Envenenado por miedo a que hablara

El ex prefecto Héctor Febres fue uno de los tantos engranajes de la maquinaria sangrienta de la última dictadura argentina (1976-1983).

Funcionó como enlace de inteligencia entre la Prefectura y la Armada en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde hubo 5.000 detenidos. Allí, además, dirigió secuestros, separó a los hijos nacidos en cautiverio de sus madres, y los entregó. Preso desde 1999, Febres fue hallado muerto por envenenamiento en su celda la mañana del 10 de diciembre.

Las dudas sobre el suicidio del torturador son parte del pasado. Fue asesinado. Así lo cree Sandra Arroyo Delgado, la jueza que investiga su muerte. Piensa que se trata de una conspiración para garantizar la impunidad de los sucesos de la dictadura que se cobró 30.000 vidas.

Febres murió cuatro días antes de conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal número 5, que lo juzgaba por secuestro y torturas a cuatro detenidos. Era el primer represor que se enfrentaba a cargos por delitos de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de perdón. Alguien tuvo miedo de que hablara.

Los principales implicados en la causa son el ex  jefe del Destacamento de la Prefectura de Tigre, Rubén Iglesias, y el prefecto Ángel Volpi, el custodio de Febres. Iglesias y Volpi tenían el objetivo secreto de asegurar que Febres "no traicionara el pacto de silencio con los responsables de la ESMA".

Doble dosis de cianuro

De acuerdo a la información que maneja la jueza, Volpi fue el último en ver con vida a Febres. Cenaron juntos la noche del 9 de diciembre tras un festejo familiar por el bautismo de la nieta del represor. Los peritos que realizaron la autopsia dicen que Febres murió entre la medianoche y las dos del 10 de diciembre por la ingesta de cianuro. La cantidad suministrada era suficiente para acabar con la vida de dos personas.

Arroyo Delgado también procesó por encubrimiento a la esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y a dos de sus hijos. Los tres tuvieron acceso a la alterada escena del crimen y, por alguna razón, callaron. Contribuyeron, entre otras cosas, a ocultar la desaparición del ordenador de Febres, que apareció cuatro días más tarde, cuando  ya no tenía un solo dato útil.

Febres estaba preocupado por el proceso y tenía miedo de ir a una cárcel común. Sentía que le habían abandonado desde las esferas más altas de la Prefectura. La jueza cree que el represor podía quebrarse el 14 de diciembre, día previsto para la lectura de la sentencia.

"No tengo agallas"

Arroyo Delgado se valió de dos cartas de Febres a su esposa para descartar la hipótesis del suicidio asistido. "Muchas son las horas en las que he pasado pensando y meditando todo lo que me ha pasado y todo lo que vendrá, es una pesadilla que me persigue y a la que no pongo fin por propia mano porque no tengo agallas para hacerlo", se lee en una de ellas.

Carlos Lordkipanidse, uno de los querellantes contra Febres, nunca creyó en la tesis del suicidio ya que el represor iba a recibir una condena suave. En cambio, tiene claro quiénes están protegiéndose tras este manto de silencio: las altas cúpulas de la dictadura. La jueza tiene a los supuestos ejecutores y cuenta con un móvil para el asesinato. Ahora apunta a los altos mandos de la Prefectura.