Los espías israelíes acusados por el Gobierno de Eslovenia de "injerencia" electoral tienen en Madrid su sede de la UE

Robert Golob se ha impuesto este domingo al candidato trumpista Janez Jansa (SDS) en las elecciones legislativas de Eslovenia. El Movimiento Libertad (GS, por sus siglas en esloveno) ha conseguido reunir el 28,6% de los votos. Pero, con este resultado, no tendrá mayoría progresista como durante la última legislatura. Golob no lo va a tener fácil para reeditar su Gobierno. El todavía primer ministro buscará un pacto con los socialdemócratas y con la coalición de izquierdas, como hizo en 2022, pero también tendrá que seducir al nuevo partido de centroderecha si quiere superar la barrera de los 46 asientos en la Asamblea Nacional.

La cita con las urnas no ha estado exenta de polémicas. La más reciente –y relevante-, posiblemente sea la que tiene que ver con las acusaciones de "injerencia extranjera". Golob ha señalado directamente a Israel. Lo hizo mediante un comunicado previo a la noche electoral, pero también a través de una carta que llegó a los altos mandos de la Unión Europea. "Esta injerencia (...) constituye una clara amenaza híbrida contra los países europeos, nos afecta negativamente o amenaza potencialmente nuestros valores, procedimientos y procesos políticos comunes", reza la misiva que recibieron tanto Ursula von der Leyen como António Costa. Eslovenia fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Palestina, como también hicieron España, Irlanda y Noruega.

"Estas amenazas no son un hecho aislado, como se desprende de las conclusiones del Consejo Europeo del 18 de diciembre de 2025, donde recordamos la importancia de reforzar la resiliencia democrática de Europa", continúa en su escrito el primer ministro esloveno. Golob no solo pone el foco en Israel, también apunta a una de las empresas de inteligencia con más recursos de Tel Aviv. "Black Cube está llevando a cabo vigilancia mercenaria como parte de una operación coordinada para manipular los procesos electorales eslovenos mediante la selección de figuras políticas a través de vigilancia ilegal y las denominadas operaciones de difamación (...). La empresa es conocida por sus campañas de difamación con un único objetivo: socavar la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos a través de la difusión de acusaciones de corrupción falsificadas en momentos cuidadosamente planificados", insiste el candidato europeísta. Público se ha puesto en contacto con Black Cube y le ha formulado una serie de preguntas al respecto, sin haber recibido ningún tipo de respuesta.

Black Cube, destino de hombres retirados del Mossad

Black Cube se presenta como una empresa líder en la "búsqueda de la verdad", con más de quince años de experiencia en la "demostración de sobornos, [casos de] corrupción, blanqueo de capitales y delitos de cuello blanco". La empresa echó a andar en 2011. El equipo inicial lo impulsó el exoficial de la inteligencia israelí Dan Zorella. Y lo integraron "veteranos de las unidades de inteligencia de la élite de Israel", tal y como reconoce la propia firma en su página web. El organigrama sigue repleto de antiguos miembros del Mossad, meca de los servicios de espionaje de Tel Aviv. Efraim Halevy, número uno del cuerpo entre 1998 y 2002, figura en el "consejo asesor internacional" de Black Cube. Meir Dagan, director del Mossad entre 2002 y 2011, también estuvo vinculado a la empresa hasta su fallecimiento, en marzo de 2016. El plantel de "asesores" lo completan excomisionados de la Policía de Tel Aviv, militares retirados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y antiguos generales del Ejército de Estados Unidos. 

La relación de los -sucesivos- gobiernos israelís con los espías acusados de interferir en las elecciones eslovenas no termina aquí. The Jerusalem Post publicó en agosto de 2019 un artículo en el que aseguraba que la empresa había sido "contratada por el Ministerio de Defensa" de Tel Aviv para desarrollar "proyectos de inteligencia" entre 2012 y 2014, "pese a que oficialmente solo trabaja en conflictos civiles". El medio asegura que estos "contratos" los llegaron a reconocer tanto las fuerzas armadas como los portavoces del Ejecutivo. "Los empleados [de Black Cube] fueron destinados a tiempo completo a una base de inteligencia de las FDI", reza la información del periódico de habla inglesa más leído de Israel. "La empresa se anuncia como una compañía que emplea a exagentes del Mossad (...) y los contrata para clientes privados (...)", continúa la investigación. 

Y más recientes son las acusaciones que lanzó hace dos veranos The Times of Israel. El ministro de Asuntos de la Diáspora del Gobierno de Benjamín Netanyahu, Amichai Chikli, habría mantenido un encuentro en junio de 2024 con Dan Zorella, CEO de Black Cube. ¿El motivo? Los periodistas del medio israelí apuntan a una "posible investigación" sobre Students for Justice in Palestine, uno de los movimientos más visibles en las protestas universitarias de Estados Unidos y Canadá contra el genocidio en la Franja de Gaza. The Times of Israel se remite en su artículo a un informe publicado por The Marker y sentencia: "Black Cube y el Ministerio de Asuntos de la Diáspora decidieron no llevar a cabo la investigación por miedo a que dañara las relaciones entre Israel y Estados Unidos". La empresa sacó entonces un comunicado en el que desmentía la información y aseguraba que "nunca" había "planteado actuar" contra "estudiantes o grupos de protesta política" en las universidades norteamericanas.

La cuarta pata de la empresa está en Madrid

Black Cube tiene cuatro sedes -al menos, identificadas- en todo el mundo. La matriz está en la vigesimosexta planta de uno de los edificios más altos de Tel Aviv. Y las tres filiales se distribuyen estratégicamente entre Singapur, Londres y Madrid. Esta última es -de hecho- la única oficina de la empresa israelí en toda la Unión Europea. Público también intentó contactar con la filial española, pero el equipo remitió al periódico directamente a su sede en Israel. Es una incógnita conocer el papel que jugó la oficina de Madrid en las supuestas "injerencias" en las elecciones de Eslovenia.

La empresa presume de actuar "siempre dentro de los límites de las leyes aplicables en cada jurisdicción", es decir, allí "donde realiza sus operaciones". Esta es la razón de ser del Código de Ética de Black Cube, una suerte de "guía" que se reduce a ocho puntos en los que los "agentes" se comprometen a seleccionar los encargos de manera "responsable", mantener la "máxima discreción y confidencialidad", respetar la legislación vigente en cada país y "evitar daños colaterales a cualquier persona involucrada" en sus investigaciones. Asa Kasher es quien firma esta batería de requisitos. La compañía lo presenta como "un académico de renombre internacional especializado en filosofía y ética". Kasher diseñó también el Código de Ética de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). 

Los "límites" legales de los que habla la empresa son en cualquier caso diferentes a los que contemplan Robert Golob y la UE. El Gobierno de Eslovenia aseguró en un comunicado reciente que sus servicios de inteligencia tenían "pruebas materiales de la visita de tres representantes de Black Cube -Giora Eiland, Liron Tzur y el propio CEO, Dan Zorella- a la sede del partido líder de la oposición", la extrema derecha del SDS. Los encuentros se remontarían al pasado mes de diciembre. El candidato de la formación, Janez Jansa, reconoció haberse visto con representantes de la empresa israelí, pero negó conocer Black Cube. "Nunca había oído hablar de la compañía", declaró el mandatario en un programa de la televisión eslovena Planet TV. 

Golob asegura en la carta remitida a Bruselas que los "comportamientos engañosos" a los que ha tenido que hacer frente durante la campaña no son "un hecho aislado". Y se remite a una declaración que hizo en su momento el Consejo Europeo. "Los dirigentes de la UE han destacado la importancia de reforzar la resiliencia democrática (...) luchando contra la desinformación y contra la manipulación de información y la injerencia por parte de agentes extranjeros", publicó el organismo tras la sesión del 18 de diciembre de 2025. Hungría y Rumanía sufrieron antes los efectos de la "amenaza híbrida" que suponen las "operaciones" de Black Cube, tal y como reivindica el primer ministro esloveno en su misiva a Ursula von der Leyen y António Costa.

La empresa participó en una campaña para desacreditar a más de un centenar de organizaciones y figuras vinculadas a George Soros, enemigo número uno del ultraderechista Viktor Orbán. Los hechos coincidieron con la precampaña de las elecciones húngaras de abril de 2018. "Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, agentes que utilizaban identidades falsas contactaron con distintas ONG de Hungría y personas vinculadas al empresario estadounidense-húngaro George Soros, grabándolas en secreto. Estas grabaciones (...) fueron utilizadas por el primer ministro Viktor Orbán para atacar a colectivos independientes de la sociedad civil durante los últimos días de la campaña. (...) Orbán obtuvo una victoria aplastante", recoge en una investigación Politico, primer medio en destapar los "ataques". Black Cube aseguró -también entonces- haber actuado en "pleno cumplimiento de la ley". Las organizaciones que participaron en estas reuniones aseguraron al periódico estadounidense que los interlocutores "utilizaron nombres falsos europeos y árabes" y "hablaban con un acento israelí claramente perceptible".

Black Cube volvió a intentar meter cabeza en las elecciones húngaras de 2022, utilizando técnicas de "espionaje" y una "campaña de vídeo encubierta" en LinkedIn para "atacar a periodistas y activistas" críticos con Viktor Orbán, tal y como confirmó la propia red social y recogió posteriormente Reuters. La extrema derecha volvió a vencer en las urnas con una "victoria aplastante". El último caso al que hace referencia el primer ministro esloveno -en la misiva- tiene su origen en Rumanía. Black Cube reconoció mediante un "acuerdo de culpabilidad" haber espiado e "intimidado" a la exfiscal jefe anticorrupción de Bucarest y actual jefa de la Fiscalía General de la UE, Laura Kovesi. La empresa presumió además de haber implementado "inmediatamente después" de esta polémica un "comité de incorporación de clientes" más estricto, tal y como señala en un artículo The Times of Israel. Black Cube también estuvo en el centro del debate por haber espiado a funcionarios de la administración Obama siguiendo órdenes de Trump. La empresa, eso sí, niega cualquier tipo de conexión política. Y sentencia: "Nuestros análisis están únicamente destinados a fines lícitos".