Una jueza bloquea la orden de Trump que permitía la expulsión de medio millón de personas
EEUU debe respetar la fecha de vencimiento de ese beneficio migratorio, que se entregó por un período de dos años, y que no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso, falla la magistrada.

Una jueza federal de Estados Unidos frenó el intento de la Administración de Donald Trump de poner fin al programa migratorio conocido como parole humanitario que protege a cerca de 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos de su deportación.
La jueza Indira Talwani, de Massachusetts, anuló la orden de Trump de revocar el próximo 24 de abril el beneficio migratorio que fue instaurado por el anterior Gobierno de Joe Biden (2021-2025).
La magistrada, nominada por el expresidente Barack Obama, especificó que la Administración debe respetar la fecha de vencimiento de ese beneficio migratorio, que se entregó por un período de dos años, y que no puede eliminarlo de forma anticipada sin una revisión caso por caso.
Este es un nuevo varapalo judicial a los intentos del Gobierno de Trump de dar un giro radical a la política migratoria del país.
Al anunciar la revocación del parole, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria Kristi Neam, apuntó que este "no aporta un beneficio público significativo y no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal".
Año 2022
El Gobierno de Biden instauró el parole humanitario en 2022 para venezolanos, y en 2023 lo extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de ampliar las vías legales para migrar a Estados Unidos y reducir los cruces fronterizos irregulares.
Ese programa migratorio, conocido como CHNV por las siglas de los países, permite a sus beneficiarios residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador con residencia legal en Estados Unidos.
En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración de Biden anunció que no renovaría el parole, lo que significaba que los beneficiarios no podían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales.
Tras la orden de Trump, miles de personas, según publica el diario El País, recibieron un correo electrónico avisándoles de que sus protecciones habían sido revocadas y que debían marcharse: "Usted debe salir de los Estados Unidos ahora, pero no más tarde de la fecha de terminación de su libertad condicional. No salir a tiempo puede tener consecuencias adversas para la inmigración". La fecha límite para abandonar el país era el 24 de abril. Sin embargo, añade El País, desde el anuncio, varios migrantes han visto sus permisos laborales revocados sin previo aviso, incluso antes de que se cumpliera el plazo establecido por el propio Gobierno.
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