia, como si quisiera abanderar la causa contra la corrupción. La presidenta, sin embargo, niega la presión. "Hemos apartado a ciertas personas cuando pensamos que el caso era grave. En ningún caso hemos sido influidos por los medios de comunicación", dijo en una entrevista al semanario Carta Capital.

Dilma quiere dejar claro que es ella, y no la prensa, quien está al frente de esa cruzada contra la corrupción, con una política de tolerancia cero que ha hecho caer previamente a otros tres ministros: el titular de la Casa Civil (Presidencia), Antonio Palocci; el de Transportes, Alfredo Nascimento; y el de Defensa, Nelson Jobim, si bien la salida de este último no estuvo vinculada a la corrupción. También han sido cesados numerosos cargos en el Ministerio de Turismo.

La mano dura de la presidenta ha incomodado profundamente a sus socios en el Congreso, donde cinco formaciones políticas, que suman juntas 200 escaños, han amenazado con boicotear las propuestas del Ejecutivo. El Partido Republicano (PR), que cuenta con 60 diputados y seis senadores y al que pertenecía el exministro de Transportes, ha abandonado la coalición.

Dilma conserva el apoyo de la opinión pública. Aunque su popularidad ha caído seis puntos, según el Instituto Ibopese mantiene alta, con un 67% de aprobación. También el Senado respaldó a la mandataria. Hace unos días, una docena de senadores de varios partidos de la base gubernamental le ofrecían apoyo para crear "un Gobierno de integridad ética".

Pero en el Congreso la situación le es más hostil a Dilma, y más incierto puede ser el futuro de la gobernabilidad en Brasil si se agudizan los problemas con el PMDB, que es su principal aliado y, tras el PT, el partido con más escaños.