La Eurocámara quiere acabar con los privilegios

Ser eurodiputado puede ser un negocio muy rentable. Así lo denuncia un informe secreto redactado en 2006 por la auditoría de la Eurocámara, que apunta hacia un uso fraudulento del dinero de los contribuyentes en la contratación de asistentes parlamentarios.

Ayudantes que cobraban su sueldo sin siquiera disfrutar de una acreditación de la cámara, importes destinados a labores de secretaría que finalmente acabaron en guarderías propiedad de compañeros de partido o pagos a empresas que no se correspondían con las actividades que constan en sus cuentas. Son parte de los hallazgos del conocido como informe Galvin, cuya existencia se conoce desde el año pasado, pero que sólo ahora ha salido a la luz con detalles.

El texto señala un catálogo de prácticas fraudulentas que es la base del libro El gran timo europeo, que el mes que viene publicará la asociación británica Taxpayers Alliance (la Alianza de los Consumidores), donde se desgranan las instrucciones para ganar más de 900.000 euros en cinco años de mandato.

"Mientras la gente sufre en casa la recesión, muchos eurodiputados disfrutan del alto nivel de vida de Bruselas. El sistema es todavía tan generoso que pueden llegar a millonarios en tan sólo cinco años de trabajo", señala Matthew Elliott, máximo responsable de la organización.

"El informe es desequilibrado", asegura el jefe de prensa de la Eurocámara, Jaume Duch, que recuerda que el informe Galvin fue redactado "precisamente para corregir esas irregularidades". Los nuevos estatutos para los eurodiputados y asistentes entrarán en vigor tras las elecciones europeas en junio.

Así, la fijación del sueldo de los asistentes parlamentarios dejará de ser decisión libre de los diputados para ajustarse a unas tablas salariales fijas. El informe denuncia casos concretos de contratación de familiares o trabajos para el partido político nacional en vez de la actividad institucional a cargo de los 16.400 euros de dotación mensual para asistentes y contratación de servicios. La investigación halló que, en algunas ocasiones, los asistentes recibían primas y bonificaciones por valor de hasta 19 veces su salario.

Tras un intenso debate, la Eurocámara dejará de contratar a familiares directos como asistentes de sus señorías.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés), investiga a eurodiputados de la mayoría de países de la UE por los casos de fraude identificados en el informe Galvin.

Según fuentes de OLAF, que depende de la Comisión Europea, "los investigados pertenecen a todos los partidos políticos en 15 países donde creemos que pudo haber fraude". Los detalles y los nombres de los investigados, de momento, son confidenciales.