La Corte Suprema rechazó este martes el plan del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional de Illinois en ese Estado, con el objetivo de proteger a los agentes federales que ejecutan su política de redadas migratorias.

El Gobierno Trump acudió en octubre pasado al máximo tribunal, después de que un juez federal bloqueara su orden para enviar los soldados de Illinois a ciudades como Chicago, donde se presentaron protestas por los operativos en la campaña de deportaciones masivas.

La Casa Blanca argumentó que los agentes federales en Chicago enfrentaban "resistencia violenta, coordinada y prolongada" que pone en riesgo su seguridad y obstaculiza la aplicación de la ley migratoria.

Pero en un fallo de seis a tres, los jueces del Supremo han rechazado los argumentos, señalando que la ley en la que la Administración Trump se amparó para pedir la orden de emergencia solo se aplica cuando "las fuerzas regulares" sean insuficientes para mantener el orden.

Aunque la decisión solo se limita a la Guardia Nacional de Illinois y el despliegue en Chicago, si marca un precedente para otras batallas legales que la Casa Blanca sostiene con estados demócratas, como California, por la federalización de los soldados estatales, en un hecho que no sucedía en EEUU hace 60 años.

También significa un triunfo para la jueza federal April M. Perry, nombrada por el presidente Joe Biden, que bloqueó a inicios de octubre el intento de Trump de enviar tropas, al considerar que las declaraciones del Gobierno carecían de "credibilidad suficiente".

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito mantuvo el bloqueo vigente, aunque dejó bajo control federal a las unidades movilizadas, lo que permitió a la Casa Blanca mantener su solicitud ante la Corte Suprema.

En su respuesta, las autoridades de Illinois insistieron en que no es necesaria la presencia militar, asegurando que "los agentes del orden estatales y locales han manejado sin incidentes mayores las protestas aisladas" en el Estado y que "no existe evidencia creíble" que justifique la intervención federal.

El Gobierno Trump había sufrido otro revés reciente en California, donde tuvo que retirar a los soldados de la Guardia Nacional de ese Estado que cuidaban el edificio federal de inmigración de Los Ángeles, epicentro de las protestas en junio pasado contras las redadas migratorias.