La dictadura argentina (1976-1983) contó con un encubridor en su plan para robar a los hijos de los opositores y entregarlos en adopción a familias afines: Estados Unidos.

Elliot Abrams, subsecretario de Estado en 1982 con el Gobierno de Ronald Reagan, declaró el jueves ante la Justicia argentina que su país "estaba al tanto de que había niños sustraídos a sus familias y entregados a otras cuando sus padres estaban prisioneros o muertos".

Washington sabía que no se trataba de "uno o dos niños o uno o dos oficiales"

Este ex alto cargo, que irónicamente se ocupaba de la cartera de Derechos Humanos, declaró ayer por videoconferencia desde Washington ante el Tribunal Oral Federal 6 de Buenos Aires, que instruye el juicio sobre el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura, en el que están acusados, entre otros, los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone,

Abrams admitió que Estados Unidos estaba informado de que el robo no era cuestión de "uno o dos niños o uno o dos oficiales", sino que, al contrario, se trataba de "un plan, porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban". El antiguo subsecretario de Estado prosiguió: "Nos parecía que el Gobierno militar había decidido que algunos niños se entregasen a otras familias".

Este funcionario, que años más tarde formó parte de los dos gobiernos de George Bush hijo, reconoció también que "lo que circulaba en el Gobierno de Estados Unidos" eran dos informaciones : "Una era que las familias de los desaparecidos eran vistas como no aptas para criarlos, que eran comunistas", sostuvo.

Dos dictadores, Videla y Bignone, se sientan en el banquillo por el caso

"El segundo factor es que, en algunos casos, las familias a los que los entregaban no podían tener hijos, entonces lo consideraban como una bendición para estas familias leales al régimen".

El testimonio de Abrams confirma lo que ya en 2002 desveló un documento publicado por el diario argentino Página/12. Esta publicación divulgó el contenido de un informe redactado sobre este asunto por Abrams, lo que motivó que las Abuelas de Plaza de Mayo, personadas como acusación en el juicio por el robo de niños, pidieran su declaración. El escrito de este funcionario uno de los 4677 cables secretos desclasificados ese año por Washington sobre el terrorismo de Estado en Argentina ha sido utilizado como prueba en el juicio.

Abuelas de Plaza de Mayo ha vuelto a pedir a Washington que publique todos los documentos, "en particular de la CIA y el FBI, que puedan aportar información clave para encontrar a los nietos y nietas y condenar a los genocidas".