La Eurocámara aprueba hoy su blindaje de los secretos empresariales con el voto a favor de los socialistas
Partidos, sindicatos y organizaciones civiles han alertado de que la nueva directiva europea no protege a los filtradores y está pensada para las corporaciones. La delegación del PSOE no pedirá que se posponga la votación porque están de acuerdo con el texto, y anuncian que solicitarán otra normativa para mejorar la protección de los 'whistleblowers'
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@Alopezdemiguel
MADRID.- El foco mediático y la alerta de sindicatos, organizaciones civiles y otras fuerzas políticas hicieron mella en el grupo socialista en el Europarlamento, pero finalmente han decidido no forzar que se posponga la votación de la Directiva de Secretos Comerciales, que previsiblemente será aprobada este mismo jueves en Estrasburgo.
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Ramón Jáuregui: "Se ha marcado la excepción de los 'whistleblowers con rotunda claridad"
"A lo largo de siete meses de negociación el texto se ha ido mejorando", asegura a Público Ramón Jáuregui, eurodiputado del PSOE, que rechaza que la normativa, que incorpora una vaga definición del concepto "secreto comercial", vaya contra la libertad de expresión o información o deje sin protección a los whistleblowers, a los que considera absolutamente necesarios. "Se ha marcado la excepción con rotunda claridad", afirma el que fuera ministro de Presidencia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque también apostilla que durante la votación su grupo pedirá la creación de una directiva específica para proteger a los confidentes.
Una directiva "dictada por lobbies"
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La Directiva ha cosechado las críticas de varias fuerzas políticas, entre ellas Podemos, integrada en el GUE. En una nota de prensa remitida recientemente, el eurodiputado de la formación morada Miguel Urbán denuncia el peso de los lobbies en su redacción, y advierte de los riesgos que esto conlleva.
Kucharz: "Es un ataque directo al trabajo de periodistas y sus fuentes, 'whistleblowers', a la libertad de expresión y al derecho de acceso a información de interés público"
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"El problema surge del hecho de que una legislación que debería haber regulado la competencia leal entre las empresas se ha transformado - al calor de las exigencias de los lobbies empresariales europeos - en la regulación de un derecho general al secreto empresarial, que puede poner en riesgo tanto los derechos fundamentales de expresión e información como, precisamente por la restricción de estos, el interés público en general", afirma.