Una madrugada de noviembre de 2018, al volver a su departamento en el barrio de Recoleta (Buenos Aires) después de la sesión del Senado en la que se había aprobado el presupuesto, Cristina Fernández de Kirchner encontró a dos personas en la esquina en plena tarea de colocación de tres cámaras y un domo. No tenían identificación, pero le dijeron a su custodia que pertenecían a una empresa llamada Danaide S.A. y que los había mandado el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Al instante los hombres recibieron un llamado y se fueron. "Raro, ¿no?", tuiteó entonces la vicepresidenta para cerrar el relato de lo que había pasado.

El 3 de abril del año siguiente en apenas seis minutos desde que se publicó el pliego con su oferta, la misma sociedad fue contratada sin licitación para implementar el software del sistema de reconocimiento facial diseminado por las calles porteñas. Se supone que se usaría solo para identificar prófugos de la justicia pero resulta que, según detectó el juez Andrés Gallardo, se implementó para el acopio de datos biométricos en dependencias del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, de más de 7 millones de personas, incluidas algunas que son bien conocidas, desde el presidente Alberto Fernández, la propia Fermández de Kirchner, dirigentes de la oposición, referentes de derechos humanos como Estela de Carlotto, sindicalistas, jueces, referentes sociales y periodistas.

Según pudo reconstruir Página 12, se trata de una empresa a nombre de sólo dos personas, que carece de oficinas, tiene un capital social ínfimo y unas ganancias exorbitantes sin repartir dividendos. Ahora su papel está en plena investigación. Además de manejar todas las cámaras de la Ciudad, en diciembre del año pasado Ausa Autopistas Urbanas le dio el "servicio de monitoreo y control de autopista y edificios".

El espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en particular y a muchos otros dirigentes fue constatado en dos investigaciones judiciales, aunque como es conocido dos camaristas federales esgrimieron en un fallo la teoría de que quienes desplegaban las tareas de inteligencia actuaban por cuenta propia, un absurdo que está en plena revisión.

Por la época del episodio de las cámaras en la esquina de la casa de la vicepresidenta, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenía acceso a todas las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. Había conseguido un permiso judicial con la excusa de la realización del G-20 y otros eventos internacionales que también fueron pantalla para espiar a periodistas y organizaciones sociales. Invocaban, para desplegar ese panóptico inexistentes alarmas terroristas incluso sobre sus propios dirigentes.

Fue el tiempo de los grandes hitos de la inteligencia ilegal del Gobierno de Mauricio Macri. Como consta en la causa que abarca a los espías conocidos como los Súper Mario Bros, cuando la expresidenta puso el grito en el cielo por lo que pasaba a metros de su ventana, los agentes hicieron un comentario en su chat sobre Danaide S.A: "Es la que trabaja para la Policía de la Ciudad", la fuerza de donde ellos venían. Como se verá, es un emporio de abastecimiento tecnológico en el que se apoya la administración de Larreta, inspirada en una de las prácticas favoritas de la escuela macrista, para tenernos a todes bien observades.

El uso que se ha hecho de datos biométricos "es espionaje y es delictivo", advirtió este sábado la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. "Ellos consideran el espionaje, el tener datos, como parte del poder. Saber con quién te reunís, adónde vas, con quién estás. Por eso han hecho lo que hicieron en la AFI y ahora salta esto en la ciudad de Buenos Aires", añadió.

Danaide S.A tiene a su cargo la estructura de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires y provee el software para sus cerca de 15.000 cámaras. El sistema de reconocimiento facial fue introducido por la ventana, en 2019, con una resolución impulsada entonces por Diego Santilli, exministro de Justicia y Seguridad, que modificó sin deliberación alguna la Ley de Seguridad Pública. El argumento era que se utilizaría sólo para la búsqueda de personas prófugas de la justicia, pero ya quedó claro que no sería así. Por entonces llovieron cuestionamientos de organismos locales e internacionales, pero nada importó.

El Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) fue la primera organización en solicitar el acceso a la información y finalmente presentar una denuncia. De entrada, reparó en un detalle que consignó en su denuncia: el pliego de bases y condiciones fue publicado el 3 de abril de 2019 a las 19.02 horas. "Seis minutos más tarde, con una celeridad realmente envidiable, el citado pliego resultó autorizado por las autoridades intervinientes mediante la suscripción de la resolución 2019-50-GCBA-SSGA, plazos realmente llamativos para los estándares usuales".

La contratación fue publicada el 22 de abril de ese año. La contratación original directa, sin ninguna clase de evaluación, debate o licitación, fue 1.511.300 dólares. Luego se hizo una modificación que llevó el monto a un poco más de la mitad sobre lo que ODIA también rastreó una explicación que no aparece.

En el plano de la vulneración a la privacidad, la criminalización y el ataque a múltiples derechos también alertaron desde un comienzo sobre esta tecnología utilizada para hacer vigilancia masiva por "su baja tasa de efectividad, del 52%, la tendencia a la discriminación por etnias, los falsos positivos y el incumplimiento del debido proceso, ya que un sistema informático es el que dicta una especie de sentencia de culpabilidad", explicó el abogado de ODIA Rodrigo Iglesias.

El circuito

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño tiene un convenio con el Ministerio de Justicia nacional para poder tener acceso a la base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc) que tiene unas 40.000 personas. A la vez hay un acuerdo con el Renaper (Registro Nacional de las Personas). La cartera de seguridad porteña y el Centro de Monitoreo Urbano piden datos biométricos al Renaper, en teoría cuando existe una disposición judicial de por medio o hay que rastrear un prófugo.

Lo que detectó el juez Gallardo, y por eso decidió suspender el sistema de identificación, es que hacia las dependencias porteñas migraron datos biométricos de por lo menos 7 millones de personas. Unos días antes el ministro Marcelo D'Alessandro había ofrecido a través de Twitter, como respuesta ante las protestas de organizaciones sociales y piqueteras, el uso "del sistema de videovigilancia de la ciudad", lo que dio la pista de que, evidentemente, el objetivo no es sólo detectar prófugos sino generar formas de criminalización.

El juez Gallardo hizo allanamientos y le dio un ultimátum a D'Alessandro para que explique por qué, cómo y para qué se extrajeron y usaron datos biométricos de millones de personas, hasta el presidente de la nación, con procedimientos extrañamente aplicados a veces a la madrugada y en forma reiterada.

Esto abrió un gran interrogante y sospecha que se empieza a investigar sobre las dependencias desde donde se opera el sistema para el análisis de datos biométricos, las personas que pueden acceder a él y la empresa que se ocupa de las cámaras y del software que procesa toda la información. Por eso Danaide S.A pasó al foco de atención de las investigaciones. El magistrado ordenó un peritaje que continuará este lunes, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que extraerá los datos de los servidores secuestrados del Centro de Monitoreo Urbano y del Ministerio.

El software utilizado que proporciona Danaide S.A se llama UltraIP cuyo componente de reconocimiento facial habría sido desarrollado por una firma rusa, NtechLab, especializada en esa tecnología y cuestionada, por ejemplo, por Human Rights Watch, por arrojar gran cantidad de coincidencias erróneas sobre niños.

"D'Alessandro dijo que no se puede ingresar en forma manual ningún dato. Pero nosotros hemos visto que no es así: el 22 de enero, por ejemplo, hubo 82 altas que se dieron en forma manual. Se cargaron en el ministerio en el sistema de identificación los datos biométricos del Renaper que no estaban en la base de Conarc. Eso surge de uno de nuestros pedidos de acceso a la información. Hay picos de pedidos información en fines de semana, que se hacen a mano", señaló el abogado Iglesias.

Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, una de las varias organizaciones que participan del expediente a cargo de Gallardo, recuerda que "nunca se hizo algo que reclamó Naciones Unidas, cuando vino el relator Joseph Cannataci, que fue una evaluación de impacto en la privacidad" y "habría que investigar bien cuáles son las condiciones de contratación con la empresa Danaide, porque se siguió pagando un servicio aun cuando el sistema estaba desconectado por la situación de pandemia, son muchos los puntos oscuros".

La misteriosa empresa

Danaide SA tiene dos accionistas visibles: Hernán Carzalo y Juan Agustín Carzalo. El último balance accesible ante la Inspección General de Justicia es el de 2019, donde declaraban ganancias por 517.646.407 pesos con la curiosidad de que no se distribuyen entre los accionistas sino que pasan a una cuenta de "resultados no asignados". El capital social es de apenas 12.000 pesos y tenía para la fecha en cuestión un patrimonio neto de 182.937.818 pesos. Tampoco poseía inmuebles y el lugar donde funciona una supuesta sede es un galpón alquilado.

Los gastos más asombrosos son en "sueldos y jornales": consignaron pagar 39.579.062 pesos en aquel entonces, hace ya tres años, además de "Subcontratación de servicios" por 2.645.351 pesos y "movilidad y viáticos” por 482.905. También tuvo gastos de importación: 13.303.678 pesos. Declaraba una cuenta con 24 millones en el Banco Provincia y pocas deudas.

Además de manejar toda la red de vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, en 2021 Danaide SA postuló para el "servicio integral de Monitoreo y Control de Autopista y Edificios" de Ausa Autopistas Urbanas. Hubo solo dos empresas que se ofrecieron, pero su oferta, por 406.801.530 pesos, fue la mejor.

En su página web la firma se jacta: "Danaide ha implementado su solución de videovigilancia para Autopistas Urbanas, que cuenta con varios puntos de video remotos, un centro de monitoreo y varios puestos de operación distribuidos por los peajes". Esto aparece en una pestaña bajo el título de "smart cities" (ciudades inteligentes), donde la empresa también hace gala de su "El Plan Integral de Videovigilancia de la ciudad de Buenos Aires" y dice que es "un proyecto diseñado en 2019 con el objetivo de optimizar las tareas de prevención delictiva y generar procesos investigativos más eficientes mediante la utilización de evidencia fílmica".

La referencia al delito es llamativa: cuando se incorporó por ley el sistema de identificación, también se incorporó uno de prevención del delito y otro forense para preservar imágenes. El abogado Iglesias explicó a este diario que los dos últimos "nunca se implementaron y nunca se reglamentaron", lo que lleva a suponer que --sin supervisión ni regulación alguna-- los abusos, la identificación a discreción de personas en el espacio público y la criminalización están a la vuelta de la esquina y pueden fácilmente convertirse, como en estos días, en eje de la campaña política cada vez más corrida a la derecha.