La dimisión de tres ministros turcos por corrupción pone contra las cuerdas a Erdogan

El escándalo de corrupción urbanística y financiera, el mayor que ha vivido Turquía en las últimas décadas, ha desembocado este miércoles en la dimisión de tres ministros y pone contra las cuerdas al jefe del Gobierno, Recep Tayyip Erdogan, que incluso ha sido invitado a dimitir desde sus propias filas.

A primera hora de la mañana anunciaron su dimisión Zafer Çaglayan, titular de Economía, y Muammer Güler, de Interior, denunciando en términos casi idénticos la investigación judicial como "una maquinación sucia" con el objetivo de hundir el Ejecutivo. Poco más tarde dimitió Erdogan Bayraktar, ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, pero señalando mediante una llamada a la cadena NTV que la mayor parte de los proyectos urbanísticos bajo sospecha habían sido aprobados por el propio primer ministro.

"Es mi convicción que para tranquilizar nuestro país, el primer ministro también debería dimitir", recalcó Bayraktar. Denunció que él y sus colegas habían recibido textos ya redactados para anunciar su dimisión y tranquilizar así al jefe del Gobierno. Mientras que Güler y Çaglayan únicamente dejaron su cargo, Bayraktar también dimitió de su escaño del Parlamento.

Horas más tarde, el histórico dirigente del AKP, Idris Naim Sahin, ministro de Interior hasta ser reemplazado por Güler en enero pasado, anunció que devolvía su acta del partido que ayudó a fundar en 2001. "Fundar mi partido era fácil, abandonarlo es una decisión dura y triste", dijo Sahin, en declaraciones recogidas por CNNTürk. Su nombre no ha sido asociado hasta ahora al escándalo, mientras que Kaan Çaglayan y Baris Güler, hijos del titular de Economía e Interior, respectivamente, ingresaron en prisión preventiva el sábado, y Abdullah Oguz Bayraktar, hijo del ya exministro de Urbanismo, está en libertad con cargos.

En un largo discurso ante los presidentes provinciales reunidos en Ankara, Erdogan insistió hoy una vez más en que la investigación judicial es "un ataque, no ya al AKP, sino a toda la nación, un complot obvio, una maquinación". Asemejó la investigación judicial a las protestas populares de Gezi en verano pasado, que calificó de "evidente traición". "Es una conspiración internacional", abundó, señalando como motivos el deseo del "lobby financiero" de subir los intereses, y la envidia provocada por la prevista construcción del tercer aeropuerto más grande del mundo en Estambul.

Erdogan denunció que "los 9 días de investigación judicial han causado daños de 20.000 millones de dólares a las empresas turcas", al caer la Bolsa, y 1.625 millones al banco público Halkbank, cuyo director está entre las 24 personas en prisión preventiva. Halkbank formaba parte hasta el verano pasado de un esquema financiero que permitía comprar petróleo y gas de Irán y pagar en oro, evitando así las sanciones impuestas por Estados Unidos a las transacciones bancarias con la República Islámica.

Erdogan prometió luchar contra "las bandas que operan en Turquía bajo el manto de la religión", en obvia referencia al movimiento del predicador exiliado Fethullah Gülen, cuyos seguidores son numerosos en la Judicatura. "No permitiremos que se establezca un Estado paralelo en el Estado", prometió, en referencia a la bien estructurada red "gülenista", que hasta este verano había respaldado las posiciones del AKP y probablemente fue un importante factor a la hora de ayudarle a ganar las últimas elecciones.

Gülen ha negado relación alguna con la investigación judicial, pero sí maldijo en duros términos a quienes "persiguen a quienes intentan atrapar al ladrón", en lo que parecía una crítica al cese y traslado de un centenar de jefes de policía durante la semana pasada. "Maldigo las maldiciones. Invito a rezar", replicó Erdogan. La investigación se centra en dos aspectos: los sobornos en la compra de petróleo iraní a cambio de oro y la adjudicación de suculentas contratas de construcción en terrenos recalificados por los políticos del AKP, una práctica habitual, según los analistas.

La corrupción urbanística se habría visto favorecida por leyes que eliminaban la necesidad de informes técnicos y por la opaca estructura de TOKI, la agencia pública de Vivienda, sometida únicamente al control del primer ministro. La guerra parece lejos de haber concluido: hoy mismo, la Fiscalía confirmó que investiga también un sistema de supuestas corruptelas en la empresa pública de ferrocarriles, la TCDD, aunque aún no ha llamado a declarar a nadie.

El diario Today's Zaman, cercano a Gülen, asegura que la investigación se ha hecho pública, porque una nueva norma del gobierno, decretada el sábado, obliga a la policía a informar a sus superiores jerárquicos, lo que conlleva el peligro de que el Ejecutivo pueda obstruir o frenar la operación. Se espera que en breve, Erdogan someta al presidente, Abdullah Gül, una lista de nombres para hacer un cambio de envergadura en el gabinete de ministros, pero no se ha aclarado cuándo el cambio podría hacerse público.