La pérdida de poder de Theresa May ha traído un tono más conciliador por parte de Reino Unido. El retroceso de los tories en el Parlamento británico, con la pérdida de escaños de varias decenas de candidatos conservadores firmes partidarios de un Brexit duro, resulta, en principio, todo un aliciente para sellar un divorcio de conveniencia. Según las consignas europeas.

Así se constata en círculos diplomáticos, desde los que el inicio, esta semana, de las negociaciones bilaterales con las autoridades europeas, se ven bajo las premisas requeridas por la UE: establecer primero los términos de la separación para, con posterioridad, tratar de alcanzar un acuerdo de libre comercio, con mayor o menor libertad de acceso de los bienes y servicios británicos al mercado interior europeo. Frente al ideario de Downing Street de avanzar en paralelo en ambos litigios.

España recibe con alivio este giro de los acontecimientos. Analistas de mercado y observadores políticos convienen en señalar que la salida más airosa a los efectos colaterales que provocará el Brexit en la economía, las relaciones bilaterales con Reino Unido -a cuenta, sobre todo, de Gibraltar-, y en los derechos y garantías sobre el amplio número de residentes (tanto británicos en España como españoles en Gran Bretaña) es un gran pacto bilateral amistoso, que establezca nuevas reglas, claras y eficaces, que mantengan la entente cordiale con un aliado geoestratégico, miembro de la OTAN, y un socio de primer orden, en el terreno económico-comercial. Aunque, antes, es condición sine qua non que se concilien los términos jurídicos del divorcio, en el mismo sentido de entendimiento, con las autoridades europeas.

Un escenario que comienza a atisbarse. “Hemos abandonado los principios generales sobre los que empezamos a negociar el Brexit, por lo que, en adelante, conversaremos con la UE de buena fe, aunque como en toda confrontación de ideas, habrá diferentes puntos de vista que, ambas partes, tomaremos en consideración para alcanzar un espíritu genuino de cooperación”. En esta ocasión, con la tradicional flema británica, la bandera blanca la enarboló el Chancellor of the Exchequer, Philip Hammond. Una admisión en toda regla de que Londres acepta el road map europeo. Y una asunción, de facto, de que el debilitado Gabinete May no va a tener más remedio que pasar por el aro de la propuesta de Michel Barnier, negociador jefe de la UE, de que, en la primera escala del itinerario, se firmen acuerdos sobre derechos ciudadanos, el coste monetario para Reino Unido -a modo de indemnización por dejar de ser contribuyente neto de la Unión con compromisos financieros en vigor o en ciernes y que Bruselas cifra en 100.000 millones de euros- y la definición de las fronteras entre el Ulster y Eire.

“Sólo si se logran suficientes progresos en estos terrenos se podrá atender la demanda británica de un tratado comercial” con la UE, señaló Barnier. A pesar de que Londres ya negocia, bajo palio, acuerdos de libre comercio con, al menos quince mercados. Desde Australia y China, hasta los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Israel, India y, por supuesto, EEUU, entre otros. Aspecto al que, hasta ahora, se ha opuesto tajantemente Bruselas hasta que no se selle la alianza europeo-británica en este terreno.

Pero, ¿cómo afectará este giro británico hacia el pragmatismo a los intereses españoles?  Un informe oficial del Gobierno español alertaba hace meses, cuando May invocó el artículo 50 del Tratado de la UE, de las notables posibilidades de un Brexit duro. Alternativa que se plasmó durante las semanas posteriores, en pleno éxtasis tory que condujo al adelanto electoral, con duros cruces de acusaciones desde las islas y las instituciones comunitarias, sobre los asuntos espinosos de la separación.

El análisis del equipo de Moncloa admitía caídas de varias décimas del PIB (hasta 4.000 millones de euros). En esencia, propiciadas por los descensos de las ventas al tercer socio comercial (sólo por detrás de Francia y Alemania); de los flujos de capital hacia el principal destino de la inversión hispana en 2016 -y quinto emisor hacia el mercado español- y de los turistas procedentes de las islas, el gran maná de la primera industria del país porque los británicos son los que más se gastan durante sus periplos vacacionales en suelo español.

Eso, sin contar con los cálculos que cifran en un aumento de casi 880 millones de euros la nueva aportación hispana al presupuesto de la UE por el abandono de la Pérfida Albión. A lo largo de unos ejercicios en los que las cuentas públicas españolas no parece que vayan a lograr la ansiada consolidación que exige Europa y en los que se liberarán de las arcas estatales cheques más cuantiosos, como el 2% del PIB que, cada año, ingresará de todos sus socios -incluida España- la Alianza Atlántica, en un futuro inminente.

Efectos sobre el comercio

William Chislett, analista del Real Instituto Elcano, cree que España “tiene buenas razones” para apostar por un Brexit suave y para esperar que, de consumarse en estos términos, se suceda un acuerdo bilateral amistoso que preserve la “magnitud” de los intereses mutuos entre Madrid y Londres. Los intercambios comerciales entre ambos mercados han florecido en los últimos años hasta superar los 30.200 millones de euros el pasado ejercicio. Más del doble que en 1995. Con significativos superávits favorables a España desde 2002. Sólo en 2016 este saldo rozó los 8.000 millones (19.153 de exportaciones, frente a 11.184 de compras de productos made in Britain), recuerda Chislett. El 7,5% de las ventas totales al exterior. Capitaneadas por la industria de la automoción y su sector de componentes, los alimentos, las bebidas y el tabaco.

“La salida del mercado interior y de la unión de consumidores europeo debe saldarse con otro tratado”, aclara. Y, en este punto, una “magnífica alternativa” para España sería la denominada opción noruega, país ajeno a la UE, pero miembro del Área Económica Europea (AEE), lo que le otorgaría el plácet del mercado interior a cambio de contribuciones al presupuesto y de dejar sin efecto las pretendidas restricciones británicas sobre inmigración. Si bien tampoco le restaría capacidad de negociación bilateral con Londres la salida suiza, de acuerdos bilaterales específicos. En especial si, a diferencia de la Confederación Helvética, y como parece querer, suscribe uno sobre libre tránsito de bienes y servicios, y otro sobre equivalencia regulatoria en materia financiera. Porque la carta del desacuerdo, de que Reino Unido navegue como miembro aislado de la OMC, podría complicar cualquier pacto bilateral.

Ante la incertidumbre sobre la dureza del Brexit, el presidente de CESCE y antiguo secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, afirmaba recientemente que “el seguro de crédito va a tener un papel protagonista indudable para reducir el riesgo comercial” con Reino Unido para “garantizar que los riesgos económicos no los sufran las empresas, sino que queden cubiertos de manera razonable”. A su juicio, los sectores más potencialmente vulnerables son los bienes de equipo, agroalimentación, automóvil, telecomunicaciones, inmobiliario, servicios financieros y turismo. El Gobierno estima las pérdidas exportadoras en unos 464 millones de euros anuales.

También en Crédito y Caución, que gestiona pólizas con cobertura a la exportación, se advierte de que la depreciación de la libra “empieza a debilitar el consumo” en una economía, la británica que resiste, hasta ahora, los envites, pero que no ha sido capaz de contener las insolvencias de las empresas, que crecieron el pasado año, el del referéndum, por primera vez desde 2011. Sus predicciones hablan de que repuntarán un 6% este ejercicio y otro 8% en 2018. Por efecto del Brexit y las dudas sobre su proceso negociador, lo que implicará un contagio de tres décimas en los impagos de firmas españolas, que están en un nivel medio de vulnerabilidad por la exposición a la economía británica.

Consecuencias en la inversión

Pero las repercusiones económicas no son exclusivamente comerciales. Las inversiones hispanas a Reino Unido dieron otro salto de calidad en 2016, hasta alcanzar los 8.600 millones de euros, el 36,7% del total y más del doble que los flujos colocados en 2015. Aunque lejos de los 15.509 millones de 2012 y de los sucesivos récords marcados en la década pasado con las adquisiciones de Santander, Sabadell, Telefónica, Ferrovial o Iberdrola o la fusión de IAG, el hólding de British Airways e Iberia. La seguridad jurídica de las grandes firmas españolas que, en total, presentan un valor de mercado superior a los 60.000 millones de euros, también debería prevalecer en un futuro acuerdo. Porque la aportación de beneficios al Santander de su filial británica ya supone el 20% del total de ingresos del banco, sólo un punto por debajo de sus sucursales en Brasil.

Al igual que en otros aspectos relevantes. Por ejemplo, el tributario. Una nota de Garrigues pasa revista a este asunto. El artículo 50 conmina al país que solicita la salida a negociar los aspectos legales del divorcio y otorga dos años de validez al acervo en vigor. De ahí la importancia de que, durante las conversaciones sobre comercio, se llegue a acuerdos específicos sobre competencia, ayudas estatales, procedimientos de extradición y fiscalidad. Porque todos ellos son relevantes a la hora de garantizar el principio de libre circulación de personas, capitales y mercancías. En el orden fiscal, un pacto bilateral con España no puede iniciarse hasta que no cristalicen el tratado con la UE. Porque hasta entonces “no se sabrá si será necesario incluir cláusulas de salvaguarda sobre normas impositivas británicas que podrían todavía seguir los dictados de las directivas de la UE”. Y está en funcionamiento desde 2013 un tratado bilateral para evitar la doble imposición y un acuerdo recíproco de inversiones.

Sin embargo, el despacho español recomienda imputar en un futuro pacto post-Brexit algunos puntos esenciales. Entre otros, la incorporación de exenciones fiscales por I+D+i a las empresas en caso de que el Reino Unido tampoco se incorpore a la AEE o el tratamiento de paraíso fiscal a Gibraltar. Y, en tributación personal -entre un amplio decálogo- que los pagos en diferido del IRPF para residentes españoles en la isla no lleven aparejadas sanciones.

El economista Nick Greenwood, autor de un estudio sobre el impacto del Brexit en España para el servicio de estudios de las antiguas cajas de ahorro (CECA), enfatiza el alto riesgo inversor de los sectores bancario, de telecomunicaciones, energético y constructor en un mercado que modificará su ordenamiento jurídico, por lo que reclama al sector privado español que se doten de planes de contingencia que les “concedan algún grado de aislamiento ante posibles shocks asociados al Brexit”.

De hecho, desde esta semana, la Cámara de los Comunes se mantendrá en estado de excepcionalidad, durante el tiempo que dure la negociación con Bruselas, para la que se contemplan dos años, con objeto de forjar un amplio consenso sobre la legislación europea que se conservará en su sistema regulatorio y las normas que, por el contrario, serán anuladas. Un mandato que implica atención plena a cualquier novedad acordada con la UE. Eso sí, una vez se configure el nuevo Gabinete May, porque la formación norirlandesa, llamada a ser su apoyo, aún no ha firmado el pacto de coalición. Es decir, que May habrá activado esta semana el plan negociador con Bruselas, y sus interlocutores, sin la conformación de un gobierno oficial.

Repercusión sobre el turismo

Otro cauce de impacto será el turismo. En dos frentes. El primero, por ser la nacionalidad más fiel a dedicar sus vacaciones en suelo español en los últimos años. Nada menos que 16,9 millones de turistas, de los 75,3 que visitaron España en 2016, eran británicos, que gastaron por encima de los 1.023 euros por turista de promedio. En total, más de 17.000 millones de euros, el 21% de los desembolsos, con crecimiento anuales del 10%.

El segundo, tiene que ver con el descenso de la libra desde el Brexit, de casi el 17% frente al euro y que merma el poder adquisitivo de los visitantes de las islas, con las dificultades para tramitar visados y con las dudas sobre los derechos de residentes británicos en España (casi 300.000, sólo por detrás de rumanos y marroquíes), aunque la cifra real salta más allá de los 800.000 si se contabilizan los que no están registrados y aquellos que tienen propiedad en España y viven la mitad del año en territorio español. Sólo en Alicante, residen 74.000 británicos y otros 50.000 en Málaga. “Muchos de ellos, del orden de 100.000 jubilados, con una elevada preocupación por saber si sus cuidados médicos les serán abonados en España cuando suceda el Brexit y que no son muy optimistas sobre la revalorización futura de sus pensiones”, explica Chislett. Ahora, estos servicios de atención médica están cubiertos por acuerdos recíprocos bajos las normas de la UE. Y los incrementos de pensiones no les repercuten a aquéllos que viven fuera del territorio comunitario, aclara el analista del Instituto Elcano. Otro foco de posible pérdida de residencias y de gastos familiares.

Pero este cóctel, además, podría perjudicar al mercado inmobiliario, con apenas dos ejercicios de recuperación tras la crisis y que tuvo como uno de los trampolines de su despegue a los clientes británicos, que compraron una cuota notable del voluminoso stock de viviendas que dejaron los activos tóxicos inmobiliarios de las entidades bancarias españolas. BBVA cree que esta amalgama de asuntos restará ya cuatro décimas a la economía española en 2017.

A vueltas con los residentes

El control de la inmigración, uno de los elementos que espolearon el voto favorable al Brexit en el referéndum de hace un año, ha sido el detonante de una guerra por los derechos ciudadanos de británicos residentes en Europa y de europeos que viven en la isla. Algo inimaginable dentro del espacio comunitario antes del Brexit. Pero un asunto nada baladí. Porque Reino Unido es el principal destino de inmigrantes españoles. Nada menos que el 14% de los que abandonan el país. Mientras que los británicos que pasan a residir en España crecen a dobles dígitos desde 2014, año en el que crecieron un 25%.

El asunto es de tal envergadura que, en Alemania, los británicos que adquirieron la nacionalidad germana en 2016 aumentaron un 361%. Hasta 2.865 británicos solicitaron oficialmente este trámite registral. Una anomalía, hasta ahora, para cualquier ciudadano de la Unión. En España, los británicos que han tramitado la opción de ser españoles también se ha disparado.

Una circunstancia que no impide que se quede en otro limbo la situación de los cerca de 11.000 estudiantes españoles que cursan sus estudios en universidades británicas; la práctica totalidad de ellos tienen que sufragar costes de matriculación locales como complemento a las tarifas que hayan acordado bajo acuerdos internacionales, y hacer frente, según los casos, a los créditos universitarios. “Otro de los frentes negociadores que España tiene que abrir con Reino Unido es en materia educativa, para salvaguardar los derechos de los estudiantes”, añade el analista del Elcano.

El rocoso problema de Gibraltar

La colonia británica vuelve a estar en el ojo del huracán. Ahora, a cuenta del Brexit. La opción de veto que los socios europeos han entregado a España sobre cualquier asunto que concierna a Gibraltar ha desatado la ira en Londres y en el Peñón. Boris Johnson, el jefe del Foreign Office, recordó a Madrid y Bruselas que “como siempre ha sucedido en la historia, el Reino Unido se mantendrá implacable, como una roca, en su apoyo a Gibraltar”. Al tiempo que Fabian Picardo, el primer ministro gibraltareño, calificaba la táctica española de “predadora” y “deplorable”. De bullying lo tildó el presidente de la Cámara de Comercio de Gibraltar, Christian Hernández.

Pero, más allá de las embestidas, los argumentos españoles son quizás, más sólidos que nunca en su labor reivindicativa del Peñón, cedida a Londres en 1713, en el Tratado de Utrecht. Entre otros, que el 96% de sus votantes se decantaron por permanecer en la UE. O que, igual que las negociaciones deben establecer las fronteras del Ulster, también debe contemplar estos límites exteriores de la Unión. Pero, sobre todo, porque la condición de territorio ajeno a Europa puede acabar con ciertos privilegios de este enclave de 30.000 habitantes, considerado paraíso fiscal por España y escenario de contrabando, que maneja un PIB de 1.710 millones de euros, lo que se traduce en una de las rentas per capita más altas del mundo.

El movimiento estratégico español, además, viene acompañado de una nueva petición para la instauración de la co-soberanía, una perita en dulce para el Peñón si desea mantenerse dentro de la estructura europea. “Estamos siendo muy generosos ofreciendo la soberanía compartida; pero dos no pueden bailar si uno no quiere”, explicó el jefe de la diplomacia española, Alfonso Dastis. El asunto, dice Chislett, no es que Gibraltar, si sigue en exclusiva de la mano de Londres, vaya a sufrir por la salida del mercado interior, ya que el 90% de sus negocios se realiza con su metrópoli.

Lo perjudicial para el Peñón es que su condición de territorio exterior dificultaría el tránsito de trabajadores (7.000 españoles y otros 5.000 de diferentes nacionalidades).

El ofrecimiento hispano lleva aparejada otra vieja propuesta, la del aeropuerto conjunto, que se pactó en los llamados Acuerdos de Córdoba en 2006: Gibraltar construiría una nueva terminal junto a la frontera; España construiría una entrada en el lado español y no vetaría la aplicación de los acuerdos de aviación europeos a Gibraltar. La terminal gibraltareña se construyó, pero el gobierno del PP no cumplió su parte del Acuerdo.