España debe aumentar la red de acogida de refugiados por el plan de la UE, según las ONG

MADRID.- España tendría que aumentar la red de acogida de refugiados, cuyos centros tienen actualmente una capacidad de mil plazas, para asumir la propuesta de la Unión Europea de repatriar a 4.288 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

"Habría que ampliar, habría que dotar de más plazas al sistema de red de acogida en España", advierte Estrella Galán, secretaria general de la organización.

La propuesta de la Comisión Europea, que consiste en dar asilo en los próximos dos años a los 40.000 inmigrantes procedentes de Siria y Eritrea llegados a las costas italianas y griegas, debe ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo de la UE.

Algunos estados como España han mostrado sus discrepancias con el criterio acordado para establecer esas "cuotas de refugiados", expresadas por el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha reclamado una discusión seria sobre la redistribución de los refugiados teniendo en cuenta el paro y otras circunstancias de cada país.

Por su parte, el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha advertido de que si se aprueban los criterios de reparto por cuotas, España "los aplicaría" para distribuir entre las CCAA "los asilados que nos correspondiesen".

Según la previsión europea, España tendría que reubicar y tramitar el estatuto del refugiado a 4.288 personas -los llegados a Italia y Grecia-, a los que habría que añadir otros 1.549 que tienen ya el estatus de refugiado y que se encuentran en terceros países, según una segunda propuesta de la comisión que se aplicaría en el mismo periodo 2015-16.

Cuando a una persona se le reconoce como solicitante de asilo, entra en un programa de protección -que dura hasta dos años- y es enviado a un centro de acogida, donde tiene garantizadas sus necesidades básicas -alimentación, alojamiento, asistencia psicológica y formación para el empleo e integración.

"Durante esos dos años desde la llegada de España tiene un proceso de acompañamiento que se aplica de forma personalizada. Desde el sexto mes tiene autorización de trabajo", precisa la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.

Los primeros seis meses del inicio del trámite, los solicitantes viven en centros de acogida gestionados directamente por el Estado o por ONG.

Los gestionados por el Estado están situados en Valencia, Sevilla y Madrid (Vallecas y Alcobendas) y tienen una capacidad de 416 plazas, explica la responsable de CEAR, y repartidos por distintas ciudades, los coordinados por ONG, con un total de 512 plazas.

"Habría que ampliar, habría que dotar de más plazas al sistema de red de acogida en España", advierte Estrella Galán, secretaria general de la organización, quien recuerda que a través de los aeropuertos siguen entrando solicitantes de asilo que también hay que atender.

Tras los seis meses de estancia en los centros -que pueden ampliarse a nueve en las personas vulnerables-, los solicitantes de asilo "viven una vida autónoma, apoyados con prestaciones", a la espera de la resolución de su petición de protección internacional, que suele hacerse en el plazo medio de un año.

Respecto a la propuesta de la UE, la responsable de la Comisión de Ayuda al Refugiado considera que "el reparto es insuficiente, teniendo en cuenta la dimensión del drama, pero es un primer paso y por fin la Comisión se ha remangado para dar una solución".

Sin embargo, lamenta que sólo se haya hecho para los refugiados procedentes de Eritrea y Siria. "Nos parece excluyente y creemos que se debe plantear el debate en términos de vulnerabilidad, no de nacionalidad".

Recuerda al Gobierno español que "cuando uno pertenece al club de la UE, hay que asumirlo con todas las consecuencias" y destaca que la institución europea prevé un presupuesto para esta acogida, que es de 6.000 euros por refugiado.

"Lo que los estados deberían poner sobre la mesa es si ese dinero es suficiente o no, pero no rechazar la propuesta en base a criterios de insolidaridad", ha asegurado Galán. "Estamos hablando de personas que están optando por salir adelante o morir".

Francia y Alemania, preocupados

Francia y Alemania han presentado una serie de enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea sobre el reparto por cuotas de los refugiados que llegan a Europa por la crisis excepcional en el Mediterráneo.

En un comunicado común, los ministros de Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, y Alemania, Thomas de Maizière, explicaron que el reparto por cuotas "deberá antes que nada tener mejor en cuenta los esfuerzos ya efectuados por los Estados miembros" en mecanismos de protección y asistencia, como la admisión humanitaria.

Cazeneuve y De Maizière, que recordaron que actualmente cinco Estados (Francia, Alemania, Suecia, Italia y Hungría) cargan con el 75 % de los demandantes de asilo, insistieron en que "esa situación es insostenible" y en que el nuevo dispositivo debe ser "justo", pero también "temporal y excepcional".

Concretamente, Francia y Alemania, redistribuyen el 40% de los 40.000 inmigrantes llegados a las costas italianas y griegas procedentes de Siria y Eritrea.

París y Berlín sostienen que los países ribereños del Mediterráneo, que reclaman una mayor solidaridad, deben aplicar, con el apoyo del presupuesto europeo, "todas las medidas jurídicas y financieras necesarias para reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores".

En esa misma línea, defienden que en esos países europeos de llegada, los inmigrantes sean trasladados a "centros de espera" próximos al lugar de desembarco, y que allí se proceda a la selección para la rápida expulsión de los que no sean susceptibles de acogerse al estatus de refugiados.

Para eso, admiten que los estados, la Oficina Europea de Ayuda al Asilo, Frontex y la Comisión Europea habrán de respaldarlos con "medidas concretas, utilizando plenamente el marco jurídico existente".

Frontex deberá apoyar en particular a los países que hagan frente a "un flujo excepcional de inmigrantes irregulares" y habrá que reforzar los contactos con los países de origen para que admitan a los expulsados.

En cuanto a los que no puedan ser devueltos, su situación se examinará también en los países de primera entrada siguiendo los procedimientos de derecho común.

Los dos ministros consideraron que más allá de la cuestión de las cuotas de los refugiados, hay que "limitar los movimientos migratorios secundarios -entre países de la UE- que pondrían en peligro" ese reparto.

Además, alertaron de que hay "abusos manifiestos" tras la liberalización de los visados atribuidos a los países balcánicos occidentales, e hicieron hincapié en que eso no debe crear "cargas excesivas en los sistemas de asilo de los Estados miembros, ni desestabilizarlos".

"Es inaceptable que esas situaciones retrasen" la concesión del asilo a quien sí lo necesita, y por eso reclamaron "un seguimiento y una evaluación sólida" de la atribución de visados a los ciudadanos de los Estados balcánicos, e incluso "una suspensión temporal" de la liberalización en el reparto "en caso de necesidad imperiosa".