@EnricQuart

PARÍS.- Tras el atentado del 19 de diciembre en Berlín, el fantasma del yihadismo vuelve a sobrevolar en Europa. El ataque del camión en el mercadillo navideño de Breitscheidplatz y las doce personas que fallecieron en él han conmovido la sociedad francesa, golpeada en numerosas ocasiones durante estos últimos años por el terrorismo yihadista. En el otro lado del Rin, aún sigue presente el recuerdo de las 86 personas muertas en el atentado de Niza. El tunecino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel embistió el pasado 14 de julio con una camioneta contra la multitud reunida en el Paseo de los ingleses para contemplar los tradicionales fuegos de artificios. Después de la repetición del mismo estilo de ataque en Berlín, el presidente François Hollande quiso calmar a la población de su país asegurando este martes que el gobierno francés dispone de un dispositivo de vigilancia “particularmente elevado”.

Francia lleva más de un año bajo el estado de emergencia, decretado el mismo de 13 noviembre de 2015 tras los atentados en el Bataclan y en las terrazas de París. El Senado aprobó el pasado 15 de diciembre su prolongación hasta el 15 de julio de 2017, después de la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del año que viene. Este dispositivo permite a los prefectos ─las autoridades administrativas responsables de la seguridad interna─ realizar registros, ordenar detenciones a domicilio, requisar documentos y material informático o prohibir manifestaciones, sin la necesidad de una orden judicial.

“La principal función del estado de emergencia es propagandística, sirve para mostrar a la población que el estado hace todo lo posible para combatir el terrorismo”

La desarticulación de casi veinte intentos de atentado, más de 500 detenciones de personas vinculadas con el yihadismo o el cierre de una veintena de mezquitas y medio centenar de webs acusadas de “apología” del terrorismo. Son algunos de los principales hitos de la lucha antiterrorista en Francia durante este último año. Además, 10.000 soldados patrullan las calles francesas y 4.700 policías y gendarmes se dedican a la vigilancia de colegios y lugares de culto. El gobierno francés también quiere aprobar una ley que facilite el uso de armas de fuego a los agentes de la policía nacional.

Pese a estos logros, la utilidad del estado de emergencia es cuestionada por numerosos expertos y asociaciones de defensa de las libertades civiles. Las más de 4.000 órdenes de registro ejecutadas y las más 400 personas arrestadas a domicilio ─95 lo siguen estando actualmente, 47 de ellas desde noviembre del año pasado─ sólo han permitido la apertura de veinte investigaciones judiciales vinculadas al terrorismo. Las requisiciones de armas resultan cada vez menos frecuentes. De las casi 600 que han sido incautadas, la mayoría de ellas lo fueron durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado.

“Desde principios de 2016, el estado de emergencia no sirve para gran cosa”, explica Vanessa Codaccioni, profesora de ciencias políticas en la Universidad París VIII y experta en cuestiones de seguridad y terrorismo. El número de las acciones vinculadas a este dispositivo se redujo de forma significativa a partir de enero de este año, con la única excepción de las semanas posteriores a los atentados de Niza y Saint-Étienne-du-Rouvray. “La principal función del estado de emergencia es propagandística, sirve para mostrar a la población que el estado hace todo lo posible para combatir el terrorismo”, afirma Paul Cassia, profesor de derecho en la Sorbona.

“La deriva securitaria del gobierno francés ha convertido a los ciudadanos en vigilantes de seguridad”

Tanto Cassia como Codaccioni coinciden en destacar que el estado de emergencia no ha servido para evitar atentados. Además, la mayoría de las detenciones se han producido a través de investigaciones judiciales convencionales, fuera del marco de este dispositivo. Incluso ha habido ataques terroristas que no llegaron a producirse simplemente por el azar. Por ejemplo, el coche cargado de bombas de butano que fue hallado en septiembre delante de la catedral de Notre-Dame en París y que no llegó a explotar por la poca habilidad de las terroristas que planearon el ataque.

“La deriva securitaria del gobierno francés ha convertido a los ciudadanos en vigilantes de seguridad”, critica Cassia. Las acusaciones hechas por vecinos o compañeros de trabajo han servido a menudo para justificar una orden de registro. “La policía ha utilizado el estado de emergencia para verificar las informaciones que ya disponía”, afirma este jurista. Numerosas requisiciones o detenciones a domicilio “han sido realizadas a partir de hechos que no habían sido probados y justificadas con fichas en blanco”, explica la presidenta de la Liga de los Derechos del Hombre, Françoise Dumont. Una manera de actuar que ha provocado numerosos abusos, sufridos en particular por los musulmanes.

Nueve de cada diez inspecciones y detenciones a domicilio han afectado a personas practicantes del islam o de origen árabe o magrebí, según el Colectivo Contra la Islamofobia de Francia (CCIF). Desde los atentados de enero de 2015 en la redacción de Charlie Hebdo y en el Hyper Cacher, “la comunidad islámica ha sido claramente estigmatizada”, afirma Marwan Muhammad, el portavoz del CCIF. Bajo el estado de emergencia, “cualquier hombre que tenga una práctica rigurosa del islam se ha convertido en un terrorista”, lamenta Muhammad. Hay personas musulmanas que han sido detenidas a domicilio por comportamientos legales, como haber querido alistarse al ejército o haber poseído una licencia de armas.

Bajo el estado de emergencia, “cualquier hombre que tenga una práctica rigurosa del islam se ha convertido en un terrorista”

Es el caso de Abdellah Gomès, un francés de 40 años de Nanterre (una localidad de la banlieue en el noroeste de París) practicante de la religión musulmana y que trabajaba en una compañía de seguros. El 25 de noviembre de 2015 las autoridades policiales inspeccionaron su domicilio, con el argumento de que “se había ausentado de forma no justificada del trabajo”. “A la una de la madrugada, abrieron por la fuerza la puerta de mi casa y empezaron a revisarlo todo. Miraban lo que había dentro de los cajones y los armarios y los tiraban al suelo”, asegura Gomès. Cuando llegó la policía, lo esposaron y así estuvo durante las más de dos horas que duró la operación. Lamenta que su hija de diez años tuviera que contemplar este episodio humillante: “Ella tuvo un ataque de nervios y gritó llorando: ¿Papá ahora quien va a protegernos de los terroristas?”.

Según el propio Gomès, el origen de esta inspección se debió al hecho de que uno de sus compañeros de trabajo escribió su nombre en una web gubernamental, destinada a denunciar a las personas acusadas de radicalización. Tras los atentados del 13 de noviembre, se sentía muy tocado y su jefa le ofreció cogerse una semana de vacaciones. Él lo aceptó. Esta decisión, junto con el hecho de acudir habitualmente a la mezquita y llevar una barba prominente, parecen haber motivado la pesadilla kafkiana que ha sufrido desde entonces.

Debido al daño psicológico causado, estuvo de baja durante varios meses. Ahora espera desde septiembre que la misma compañía en la que trabajaba le conceda un nuevo puesto en otra oficina. Este 23 de diciembre obtuvo la respuesta del recurso judicial que inició hace más de un año: la inspección a domicilio sufrida “no constituye ningún acto de ilegalidad”.

A pesar de los abusos ocasionados, la oposición política al estado de emergencia resulta casi inexistente. El 13 de diciembre 288 diputados votaron a favor de su prolongación y sólo 32 se opusieron en la Asamblea Nacional. “¿El estado de emergencia ha permitido desmantelar células terroristas? No lo creo. Ha sido el trabajo judicial y de los servicios de investigación”, declaró al diario Libération Georges Fenech, diputado del partido Los Republicanos (centroderecha) y presidente de la comisión de investigación sobre los atentados de 2015. Éste reconoció, sin embargo, que votó a favor de la prolongación “por disciplina de partido”.

“Los diputados no son demasiado valientes y no han querido votar en contra de la opinión pública”

“Los diputados no son demasiado valientes y no han querido votar en contra de la opinión pública”, critica la presidenta de la Liga de los Derechos del Hombre. Según un sondeo de Odoxa, publicado en el diario Le Figaro, el 71% de los franceses temen que se produzca un atentado durante el periodo navideño. Un miedo que hace que la mayoría de la población apoye la permanencia del estado de emergencia “ya que para muchos ciudadanos éste les transmite seguridad”, asegura Cassia.

Aunque en menor medida que la comunidad musulmana, los movimientos sociales también han sufrido la represión policial. En noviembre de 2015, 26 activistas medioambientales fueron puestos bajo arresto domiciliario pocos días antes del inicio de la Cumbre del clima de París. Durante el ciclo de movilizaciones en contra de la reforma laboral, las autoridades impidieron a centenares de personas acudir a las manifestaciones. También se prohibió a finales de octubre la presencia de militantes durante el desmantelamiento de la Jungla de Calais. Incluso el funcionario Pierre-Alain de Mannoni ha sido arrestado a domicilio por haber ayudado a un grupo de refugiados a traspasar la frontera entre Francia e Italia.

“Hay una banalización de las medidas de excepción, que se están convirtiendo en permanentes”, explica Codaccioni. Lamenta la “completa devaluación” del poder judicial. “No es normal que un juez no pueda intervenir para decidir si hay que prolongar o no una detención a domicilio”, asegura Cassia. “Existe un verdadero riesgo de cambiar la función original de las medidas de excepción”, advierte este jurista, quien teme que “el presidente que será elegido en 2017 podrá utilizar el dispositivo del estado de emergencia como quiera”.